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CRISIS POLÍTICA EN PERÚ

Perú: la victoria de la huelga docente y la crisis en el gobierno

La huelga de los docentes de Perú duró más de 60 días. Además de arrancar importantes reivindicaciones poniendo en tela de juicio los planes neoliberales del gobierno, acrecentó la crisis política.

Sábado 16 de septiembre | Edición del día

El pasado 02 de septiembre, el Comité Nacional de Lucha presidido por el docente Pedro Castillo, anunció públicamente que suspendían la Huelga Nacional Indefinida que este sector había iniciado el 12 de julio. Cabe mencionar que los docentes de la región Cusco iniciaron también una medida de fuerza similar el 15 de junio pasado, la cual fue levantada por intermediación del dirigente Ernesto Meza Tica el lunes 14 de agosto, cuando esta medida llevaba ya casi dos meses.

Esta acción de masas protagonizada por los docentes del nivel básico (inicial, primaria y secundaria) de todo el país, no solo puso en jaque al gobierno y su política neoliberal-represiva, sino también puso de manifiesto la bancarrota de la burocracia sindical de Patria Roja que hoy controla el CEN del SUTEP, así mismo, mostró los límites de la izquierda neo reformista y del estalinismo en sus diversas variantes.

Fue un triunfo de las bases

Aguantar casi 60 días en huelga indefinida con los salarios congelados y con amenazas de despido que iban acompañadas de una brutal campaña mediática de criminalización de la protesta social que pretendía asociar a los maestros en huelga con el terrorismo de Sendero Luminoso, no lo hace cualquiera. Sin embargo, los maestros de las diversas regiones del Perú lo hicieron y lograron con su persistencia y sus métodos de lucha – propios de la clase trabajadora – arrancarle al gobierno importantes reivindicaciones.

Como bien lo señala el especialista en temas educativos Sigfredo Chiroque Chunga, la Huelga Nacional de Docentes, acatada por más del 90% del magisterio nacional, logro: “poner en la agenda nacional el derecho a la educación pública, que se anticipe la concreción de la promesa de PPK de que un docente tenga un piso salarial de 2 mil soles (casi 700 dólares), que docentes contratados tengan también el beneficio del pago de compensación por tiempo de servicio y subsidio por luto y sepelio, la posibilidad de jubilación anticipada, que se ponga en agenda la previsión de incrementos salariales docentes al 2021 (esto significaría, de cumplirse el acuerdo, que la Remuneración Líquida del promedio de docentes, sean estos nombrados y contratados, pase de 1,860 soles - diciembre 2017 - a 3,760 soles - julio 2021), ha conseguido también precisiones en el pago de la deuda social, ha puesto en debate la llamada “evaluación de desempeños” (punta de lanza del neoliberalismo educativo), ha conseguido prever desayuno y almuerzo para estudiantes, ahora se permitirá la Intervención docente en la revisión del currículo, así como se ratifica el incremento del PBI para Educación a no menos del 6%”.

En líneas generales, podemos decir que la Huelga Nacional de Docentes ha servido para poner en tela de juicio el proyecto educativo neoliberal conservador que en el Perú se venía aplicando desde el gobierno de Alberto Fujimori y que el gobierno de Ollanta Humala, de la mano del ex congresista Daniel Mora, sistematizó y legalizó a través de la nueva ley de reforma magisterial aprobada el 22 de noviembre de 2012, la misma que recorta sustantivamente los derechos laborales de los docentes. Para que esta ley pueda pasar con relativa facilidad, el gobierno de ese entonces contó con el concurso siempre dócil y diligente de la burocracia sindical de patria roja que controlaba el Comité Ejecutivo Nacional CEN del SUTEP, quienes desde ese espacio boicotearon cualquier posibilidad de unidad y de lucha de los docentes.

El gobierno fue el gran perdedor

Lo primero que habría que señalar al hablar del gobierno, es que la huelga docente le costó un serio revés. Este se expresó en el descenso de la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski y en la sensación generalizada por parte de la ciudadanía, de que este conglomerado de ex funcionarios de grandes empresas privadas que fungían de ministros de estado, no tenían la pericia necesaria para encarar la dirección del estado, lo cual contrasta con la denominación de “gobierno de lujo” que la prensa pro empresarial les endilgó cuando iniciaron su mandato.

