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Panamá: miles de trabajadores de periódicos amenazados por la “Lista Clinton”

En días recientes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reconsiderar la negativa de extensión de las licencias a los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá que consideran significaría un ataque contra la libertad de prensa en Panamá.

Martes 25 de julio | Edición del día

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negó recientemente extender licencias especiales para el Grupo Editorial El Siglo (GESE) y su periódico La Estrella de Panamá tras su vencimiento, mismos que habían sido otorgados de manera consecutiva –la última venció el pasado 13 de julio– amenazando la existencia de los medios.

Las operaciones de los diarios se vieron afectadas desde el 5 de mayo de 2016, cuando la OFAC incluyó al principal propietario de grupo GESE, Abdul Waked, en la llamada “Lista Clinton” por actividades aparentemente ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, donde figura la relación de la familia del accionista con los Panama Papers.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, director y gerente general de Deseret Digital Media, Salt Lake City, Utah, de Estados Unidos y el presidente la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director de La Silla Rota, Ciudad de México, enviaron una misiva al secretario del Tesoro, Steven Terner Mnuchin, y al director de la OFAC del Departamento del Tesoro, John E. Smith, en la que se expresa la consternación por la necesidad de frenar la media que según afirman constituye una amenaza contra el derecho a ejercer la libertad de prensa, por lo que llaman a resolver a la brevedad la situación de los diarios.

¿Qué es la “Lista Clinton” de Estados Unidos?

Cabe señalar que la llamada “Lista Clinton” (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) o “lista negra” de los Estados Unidos, sanciona a empresas y personas vinculadas a relaciones ilícitas. Pueden afrontar penas de hasta 30 años de prisión y multas superiores a los 5 millones de dólares para personas naturales y hasta 10 millones de dólares para personas jurídicas.

Fue creada desde 1995 por el gobierno de Bill Clinton como parte de su política exterior contra su “guerra contra el narcotráfico” y lavado de activos. La actual lista cuanta con una actualización en mayo de 2016 y una extensión de más de 900 páginas.

Pero muy a pesar de los fines con los que se anunció la creación de dicho organismo estadounidense, sus inicios estuvieron fuertemente cuestionados por la opinión pública internacional. A mediados de 2014 más de 200 empresas vinculadas al cártel de Cali salieron de la “Lista Clinton”, siendo el propio gobierno de Estados Unidos, quien le puso punto final a uno de los casos más emblemáticos en la “lucha financiera contra el poder del narcotráfico” en Colombia. Se estima que el jugoso negocio entre el clan narcotraficante y las “justicias” estadounidenses y colombiana les trajo un beneficio de más de 2,100 millones de dólares como parte de ingresos de negocios ilegales.

Problemática en contexto

Hasta el momento diferentes organizaciones periodísticas se han pronunciado para rechazar la medida y pedir al gobierno interceda la medida estadounidense. El Consejo Nacional de Periodismo condenó el hecho de que la OFAC no renovara la licencia a GESE. “Consideramos que esta arbitraria acción constituye una violación al Estado de derecho, principio fundamental de la democracia de Estados Unidos que como consecuencia afecta la pluralidad informativa y por lo tanto la libertad de expresión y de prensa de Panamá”, señalaron en un comunicado.

Por su parte, el gobierno de Juan Carlos Varela indicó en un boletín de prensa que el “el futuro de los dos periódicos continúa en manos de sus actuales propietarios, por lo que confía en que estos tomen las medidas para preservar la operación y los empleos en esas empresas, como ocurrió en los casos de Mawa Enterprises, Felix B. Maduro, Soho Mall y recientemente en Balboa Bank.

La pasividad como respuesta por parte del gobierno de Varela, no es casualidad. Fue en abril de 2016 cuando salía a la luz pública uno de los escándalos fiscales más grandes conocido como ‘Panamá Papers’ y cuya información arrojó cerca de 11,5 millones de documentos internos del poderoso bufete de abogados Mossack Fonseca, la mayor firma panameña creadora de sociedades fantasma en paraísos fiscales de todo el mundo.

¿Qué intereses defender?

El mini bloqueo que se ha impuesto contra el grupo GESE ya se ha expresado con la cancelación de la póliza de los seguros a colaboradores, en cancelaciones de pautas publicitarias, reducción de tiraje y cancelación total de tiraje en fines de semana, además del anuncio de que VISA y MasterCard no brindará más sus servicios en puntos de venta. El diario La Jornada califica esta medida como “resultado de una disposición que no es parte de la legislación panameña, sino estadounidense, es un mini bloqueo extraterritorial”.

Mientras el proceso continúa, y Waked busca encontrar alguna vía de mejor negociación con la OFAC, es necesario abrazar las iniciativas que encuentren un reanimamiento contra la política exterior norteamericana, sin embargo hay que alertar que nada bueno se puede esperar ni del gobierno de Varela ni del principal accionista de GESE, cuya familia se encuentra implicada en los ’Panamá Papers’ y que tiene claramente como objetivos el de proteger sus millonarias ganancias y no la seguridad de los miles de trabajadores que hoy se encuentran en la incertidumbre por esta situación.

Mientras el grupo Waked cuenta con acciones libres de impuestos en el aeropuerto panameño, maneja operaciones en 14 países, cuenta con 133 tiendas y hay otras ocho empresas que aparecen ligadas a ellos en la “Lista Clinton”, se calcula que se pueden perder en Panamá hasta 4 mil empleos y 6 mil en todos los países donde mantienen operaciones comerciales.

Por lo anterior, la salida vendrá de rechazar de manera independiente y por medio de la movilización cualquier injerencia estadounidense que atente contra los derechos y libertades del pueblo panameño, y que ahora plantea la tarea de defender los derechos de miles de trabajadores del grupo GESE.






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