Juventud

REPRESIÓN

Penas de cárcel y multas de miles de euros por rehabilitar un pueblo abandonado

Los seis jóvenes que repoblaron la aldea abandonada de Fraguas, en la sierra de Guadalajara, son condenados a año y medio de cárcel y 2.700€ cada uno como costes de demolición del pueblo.

Lunes 11 de junio | 18:20

El pueblo de Fraguas fue abandonado en 1968, como tantos otros núcleos de población que quedarían vacíos por todo el territorio por la emigración de todos sus habitantes a mediados del siglo XX, cuando los planes de concentraciones de parcelas entre otros planes económicos del franquismo forzaron a emigrar a millones de personas, especialmente de las zonas rurales a las ciudades y a países europeos y americanos.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara lanza una sentencia que reafirma la despoblación de estas zonas y condena por un delito contra la ordenación del territorio a los 6 jóvenes que desde hace 5 años venían reconstruyendo y rehabilitando el pueblo abandonado de Fraguas. Desde la Fiscalía se considera como prueba de los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio las tareas de reconstrucción de edificios sobre las ruinas.

La petición inicial de la Junta de Comunidades de 4 años y 4 meses para cada uno de los acusados de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte, aunque finalmente las condenas son de año y medio de cárcel, al dejar de pedir el delito de daños contra el medio ambiente y 2160€ en concepto de gastos de demolición de la aldea y 540€ por delito de usurpación, lo que hace un total de multas por 16.200€.

Más de 73.000 firmas apoyaron a los procesados pidiendo su absolución y la repoblación de Fraguas entregadas en la Junta de Guadajara, sin embargo el tribunal ha condenado a estos jóvenes en otro caso más que viene mostrando la cara más represiva del Estado Español.

Este caso se enmarca en el contexto en el que han sido condenados los jóvenes de Alsasua, como parte de una ofensiva represiva, contra las libertades democráticas y la libertad de expresión que avanza en el Estado español: periodistas denunciados, tuiteros presos, raperos exiliados para no entrar en prisión, además de los presos políticos catalanes o el caso de Alfon o más recientemente el dirigente del SAT, Fran Molero.

Mientras jueces y fiscales miran para otro lado o usan la vara blanda para políticos corruptos, empresarios y banqueros que de forma sobradamente probada malversaban fondos públicos y un sinfín de tropelías, aplican toda su dureza y parcialidad contra quienes rehabilitan pueblos, artistas, titiriteros, raperos, periodistas, twitteros, activistas o sindicalistas, en un intento por silenciar las críticas a este régimen y el sistema que defiende. Así es la justicia heredada directamente de franquismo. Una justicia de clase al servicio de los ricos y poderosos.






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