Pero este gobierno demostró no solo ser poco capaz, sino fundamentalmente continuista neoliberal en toda la línea y antidemocrático por esencia, ya que en todo el tiempo que duro la huelga se negó formalmente a dialogar directamente con la dirección mayoritaria de los docentes expresada en el Comité Nacional de Lucha, al cual no dudó en calificar, a través de su ministro del interior Carlos Basombrio, de ser correa de trasmisión del terrorismo senderista.

Lo más llamativo de esta situación se dio cuando la ministra de educación Marilú Martens, presionada por la contundencia de la huelga, se vio obligada a aceptar abrir diálogo con los miembros del Comité de Lucha, sin embargo, este diálogo nunca fue directo ya que se dio a través de algunos congresistas que hicieron las veces de intermediarios. La ministra justificó esta situación aduciendo que ella no se podía reunir directamente con sectores violentistas que carecían del reconocimiento legal. Mientras esto ocurría en el ministerio de educación, el ministro del interior Carlos Basombrio acudía al congreso a presentar un largo informe plagado de imprecisiones y de excesos que tenía por objetivo despertar el miedo en la población haciéndoles creer que los docentes en huelga eran la expresión del renacer terrorista. No lo logró. Lo que sí logro fue abrir una brutal represión policial contra los miles de docentes que se movilizaban en Lima y en todo el país, lo que terminó costando la vida de los profesores Ángel Retuerto Quintanilla y José Félix Salazar Núñez, a la que se sumó una larga lista de heridos por perforación de perdigones e impacto de bombas lacrimógenas.

La Huelga Docente, por su cuestionamiento a la pésima gestión de la ministra de educación Marilú Martens, terminó también condicionando su interpelación en el Congreso de la República, la cual, a la postre le costó la cabeza a todo el gabinete ministerial encabezado por el premier Fernando Zavala, con lo cual, la crisis del gobierno se acrecienta.

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Patria Roja y sus métodos también fueron derrotados

Esta organización política de la izquierda peruana que proviene del estalinismo-maoísmo, se caracteriza por sus recurrentes traiciones para con las demandas del magisterio. Por esa razón, hoy por hoy, los docentes han dejado de creerle y le han perdido el respeto a esta casta burocrática, que desde finales de los 70 controla la dirección del gremio docente y desde mediados de los 80 – con el aval del estado y los diferentes gobiernos – goza del usufructo de un fondo previsional de docentes llamado Derrama Magisterial que les reporta millones de dólares anuales, lo cual les ha permitido mantener su organización política en el tiempo a pesar de su seria y profunda deslegitimación social.

La dirección del CEN del SUTEP es controlada en su totalidad por militantes de Patria Roja, quienes se valen de maniobras poco transparentes y antidemocráticas – mal llamadas centralismo democrático -, donde prima la filiación partidaria antes que la representación real, para elegir a los “dirigentes” de los docentes. Y es a nombre de esta falsa representación, la misma que está amparada por la ley burguesa, que este partido ha venido negociando con los diversos gobiernos y entregando sistemáticamente las luchas docentes.

Fue contra estas prácticas que los maestros también se levantaron en la pasada Huelga Nacional Indefinida y lo hicieron apelando a la acción directa y a la democracia obrera. Por esa razón y para romper en la práctica con el funesto legado de Patria Roja, los acuerdos que los dirigentes del Comité de Lucha debían llevar a las mesas de negociación con el gobierno, se deliberaban con la participación de todos los maestros hasta altas horas de la noche - e incluso de la madrugada - en la Plaza San Martin, la misma que se terminó convirtiendo en un centro de ebullición política que sirvió como punto de partida y de llegada de las multitudinarias movilizaciones que los docentes, provenientes de diversas regiones del país, realizaban todos los días por el centro de Lima para presionar al gobierno.

A raíz de ese hecho, Pedro Castillo y el resto de dirigentes que eventualmente les toco dirigir este proceso de lucha, en todo momento se vieron obligados a contar con el aval de sus representados. A ello se debió que en dos oportunidades las actas preliminares, que los dirigentes habían consensuado con el ejecutivo, terminaron siendo rechazadas por la asamblea de bases y la huelga debió continuar. Esto es un indicador positivo que nos muestra que algo está cambiando en la subjetividad de los docentes.

