Géneros y Sexualidades

SANTIAGO MALDONADO

“Para saber dónde te encierro”

Tras la marcha del 1 de septiembre, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, varias detenidas denunciaron a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas, por violencia machista. Entrevistamos a la abogada Lilen Reyes, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Miércoles 13 de septiembre | Edición del día

El pasado 1° de septiembre, tras la masiva manifestación en Plaza de Mayo, convocada para exigir al gobierno nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado, treinta y un personas fueron arbitrariamente detenidas y trasladadas a distintas comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Diez de ellas eran mujeres jóvenes, y sufrieron particularmente el acoso y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad y la justicia.

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La Izquierda Diario habló con Lilén Reyes, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.Dh), quien fue parte de la delegación que acompañó recientemente las denuncias ante Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), donde se prestaron declaración sobre estos hechos.

LID: Una de las denuncias que surgen de las declaraciones de los detenidos y detenidas en la marcha es el particular ensañamiento de la policía y la justicia contra las mujeres detenidas y el uso de la violencia sexual para hostigar y amedrentar a mujeres y varones. Contanos en qué estado se encuentra la causa y en qué hechos se apoya esta denuncia que llevaron ante la Procuvin.

LR: Actualmente la causa se encuentra con secreto de sumario y sabemos que el fiscal solicitó medidas de prueba. Por otro lado, quienes fueron víctimas de la represión están llevando sus denuncias a la Procuvin, que luego deberá iniciar la investigación. Entre ellos hay detenidos y personas que no lo fueron pero sufrieron la violencia institucional.

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Uno de los aspectos que destacan en sus denuncias es el del maltrato y el hostigamiento que sufrieron particularmente las mujeres detenidas. Hay diversos hechos que dan cuenta de esto: desde los comentarios que cuestionaban su asistencia a una manifestación, con dichos del tipo “jodete por no respetar el orden”, a la violación permanente de su privacidad, con revisiones médicas de las mujeres completamente desnudas y a puertas abiertas, y llegando al extremo de que una de las detenidas fue filmada en esa revisión. Otra de las denunciantes nos contaba que dos agentes la hicieron desnudarse en la celda dos veces en el transcurso de la primera noche, y que antes de que la viera un médico le exigieron que se agache y abra las piernas. Esa misma joven estuvo más de veinticuatro horas sin que conozcamos su paradero porque su nombre estuvo mal registrado en las listas de detenidos, a pesar que el proceso de identificación fue realizado en varias oportunidades, incluso excesivas, porque las despertaban durante la noche para volver a pedirles, una y otra vez, todos los datos. Esto mismo sucedió con otra de las chicas, e impidió a sus familiares y amigos conocer su paradero y acompañarlas en su defensa.

También los detenidos sufrieron hostigamientos y violencia sexual en las Comisarías. Y ese maltrato se repitió cuando fueron trasladados y trasladadas a Comodoro Py. A las mujeres les dijeron que primero pasarían todos los varones a ver a sus abogados y luego ellas, sometiéndolas a horas de incertidumbre, y a todos les preguntaron insistentemente sobre su orientación sexual. Una de las detenidas contaba que ante su pedido de explicación, le contestaron que era “para saber a dónde te encierro”.

Lo que muestra todo esto es que este modus operandi, que no es nuevo, estaba dirigido a humillar, someter y amedrentar a quienes estaban detenidos y detenidas, al mismo tiempo que tenía como fin dar un mensaje disciplinador a quienes luchan por la aparición de Santiago.

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LID: Varias de las detenidas tras la movilización por ‘Ni Una Menos’ del pasado 8 de marzo, Día internacional de las mujeres, durante la razzia que dirigió la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, denunciaron haber sufrido un trato similar, con hostigamientos, violencia y maltrato de todo tipo. ¿Hay alguna otra similitud que se destaque en las detenciones del 1° de septiembre?

LR: Si. Estuvieron en las mismas comisarías que las personas detenidas tras el 8M. Y allí también el gobierno buscaba desviar el foco de la atención de las masivas movilizaciones que sucedían en esos días con una brutal represión y razzia, con decenas de detenidas y detenidos por policías de civil que luego fueron incomunicadas, igual que sucedió el 1° de septiembre. En aquella oportunidad la Procuvin emitió un informe en el que explicó que fueron sometidas a requisas que son ilegales en las cárceles desde 1984, como exponer a las personas a desnudez total, obligarlas a agacharse para revisarlas o agredirlas verbalmente.

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Desde el Ceprodh denunciamos en reiteradas oportunidades a las fuerzas represivas del Estado, que están repletas de agentes que cumplieron funciones durante la ultima dictadura cívico-militar. Y también denunciamos que las fuerzas represivas del Estado están para defender a cualquier costo este régimen social y los intereses de los empresarios, como Benetton, Lewis y tantos otros, que cuentan con la colaboración de los gobierno de turno, tanto a nivel nacional como local, y de las instituciones del Estado, como la justicia, que les garantiza impunidad. Lo vemos en Chubut, en Santa Cruz, en Formosa, en la provincia de Buenos Aires. Como dice nuestra compañera Myriam Bregman, que fue abogada defensora de Jorge Julio López, hay que ver quién encubre para ver a quién protege.

LID: ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta denuncia?

Las mujeres que estuvieron detenidas, ya sea las que habían participado de la manifestación en Plaza de Mayo, como las que no, están dispuestas a denunciar la situación que vivieron. Algunas ya asistieron a la Procuvin. Ese es un paso importantísimo contra ese intento de amedrentamiento que quisieron imponer, y creemos que hay que volver a dar ese mensaje en las calles, con una nueva y gran movilización el próximo 18 de septiembre, en un nuevo aniversario, el número once, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Tenemos el gran desafío de volver a dar un mensaje contundente a todo el poder político, al gobierno y a las instituciones del Estado, repleta de genocidas que siguen en funciones: no vamos a parar hasta saber dónde están y hasta dar con los responsables materiales y políticos de su desaparición.






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