Géneros y Sexualidades

BRECHA SALARIAL

Paridad salarial PRO: una burla hacia las mujeres

El oficialismo presentó un proyecto de ley de “igualdad de género y paridad salarial” con el que con tres capítulos pretende zanjar un tema mucho más complejo como la brecha salarial de género.

Lucía Ruiz

@LucuRuiz

Martes 6 de marzo | Edición del día

El proyecto de sólo tres capítulos, al que accedió La Izquierda Diario, fue presentado por el diputado del PRO, Martín Medina, cercano al cuestionado ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se limita a realizar modificaciones cosméticas a la Ley de Contrato de Trabajo, sin constituir ningún nuevo derecho a la igualdad salarial por igual trabajo, ya presente en la Constitución Nacional, en acuerdos y en tratados internacionales.

En su primer capítulo modifica los artículos 172 y 173 del Contrato de Trabajo, estableciendo que “queda garantizada la igualdad de género en todos los aspectos de la vida laboral. Los hombres y las mujeres tendrán iguales derechos en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo o evolución en la carrera, y a su participación y representación en la empresa".

El artículo continúa "los contratos individuales, las convenciones colectivas de trabajo y las reglamentaciones autorizadas no podrán establecer ningún tipo de discriminación en el empleo, fundada en el género o en el estado civil de quienes trabajan".

Este artículo reemplaza uno anterior en una prosa un poco más ordenada y “políticamente correcta” en relación a aquel texto de la época de la dictadura, pero no agrega ningún nuevo derecho. Es decir, reescribe el derecho actual a trabajar en iguales condiciones sin ningún tipo de discriminación y a cobrar un salario equivalente por una tarea equivalente, sin importar género o estado civil.

A continuación, el proyecto agrega un artículo 173 de “paridad salarial estricta” que, con un nombre rimbombante, no hace otra cosa que habilitar a la trabajadora a conocer cuánto gana su compañero de trabajo para saber si está siendo estafada con un menor salario por igual tarea, caso contrario…. el ministerio de Trabajo le avisará al empleador que debe regularizar esa situación, caso contrario… nada. Ninguna sanción, ninguna multa, ningún proceso. Es decir, ninguna protección real de ese derecho “estricto”.

Vale recordar que la existencia de diferenciales salariales por igual tarea son casos caso ya generalizados en muchos ámbitos de trabajo, incluyendo el Estado, cuestión que atraviesa géneros y nacionalidades. El propio Ministerio de Trabajo, que debería regular dichas situaciones, posee relaciones salariales encubiertas, en donde por ejemplo trabajadores monotributistas cobran menos que su compañero de oficina en planta permanente o con los contratados. Esta situación no es nueva sino que es una “herencia” de la cual el macrismo no sólo no se queja, sino que hace uso y provecho.

Claramente, la brecha salarial no ocurre por desconocimiento de parte de los trabajadores de cuáles son los salarios que perciben y cuáles son sus derechos, sino por una situación de desventaja frente a los empleadores, para los cuales este proyecto no propone nada.

Pero además, la opresión a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, no solo en el laboral –los femicidios como el estadío más violento de una cadena de violencias- hace que las trabajadoras estén mucho más desprotegidas material y socialmente frente a los empleadores para hacer valer sus derechos, eso explica que en muchos casos conformen comisiones de mujeres en los trabajos y en los lugares de estudio para fortalecerse en sus reclamos.

Evidentemente se requiere un cambio más profundo y radical de la sociedad que lejos está de provenir de un gobierno que, como lo mostró con sucesivos recortes de fondos al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tiene una preocupación bastante pobre por las problemáticas que aquejan a millones de mujeres.

Por último, el proyecto propone crear un “Registro Nacional de Empresas y Organizaciones con Paridad Salarial” que no establece sanción alguna a los empleadores que infrinjan la ley, sino una inscripción obligatoria para empresas de más de 200 empleados, y voluntaria para las de menos de 200 empleados. Es registro que quedará muy bien en un portal web de acceso público, pero que no tiene ningún tipo de consecuencia real en la vida de millones de mujeres que se encuentran trabajando en la más profunda precariedad.

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El problema de la brecha salarial entre mujeres y varones es mucho más complejo que una reformulación de dos artículos de ley. Es un problema tan arraigado a la explotación capitalista y a la opresión patriarcal funcional a la primera que requiere un tratamiento y una seriedad mucho más profundas que lo que el macrismo está dispuesto a hacer.

En primer lugar, porque es evidente que las variadas condonaciones al empresariado que han sido aprobadas en los últimos años - blanqueos por doquier-, la baja fiscalización y la escasa voluntad de atacar realmente el fraude laboral, dejan vía libre a las patronales para encontrar las formas de esconder relaciones laborales, diferenciar salarios y hasta evadir responsabilidades que se cobran la vida y la salud de obreros todos los días.

En segundo lugar, porque el problema de las diferencias salariales no tienen que ver solamente, ni principalmente, con inequidades o injusticias ante tareas iguales, sino que se explican fundamentalmente porque la mayoría de las ramas de actividad predominantemente femenina son precisamente las que presentan las peores condiciones laborales, la mayor informalidad y los salarios más bajos.

La igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Una cuestión compleja a la que no se le puede dar solución con modificaciones de forma en las normas ya existentes.

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