De hecho, la Huelga Docente ha servido para dar vida a un dinámico y plural movimiento de docentes que se sostiene en los Sindicatos de Trabajadores de la Educación de las regiones del interior del país, de Lima metropolitana y Lima provincias, donde los elementos articuladores tienen que ver con el rechazo a patria roja, a sus prácticas antidemocráticas y la necesidad de luchar por mejores salarios, más presupuesto para la educación y contra las evaluaciones punitivas. Es a partir de este hecho de la realidad concreta, que se tendría que ir construyendo el nuevo sindicato nacional de docentes bajo la premisa de un docente un voto. De no darse esto, la posibilidad que el movimiento se diluya o que de vida a una nueva burocracia tan pérfida como la de patria, es probable.

El verdadero papel de Sendero Luminoso

La prensa pro empresarial, así como la derecha en sus diversas variantes y un sector de la izquierda, al no tener una respuesta coherente que les permita explicar el significado de la Huelga Docente, no tuvieron mejor idea que achacarle su responsabilidad a los remanentes de Sendero Luminoso, que se organizan en torno al MOVADEF, al FUDEP o a proseguir. Esto ha puesto una vez más sobre el tapete la necesidad de discutir sobre el significado de Sendero hoy.

Como gran parte de la izquierda peruana de los setenta, Sendero Luminoso se reclamaba marxista-leninista-maoísta. Sostenía que la sociedad peruana era semi feudal y semi colonial y por tanto las clases sociales llamadas a hacer la revolución, para ellos, eran cuatro: los campesinos, los intelectuales, la burguesía nacional y el proletariado. Siguiendo la experiencia China, consideraban que la revolución se daría del campo a la ciudad a través de la guerra popular prolongada, la cual estaría dirigida por un partido altamente centralizado y militarizado expresado en lo que ellos llamaban: “la sabia dirección” o “pensamiento Gonzalo”.

En 1980, en el poblado de Chuschi, inician su experiencia armada, la cual duro hasta 1992 cuando Abimael Guzmán (alias “presidente Gonzalo”), su máximo dirigente, cayó preso y pactó con el gobierno de Alberto Fujimori a través de lo que hoy se conoce como el acuerdo de paz, que entre otras cosas, llevo a que Guzmán y lo que quedaba del comité central de Sendero, terminen haciendo campaña por la fraudulenta constituyente impuesta por Fujimori y Montesinos que sirvió para legalizar la constitución de 1993 de corte neoliberal, la cual hasta hoy en día rige la vida de los peruanos y ha permitido el saqueo nacional y la liquidación de los derechos laborales favoreciendo al gran capital imperialista y a los empresarios nacionales.

Sendero Luminoso y su estrategia etapista y militarista ajena a la clase obrera y a sus formas de lucha, así como su concepción mesiánica – diametralmente opuesta al marxismo revolucionario que dio vida a la revolución Rusa de 1917 y a lo mejor de la tradición revolucionaria del siglo XX - fueron derrotadas categóricamente en la década del 90, por eso hoy la línea fundamental de los seguidores de Abimael Guzmán pasa por pelear por la amnistía general y la reconciliación nacional, lo cual implica la libertad, no solo de sus dirigentes, sino también de Fujimori, Montesinos, los grupos paramilitares como el grupo colina y otros militares con los cuales comparten la responsabilidad por los más de 70 mil muertos que costo el conflicto interno de los años 80.

La máxima aspiración de Sendero Luminoso hoy, es que les permitan asimilarse a la democracia burguesa y no precisamente para destruirla, sino más bien para desde ahí buscar la libertad de sus dirigentes, a los cuales consideran imprescindibles e insustituibles. Para cumplir esa tarea crearon al MOVADEF y ahora al FUDEP. Esa es la política central que llevan a los sectores sociales donde tienen presencia, dentro de ellos el movimiento magisterial, seguramente para hacer presión a fin de que el gobierno de turno y los políticos cedan a sus demandas por la legalización.

Mientras tanto, el sector autodenominado Proseguir, que según fuentes periodísticas y policiales tendría presencia en la selva peruana y que en su momento cuestiono el acuerdo de paz firmado por Abimael Guzmán con Fujimori, en la práctica, se ha convertido en el brazo armado de las bandas de narcotraficantes que operan en esa zona.

