Sociedad

IGLESIA Y ABUSOS SEXUALES

Pedofilia: el Arzobispado de Paraná presiona, pero el cura Ilarraz vuelve a declarar

Mientras en el entorno de las víctimas denuncian “llamados” disuasivos desde el palacio del Parque Urquiza y, también, la actitud dilatoria de la jueza, Justo José Ilarraz fue citado a una nueva indagatoria para el 24 de junio. El ejercicio de informar en tiempos de cólera eclesiástica.

Julián Maradeo

Periodista

Martes 2 de junio de 2015 | Edición del día

Llamativamente poco antes de la feria judicial, la jueza Paola Firpo se despachó con una batería de medidas en la causa caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”. Primero, citó nuevamente al único acusado, el cura Justo José Ilarraz, para el 24 de junio a las 10 de la mañana; segundo, solicitó fecha para la pericia psicológica al sacerdote; tercero, fijó audiencias para el 26 de junio con el objeto de recibir declaraciones testimoniales; y, cuarto, dispuso una pericia caligráfica y el reconocimiento de prueba documental.

En el entorno de las víctimas sostienen que la nueva indagatoria, a dos semanas de inicio del receso invernal en el mundo judicial de Entre Ríos -que será entre el 13 y el 24 de julio-, es un paso más en la estrategia dilatoria que viene ejecutando con maestría Firpo. La querella cuestiona esta estratagema de la jueza desde que, en momentos en que tenía que definir si lo procesaba o no, cedió a todos los pedidos de Ilarraz, como cuando presentó como prueba, a fines de abril, cartas de exseminaristas y, después, pidió ser citado otra vez. Firpo se lo concedió un mes y medio después. La querella la acusa de revictimizar a los denunciantes.

A la vez, en medio de una guerra silenciosa entre jueces adictos a la Iglesia y la Procuración provincial, a la que los primeros tildan de anticlerical, pasaron casi desapercibidos los argumentos de Jorge Carubia, integrante del Superior Tribunal de Justicia y único vocal de la Sala Penal que sugirió que debía correr la prescripción.

Otrora socio del ex gobernador Jorge Busti, ahora alfil massista y aliado de los defensores de los carapintadas, Carubia echó mano a una teoría muy particular para justificar la condena social que pesa sobre Ilarraz: “(…) es dable recordar el permanente despliegue mediático –no despojado de tendencia– que ha concitado esta causa desde su génesis y hasta la actualidad, siendo motivo de numerosas y permanentes publicaciones de gran impacto emocional”. Idéntica lectura tiene la jueza, quien guarda cautelosamente todo lo que se publica al respecto. De aquí que la entrañable amistad entre Carubia y Firpo, ambos enfrentados con el procurador Jorge García -quien, en 2012, inició de oficio la causa-, no sea un elemento a desdeñar.

Paralelamente, algunos sacerdotes reconocieron ante las víctimas que recibieron llamados telefónicos del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puíggari, poco antes de declarar. Uno de ellos les relató: “El obispo me llamó anoche para decirme qué era lo que tenía que contarle a la jueza”.

“Mejor, no meterse con los curas”

El periodista Ricardo Leguizamón es uno de los pocos -poquísimos- que se anima a ir a contracorriente del influyente Arzobispado de Paraná. En un ejercicio de necesaria valentía, el autor de “Karlic, las dos vidas del cardenal” narró cómo es hacer periodismo en una sociedad en la que los designios de la curia la penetran hasta el tuétano: “Hablar de la Iglesia Católica en Entre Ríos implica inmiscuirse con un poder en las sombras que apoya sus cuatro patas en todos los poderes del Estado. Y ésta no es una mera definición vacía de contenido.

La Iglesia, a pesar de la declarada división entre clero y Estado, tiene la potestad de digitar qué funcionario ubica el gobierno de turno al frente de la Dirección de Educación Privada, y en las últimas dos décadas, ha logrado, primero, voltear una ley de educación sexual y, después, acomodar los contenidos de la norma que finalmente se consiguió ‘consensuar’.

Es corriente, en Entre Ríos, que los candidatos con más chances de cara a una elección de peso corran a fotografiarse con el obispo, con quien jamás osan hablar de temas espinosos, inconvenientes: siempre tendrán un discurso previsible, acomodaticio, sin ningún punto de fricción.

‘Mejor, no meterse con los curas’, es una máxima que suele cumplirse a rajatablas. Y en los medios, esa máxima se respeta, siempre.

Hurgar en asuntos que tienen que ver con la Iglesia obliga a los periodistas a manejarse con suma cautela, porque siempre estará por delante el recorte, la ‘edición’ del título o directamente el ‘cajoneo’ de la nota.

Tengo más de veinte años de profesión, y nunca termino de aprender, ni de sorprenderme de lo que sucede con el tratamiento periodístico de temas eclesiásticos en los medios de la provincia.

Creo que debo ser uno de los pocos que sigue la agenda de la Iglesia, que conoce el entramado interno, pero aún así el contexto, las empresas en las que trabajo y los editores que he tenido ponen un constante freno periodístico. Aunque hubo honrosas excepciones, claro.

En los medios de Entre Ríos no hay, en casi ningún medio, editores profesionales, periodistas adiestrados en el oficio que estén al frente de una redacción. Me ha tocado ver publicadas en el diario en el que escribo cartas furibundas escritas contra mí por lectores ultracatólicos, molestos cuando abordé el asunto de las misas en latín que solían dar en la delegación local de la UCA.

Pero creo que la condena mayor ocurrió cuando escribí sobre el cura Alberto González Guerrico, un cruzado que ahora recaló en San Rafael, Mendoza, y fue el mascarón de proa de la Iglesia que prohibió en Entre Ríos que en los 90 se difundiera un video hecho por el Programa Nacional de Lucha contra el Sida.

Pasa así: ningún ‘editor’ se hace cargo de lo que te publica; te haces cargo vos, es el consejo que siempre he escuchado.

La prueba de fuego fue el caso Ilarraz: desde 2012 hasta ahora escribí innumerables notas sobre el gravísimo caso de abuso sexual de menores dentro del Seminario. El caso mostró varias aristas: que la Iglesia supo de los hechos desde el primer momento, que no lo denunció y por eso mismo incurrió en encubrimiento.

Pude escribir sobre todo eso, hasta que un director me dijo, un poco con diplomacia, que debía dejar el tema de lado. ‘Tendrías que escribir sobre otra cosa’, me dijo, y yo supe que era una orden de silencio.

Acaté el ostracismo, hasta que creí conveniente avanzar, porque nada más desprestigiado que el rol de director de diarios en Entre Ríos.

Un segundo director, directamente, no me dijo nada. Simplemente planchó una nota, y me llegó este mensaje de una jefa de redacción. ‘El director decidió que tu nota no salía. Después te explica’.

Eso paso hace dos meses.

Nunca me explicó. Nunca pedí explicaciones. Sabía de qué se trataba. En Entre Ríos, los medios son un apéndice del gobierno de turno, y esa tendencia se hizo evidente desde 2010 en adelante.

El Gobierno no quiere tener líos con la Iglesia, y por eso mismo, los medios no deben meterse en ese y otros asuntos que molestan.

Con la Iglesia siempre habrá un límite claro: ése que pone el censor de turno, y vaya uno a saber con qué criterio.”







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