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#ParaQueNoTePase: la movilización y el discurso punitivo

La convocatoria de hoy aglutina a familiares de víctimas de la Masacre de Once, femicidios y de la llamada “inseguridad”, entre otras cosas. La reminiscencia a las marchas de Blumberg en 2004.

Juana Galarraga

@Juana_Galarraga

Martes 11 de octubre | Edición del día

Hoy a las 18 h tendrá lugar la concentración frente al Congreso Nacional, convocada bajo la consigna “Para que no te pase”. Familiares de víctimas fallecidas en episodios violentos de diversas características, llaman a participar de la jornada contra “la inseguridad, la injusticia y la impunidad”.

“Mano dura no, justicia justa es lo que uno pide como familiar”, sostuvo Noemí Miralles, una de las organizadoras, en una entrevista realizada en la TV Pública. Las organizaciones y personas convocantes, como bien se comprende en el testimonio de Miralles, intentan diferenciar su reclamo del que solicita más mano dura, salida típicamente invocada ante las denuncias contra la llamada inseguridad.

Sin embargo, la jornada de hoy podría ser utilizada por el Gobierno de Cambiemos para legitimar su política de fortalecimiento del aparato represivo. La avanzada en materia de “seguridad”, la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires, el arribo de fuerzas federales a territorio bonaerense y el destino de millones en presupuesto para pertrechar a las fuerzas represivas de todo el país, no tienen otro objetivo que el de más mano dura, precisamente.

"Estamos trabajando, por eso apoyamos a las víctimas y a esta marcha para que todos tomemos conciencia: los jueces, los fiscales, los diputados, los funcionarios y la gente en general, que se comprometan a darle esta mirada al sistema penal más acorde con la necesidad de la sociedad de vivir en paz", afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones a radio Mitre. El funcionario salió a apoyar la convocatoria en nombre del Gobierno. Por su parte, uno de los principales organizadores, Matías Bagnato, se encargó de aclarar que la medida “no es contra el Gobierno”.

El oficialismo ha encontrado en las empresas de medios hegemónicas, grandes aliadas para instalar la campaña contra la “inseguridad” y por más mano dura. Sin embargo, todo el relato y bombardeo mediático con el fin de legitimar la militarización, fundamentalmente, de los barrios pobres, se vio entorpecido con un hecho que trascendió hace poco. La denuncia de los jóvenes miembros de la agrupación La Garganta Poderosa, quienes fueron detenidos ilegalmente y torturados en un “operativo” en el que intervinieron efectivos de la policía Metropolitana y de la Prefectura en la villa 21-24, dejó ver a las claras el objetivo de las tropas de todas las fuerzas que patrullan las calles.

Sin dudas, la política de Cambiemos apunta a la persecución de los sectores más vulnerables, el control social y la criminalización de la pobreza. La concentración de hoy hace eje en el accionar de la Justicia, más que en la cantidad de fuerza represiva desplegada en las calles, aunque con el mismo objetivo de combatir la llamada inseguridad. #ParaQueNoTePase no le viene nada mal al Gobierno, ya que con una “propuesta” de otro cariz, perfectamente puede servir como abono para su política represiva.

¿Para que no te pase qué?

La principal característica de la convocatoria #Para que no te pase, es su difusa “amplitud”. Abarca desde víctimas de crímenes sociales de gran envergadura, hasta el reclamo de las víctimas del pequeño delito. En esta convocatoria no hay diferenciación alguna entre una situación de robo, un femicidio, el atropello de un auto y la corrupción del Estado. La idea puede interpelar a cualquiera que haya perdido “un ser querido”. Sin bien del dolor tras una pérdida es totalmente legítimo en cualquier caso, lo que es necesario determinar son las diferentes responsabilidades y entre otras cosas, los niveles de involucramiento del Estado.

En la manifestación se encontrarán familiares de víctimas de la Masacre de Once, crimen social que se cobró 51 vidas a causa de la desidia de funcionarios del Estado y empresarios, quienes pusieron por delante sus negociados frente al cuidado de la vida de los pasajeros y su derecho a un transporte seguro y digno. Otra de las convocantes más reconocidas es la hermana del periodista asesinado José Luis Cabezas, víctima en este caso de las mafias policiales al servicio de un empresario corrupto. También estará presente el reclamo del papá de Paulina Lebbos, la joven tucumana en cuyo femicidio se encuentran involucrados hombres del “clan Alperóvich” que gobernó la provincia durante décadas.