No son pues un peligro real para el sistema ya que no buscan su transformación, sin embargo, por su pasado terrorista, le son muy útiles a gobiernos conservadores como el de PPK, ya que su presencia en el seno de la clase trabajadora y del pueblo les ayuda a justificar la represión y la criminalización de la protesta social, como claramente lo expreso el ministro Basombrio. A burocracias como las de Patria Roja o del PCP-Unidad, la presencia real o ficticia de Sendero Luminoso también les es útil ya que de esa manera descalifican cualquier opción que pueda surgir por izquierda y que ponga en peligro su hegemonía y su política de colaboración con la patronal y el estado.

El hecho de no creer en la clase obrera ni en sus formas de lucha, llevó a que en la Huelga Docente, los sectores vinculados a Sendero jamás se dieran una política para unir, en torno a esta lucha, a otros sectores de la clase trabajadora como el resto de trabajadores del sector público que padecen - al igual que los docentes - las evaluaciones punitivas impuestas por la ley SERVIR.

La izquierda neo reformista mostró sus límites

Las organizaciones más representativas del neo reformismo peruano son el grupo encabezado por Verónika Mendoza llamado Nuevo Perú y el sector dirigido por el ex sacerdote Marco Arana denominado Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad.

El Nuevo Perú de Verónika Mendoza, que mando votar por PPK en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales bajo el argumento de que este representaba la democracia y el mal menor con el cual había que cerrarle el paso al fujimorismo, en lo que va del mandato de Pedro Pablo Kuczynski se ha convertido en su pata izquierda, perdiendo así el protagonismo ganado en la primera vuelta presidencial del 2016 que los llevó a sacar casi 3 millones de votos, lo que les permitió meter 20 congresistas.

A ello se debe que no hayan podido empalmar con las diversas acciones de masas que hasta el momento han confrontado al gobierno de turno, como la lucha de los docentes, a la cual jamás acompaño Verónika Mendoza, ni siquiera cuando se encontraba en su región (Cusco) y los docentes realizaban sendas movilizaciones que eran brutalmente reprimidas por la policía.

Las diferencias, más de forma que de contenido, del Nuevo Perú con el gobierno de PPK, se manifestaron con claridad cuando se pronunciaron a favor de la evaluación punitiva, que es el mecanismo legal para que miles de profesores pierdan su condición de trabajadores estables. En un documento oficial plantean la necesidad de una “evaluación formativa pertinente” que no hace más que barnizar lo establecido en el artículo 23 de la nefasta ley de reforma magisterial que establece que “Si (los profesores) desaprueban la segunda evaluación extraordinaria son retirados de la Carrera Pública Magisterial”. Debido a esa actitud conciliadora con la política del gobierno, Enrique Rodríguez Fretel, dirigente nacional del Movimiento Por la Gran Transformación - organización componente del Nuevo Perú y hermana del MST argentino - fue echado, literalmente, a patadas de la plaza San Martin por los docentes en huelga.

El grupo de Marco Arana, en esta oportunidad, tuvo mejores reflejos ya que a través de sus congresistas, acompañó a los docentes en sus diversas movilizaciones por el centro de Lima, incluso algunos de sus parlamentarios fueron reprimidos por la policía. En la etapa final de la lucha, se convirtieron en la bisagra entre los docentes en lucha y el parlamento. Sin embargo, por su política reformista que prioriza lo institucional a la acción directa de los trabajadores, cuando se rompió el diálogo entre el ejecutivo y el comité de lucha, que ellos venían promoviendo como intermediarios junto a otros grupos políticos, prefirieron quedarse junto al grupo parlamentario encabezado por el aprista Del Castillo que pasó a denunciar a los docentes y su lucha como responsables que el diálogo se haya truncado, cuando en realidad la responsabilidad de esto recayó directamente en la ministra Marilú Martens y el ministro del interior Carlos Basombrio, quienes en todo momento buscaron que el diálogo fracase.

La falsa oposición fujimorista

Durante el desarrollo de la Huelga, el fujimorismo - desde su núcleo parlamentario - trató de mostrarse como la oposición al gobierno y como aliado de los docentes, con los cuales se tomó fotos y los trato de asistir en todo momento para que puedan ingresar al legislativo a plantear su plataforma de lucha.

Sin embargo, ese mismo sector parlamentario fue el que el año pasado, junto a los congresistas del oficialismo, aprobaron la reducción del presupuesto al sector educación que ha generado que este año los profesores sigan padeciendo sueldos de hambre y que la educación mantenga un presupuesto ínfimo que nos condena a ser uno de los países con los peores servicios educativos del continente. Los fujimoristas también contribuyeron, con su venia, a que el ejecutivo reduzca la presión tributaria a los grandes empresarios a través de la reducción del impuesto a la renta de 30% a 28%, lo cual ha generado que se reduzca la capacidad de gasto del estado, siendo con ello la educación y la salud los sectores más perjudicados.

