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Piden 74 años de prisión para jóvenes del 15M

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Jueves 16 de octubre de 2014 | Edición del día

Imagen aerea de Puerta del Sol, Madrid, durante los dias de auge del movimiento 15M, en octubre de 2011. Foto: Wikipedia

La Fiscalía pide en total 74 años de cárcel para catorce jóvenes que fueron detenidos durante la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por “Democracia Real Ya” y “Juventud sin futuro” y que originó el Movimiento de los “indignados” del 15M en el Estado español.

Los jóvenes detenidos durante los enfrentamientos con la policía al finalizar la manifestación están acusados por delito de desorden público, daños, resistencia, faltas, lesiones y atentado a agentes de la autoridad.

Aunque ninguno de los acusados tenía antecedentes penales, el Estado pide para diez de ellos seis años de prisión y para los cuatro restantes penas superiores a los dos años, la pena mínima para entrar en prisión sin antecedentes.

El movimiento de los indignados supuso el despertar a la política de miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores y otros sectores que se veían amenazados por los planes de ajuste y los costes de la crisis económica que aún hoy el Gobierno del PP sigue aplicando con dureza.

El fallo judicial, que llega más de tres años después del surgimiento del 15M, y que obliga a los imputados a entrar en prisión, es, como sostiene el abogado de los jóvenes, desproporcionado. Estas medidas son parte de una campaña represiva contra las libertades democráticas y que en los últimos años ha ido endureciéndose.

La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Consejo de Ministros del gobierno de Rajoy, es sin duda una de las medidas más contundentes para reprimir, perseguir y criminalizar las protestas que se han ido multiplicando y masificando desde el 2011.

No obstante, antes de la aprobación de la Ley, fueron muchos los jóvenes, sindicalistas y activistas, que como los catorce imputados del 15M ya venían siendo perseguidos por esta escalada represiva.

Penas de prisión e internamientos en régimen FIES -donde el preso recibe mayor control y vigilancia para obtener información-; prisión preventiva, sanciones económicas incosteables para la mayoría y palizas en comisaria o en plena calle, además de contundentes cargas policiales, manifestantes heridos de gravedad y cientos de detenidos es el saldo que hoy puede verse.

El gobierno sigue llevando adelante una campaña sistemática contra las libertades democráticas más esenciales como es el derecho a manifestarse.







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