Estos hechos que dan cuenta de la articulación entre el Estado, los empresarios y las mafias policiales que garantizan el gran delito, son puestos en la convocatoria de hoy, al mismo nivel que el delito que es producto de la crisis social. El Estado en estos casos es responsable de las circunstancias por las que miles son excluidos y empujados a la criminalidad. Después es el que vuelve y arremete sobre esos miles con su política represiva y los convierte en chivos expiatorios de todos los males que aquejan a la sociedad.

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Puerta giratoria y otros mitos

“Garantismo no tiene que confundirse con abolicionismo. Pedimos garantismo en la Justicia, pero no sólo para los delincuentes", subrayó Bagnato. “Queremos el garantismo para todos, como debe ser”, afirmó por su parte en declaraciones a la TV Púbica, Roberto Almeida y aclaró que “para que no te pase tiene que ver con eso, ni mano dura, ni queremos la pena de muerte, somos por la vida”.

La convocatoria a la jornada de hoy toma como reclamos consignas que tienen directamente que ver con el accionar judicial: contra “la puerta giratoria”, contra el incumplimiento de las condenas y por el cumplimiento de las leyes. Como bien señalaron periodistas de la TV Pública en una entrevista a los organizadores Almeida y Miralles, la última movilización con estas características fue la impulsada por Juan Carlos Blumberg en 2004.

En aquel entonces, el objetivo era lograr el endurecimiento de las penas, cosa que se obtuvo gracias a la votación de un paquete con el aval y el impulso del “progresismo” kirchnerista. La percepción tanto de los periodistas como de los entrevistados, es que desde entonces “no cambió nada”. Sin embargo hay algunos datos que demuestran que para algunos sectores las cosas cambiaron en un sentido.

Según el criminólogo Mariano Gutiérrez, “el sistema penal condena de un 2 a un 4 por ciento de los delitos que detecta. Ese número habitual no cambia con las leyes Blumberg, que lo que favorecen es una mayor tasa de encarcelamiento preventivo”. Estas declaraciones fueron realizadas en 2014, al cumplirse diez años de aquel paquete de mano dura.

Recientemente se conoció el Informe estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación a la CIDH. Dicho documento sostiene que “a diciembre de 2013 los detenidos con prisión preventiva en el conjunto de las cárceles de la Argentina constituían el 49,6% de los presos, mientras que en las estadísticas de SNEEP 2014 el porcentaje de presos preventivos había aumentado en un punto, hasta el 50,6%. No hay datos disponibles a nivel nacional posteriores a diciembre de 2014. (…) Ello además sucede en el marco de un fuerte incremento del total de personas privadas de libertad en las cárceles argentinas”.

En el ámbito federal, el 50% de los procesados lo están por delitos no violentos, con pena en expectativa que por lo general no supera los 5 años de prisión, detalla el informe. Mientras la convocatoria del día de hoy pone el grito en el cielo por la supuesta puerta giratoria, según la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en la provincia de Buenos Aires había 18 mil presos en 2002. Para 2014 la cifra ascendía a 31 mil. Por otro lado, mientras se instala la exigencia de que “las penas se cumplan”, lo que permiten ver los números es que el sistema penal alberga en todo el país a miles que se encuentran tras las rejas sin condena y un sector inclusive encuentra la muerte en prisión, sin haberse determinado su culpabilidad o inocencia. Todo esto, en un contexto de encierro inhumano y plagado de vejaciones y torturas, tal como demostró el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, titulado “El sistema de la crueldad”.

Este punto amerita recordar el caso del carnicero de Zárate que atropelló y mató a un joven contra un poste de luz. Ante este caso medios y Gobierno aplaudieron su liberación para que esperara el juicio en su casa y no con prisión preventiva.

El apoyo explícito que el Gobierno le dio a la movilización, así como las declaraciones de varios de sus referentes apuntan a fortalecer en punitivismo contra el pequeño delito, fortaleciendo a los aparatos que justamente son los organizadores del gran delito. Hay que atacar a esas fuerzas descompuestas del Estado y sus sostenes políticos y judiciales, como una cuestión elemental para avanzar en la pelea contra la impunidad.




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