No podemos olvidar que fue durante el gobierno de Alberto Fujimori, que se iniciaron en el Perú las llamadas políticas de ajuste estructural que beneficiaron notablemente la acumulación capitalista en desmedro de la clase trabajadora y el pueblo. Fue precisamente Fujimori, quien desde el estado empezó a implementar diversas iniciativas de reforma educativa siguiendo las recetas del Consenso de Washington impulsadas a través de organismos como el Banco Mundial, que llevaron a la promoción de la privatización de la educación, su abandono presupuestal y el predominio de conceptos adoptados del mercado que buscaban estandarizar la formación de los estudiantes y acabar con la estabilidad laboral de los docentes. Por esa razón, cuando la dinámica de la Huelga Docente puso sobre la mesa la necesidad de derogar el artículo 23 de la ley de reforma magisterial que, vía la evaluación docente, promueve los despidos masivos, fueron los fujimoristas quienes junto al gobierno, el resto de la derecha y un sector del neo reformismo terminaron oponiéndose categóricamente.

Sin embargo, por su peso en el parlamento (71 parlamentarios de 120), fueron los que mejor capitalizaron superestructuralmente la crisis del ejecutivo generada por la huelga docente, ya que terminaron imponiendo la censura a la ministra de educación que, por la torpeza del gobierno, terminó derribando a todo el gabinete ministerial, con lo cual se hunde más la gestión de PPK. No es la preocupación por la educación lo que mueve al fujimorismo, ni su identificación con el magisterio, sino más bien la necesidad populista de mostrarse como oposición al caótico gobierno de Kuczynski que ya empieza a hastiar al pueblo, para de esa manera llegar a palacio en las próximas elecciones del 2021 o antes y de paso presionar al ejecutivo y al poder judicial para que no se investigue a su lideresa Keiko Fujimori quien, al parecer por lo que muestran recientes investigaciones, también estaría involucrada en la corrupción generada por la empresa brasileña Odebrecht.

Por una salida de fondo

La Huelga Docente junto a las luchas mineras desarrolladas este año, fueron las expresiones más resaltantes de la conflictividad social que se vive en el Perú, la cual tiene en la clase trabajadora a un protagonista de primer orden. El telón de fondo es la crisis internacional abierta el 2008, la cual termina condicionando a gobiernos cipayos como el de Kuczynski para que seamos los trabajadores y el pueblo quienes nos terminemos haciendo cargo de sus consecuencias.

Queda develada así la entraña conservadora del gobierno, por tanto, se desbaratan las tesis de aquellos sectores que en las elecciones presidenciales pasadas mandaron votar por PPK aduciendo que este representaba la democracia y el respeto al estado de derecho. ¿Qué democracia puede ser aquella que no tiene la capacidad ni la voluntad de dialogar con los miles docentes en huelga que representan más del 90% de magisterio peruano? ¿Qué estado de derecho puede ser aquel que responde con insultos, perdigones y bombas lacrimógenas ante las demandas por más presupuesto para la educación, más salarios y el respeto a la estabilidad laboral? Solo una democracia para ricos y un estado de derecho reglamentado por una constitución como la de 1993, que fue hecha por la dictadura fujimorista, justificaría esta situación. Esa es, en realidad, la democracia y el estado de derecho en que se sostiene el gobierno de Kuczynski.

Para acabar con todo esto, es necesario que estas valiosas acciones llevadas adelante, en esta oportunidad, por los docentes, no se den de manera aislada como hasta ahora. Ello no nos permitirá derrotar los planes del ejecutivo, de los capitalistas y del fujimorismo. Hace falta golpear de manera unificada. Para avanzar en ese sentido, debemos dar vida a una instancia nacional que nos permita a los trabajadores y al pueblo elaborar un plan de lucha para golpear de manera conjunta a través de un Paro Nacional. Así mismo, debemos pelear por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos posibilite acabar de una vez por toda con la constitución fujimorista de 1993 y con las leyes que flexibilizan y precarizan el trabajo. Esta Asamblea Constituyente también deberá tener como objetivo atacar la corrupción de raíz y poner en el centro las demandas obreras y populares, con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.






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