Política Estado Español

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Piden 375 años de cárcel para los jóvenes de Alsasua (pero premian a genocidas)

El fiscal de la Audiencia nacional pide 50 años de cárcel para 7 procesados y 62 años para otro, atribuyéndoles delitos de “terrorismo”. Montajes y mentiras para criminalizar a la juventud vasca.

Josefina L. Martínez

Historiadora | Madrid

Miércoles 5 de julio | 10:35

José Perals, fiscal de la Audiencia Nacional, ha solicitado penas de 50 años de cárcel para Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, mientras que a Oihan Arnanz le quiere cargar 62,5 años de cárcel. Los delitos que les atribuye son “lesiones terroristas” para los primeros, a lo que se suma el cargo de “amenazas terroristas” para Arnanz. El mismo cargo se le endilga a Ainara Urkijo, para la que pide 12 años y medio de cárcel. Además, el fiscal exige que los procesados paguen una indemnización de 41.100 euros a los guardias civiles y sus parejas, que participaron de la trifulca. Desde el Ministerio Público, la acusación pide penas de entre 18 y 30 años y medio de cárcel, para los siete primeros acusados.

¿Cómo es posible que una trifulca de bar que termina con un guardia civil con un tobillo fracturado de lugar a semejante pedido de condenas de hasta 62 años para los procesados? Parece una locura, pero está ocurriendo.

Según informa el periódico Naiz, “el fiscal sostiene que la trifulca se enmarca en la campaña ‘Alde Hemendik’ contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía desplegados en Hego Euskal Herria y afirma que esta busca crear un clima de «miedo y rechazo» hacia ellos, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social».”

A poco de conocerse esta petición de la fiscalía, las redes sociales comenzaron a llenarse de denuncias contra la misma. Las madres y padres de los encausados, así como el movimiento de solidaridad con #Altsasu han convocado para este miércoles una rueda de prensa para denunciar las mentiras y la campaña de Audiencia Nacional.

Desde la plataforma Altsasu gurasoak, los últimos meses vienen denunciando “la existencia de un impulso extrajudicial para trasladar la instrucción a la Audiencia Nacional y establecer una tipificación penal ejemplarizante”. También señalan que la Audiencia Nacional vincula los hechos del 14 de octubre “con las iniciativas de denuncia de la asociación OSPA de Alsasua, y a continuación vincula las demandas de desmilitarización y de otro modelo policial con reivindicaciones tanto de organizaciones políticas como de la organización ETA”.

La amalgama y el montaje del relato criminalizador son insólitos: primero se transforma una trifulca de bar en “graves lesiones”, a continuación, éstas se vinculan con la campaña “Que se vayan”/”Fuera de aquí” contra la presencia de la guardia civil en la localidad, por último, se identifica esta campaña con la organización ETA, y el resultado es que atribuye a los procesados delitos por “lesiones terroristas”.

La vinculación de la campaña “Que se vayan” con ETA omite el hecho de que la demanda de que se retiren las fuerzas policiales y de la guardia civil del territorio vasco ha sido sostenida por otras fuerzas políticas legales en diferentes momentos históricos, incluyendo al EE, partido hermano del PSOE, como demuestra Jonathan Martínez en un extraordinario hilo de Twitter que se ha hecho viral en las últimas horas.

La enorme desproporcionalidad de las penas requeridas también ha sido denunciada por la plataforma de familiares, comparando con casos de agresiones a guardias civiles donde las lesiones han sido mucho mayores, y el pedido de condenas, extraordinariamente menores. A modo de ejemplo:

“Agresión a dos guardias civiles fuera de servicio en Benicassim. Lesiones: hospitalización por más de una semana por una fractura de varias partes de la cara y heridas en los párpados, lo que precisó de cirugía. Condena: 14 meses de prisión por un delito de lesiones con deformidad. Multas por falta de lesiones de 300 y 450 € y 90.000 € de indemnización.

Agresión a un Guardia Civil de servicio en Cáceres. Condena: un año de prisión, sustituible por una multa de 3.000 € por atentado a la autoridad, con la agravante de reincidencia.

Agresión a un Guardia Civil de servicio en Cáceres. Condena: un año de prisión, como atentado a la autoridad y una multa de 450 € y una indemnización de 300 €.”

También se denuncia las consideraciones incluidas en la nueva ley contra el terrorismo. Modificada en 2015 y que permite todo tipo de interpretaciones arbitrarias para ajustarse al afán criminalizador de los Tribunales y la Audiencia Nacional.

Todas las alegaciones presentadas por la defensa, los familiares y colectivos solidarios demuestran que el pedido de condena a los 8 de Altsasu representa un escandaloso montaje judicial con la intención de dar un castigo ejemplar a la juventud vasca.

Lo más grave es que esto sucede pocos días después de que, en una ceremonia transmitida por todos los medios, la corona española premiara con medalla de honor al genocida Martín Villa, responsable de la represión franquista. En la misma semana en que se cumplen dos años de la Ley Mordaza, que ha implicado la condena a más de 200.000 personas por supuestos delitos contra la autoridad.
En los próximos días están llamadas reuniones y acciones de solidaridad con los detenidos de Alsasua en todo el territorio del Estado español. Es necesario redoblar la lucha contra este atropello inaudito a las libertades democráticas y pedir la absolución para los detenidos de Alsasua.






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