Política

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

PROrrepresión: el juez Torres insta al Gobierno a realizar un protocolo contra las protestas

El juez federal Sergio Torres pide que haya un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, tras las jornadas del 14 y 18 de diciembre.

Alan Gerónimo

@Gero_chamorro

Miércoles 24 de enero | 11:32

El juez federal Sergio Torres pide la creación de un protocolo, esta vez, no solo antipiquetes, si no, antiprotesta social, tras lo sucedido el 14 y el 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos luego de la escandalosa reforma previsional impulsada por el Gobierno de Cambiemos.

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El juez Torres estuvo a cargo de la prisión preventiva de Cesar Arakaki y Dimas Ponce, luego liberados por las reiteradas movilizaciones y campañas mediáticas realizadas por un amplio arco de organizaciones políticas, de derechos humanos y sindicales,pero a pesar de la libertad conseguida, el juez continua con el procesamiento de los militantes del Partido Obrero. Además, realiza una evaluación criminal de la masiva movilización obrera y popular del 18 de diciembre, lanzando un duro ataque contra las organizaciones que participaron de ella. Sin dudas, un grave antecedente en cuanto a la criminalización de la protesta social.

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Asimismo también procesó a dos policías que atacaron brutalmente a dos personas que eran transeúntes y nada tenían que ver con la movilización.

En uno de los procesamientos Torres pidió que el Estado Nacional implemente un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones.

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El juez señaló que "los graves sucesos que dan contexto a este sumario, han puesto en evidencia que se carece de un procedimiento o proceso de respuesta que los prevenga o enfrente”.

Además agregó que: “No se habla de medios que obstruyan el libre ejercicio del derecho de protesta vigente en todo Estado que se pretenda democrático, y que respete los derechos humanos internacionalmente reconocidos; sino de recursos que impidan conductas que, manipulando ese concreto derecho, desenlacen en distintos actos que no pueden sino ser calificados como delictivos”.

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"En este contexto, entiende el suscripto necesario promover la adopción de los recaudos que puedan resultar útiles en torno del asunto. Presentándose indispensable instar al Gobierno Nacional y local –en sus esferas Ejecutiva y Legislativa-, para que siguiendo los lineamientos internacionales, procedan al dictado de toda normativa por la que se articulen aquellos derechos que entran en juego, en el marco de una protesta social, y se proceda a su cumplimiento; lo que importará, en definitiva, garantizar de igual forma los derechos que corresponden al manifestante, al personal policial como a terceros ajenos tales como periodistas, comerciantes y transeúntes, etc. Y así, entonces, impulsar un abordaje interdisciplinario, con multiplicidad de factores incidentes; entendiendo que todas las agencias del Estado que tengan que ver con el tema directamente involucrado, y que puedan dar un aporte válido, deben intervenir frente al caso en concreto, sea ya desde la apertura de reuniones de trabajo que permitan orientar hacia una solución a la problemática sometida a protesta; como en el correr de una crisis surgida en el contexto de la misma, en pos de aportar a la mejor y más pronta solución, con respeto, insisto, del derecho de todos los actores que quedan involucrados necesariamente –protestantes, fuerzas de seguridad y los terceros ajenos-.”, continua en su fallo el juez Torres.

Dentro de este párrafo hay varios factores que se interponen entre sí ¿Las fuerzas de “seguridad” están en igualdad de condiciones que los manifestantes y periodistas? La respuesta es simplemente: No.

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El aparato coercitivo del Estado se encuentra en las manifestaciones justamente para actuar rápida y “eficazmente”, suspendiendo de manera violenta la manifestación por la cual justamente esa fuerza se encuentra presente, con el uso de armas de fuego, palos y corrosivos químicos (lease gas lacrimógeno, gas pimienta, etc) que producen un gran daño a la salud de los manifestantes. Además las fuerzas represivas se encuentran también vestidos con pertrechos resistentes. En cambio los manifestantes y los periodistas, no. Así lo demostró la cantidad de manifestantes con perdidas de ojo, periodistas lesionados por postas de goma en amplias partes de cuerpo y hasta pedradas en la cabeza por parte de la Policía de la Ciudad.

El letrado sabe muy bien estas cosas pero igualmente sugiere al Estado un “plan” estatal de tres puntos:

1) Adoptar de los criterios de cómo el aparato estatal actuará frente a un reclamo social. Quienes o qué organismos han de ser interlocutores válidos, y con qué nivel de negociación; acorde con la provisión de los recursos humanos y materiales más propicios para ellos.

La atención primaria de la temática en que se ha de sustentar toda protesta desde las órbitas atinentes a la materia de que se trate, -y no ya exclusivamente desde el ámbito de las fuerzas de seguridad-, a través de la generación de puntos de encuentro que permitan la atención o visibilización del reclamo social, se presenta lógicamente como un disipador de conflictos, que logra dos aspectos cruciales: "disminuir al máximo el tiempo de cada protesta" y "reducir al máximo las situaciones de violencia".

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“Disminuir al máximo el tiempo de cada protesta” y “reducir al máximo las situaciones de violencia” se contraponen. La fuerzas del Estado están preparadas para actuar con la máxima velocidad empleando toda violencia posible, para muestra solo hace falta un botón, el 14 y 18 de diciembre, cientos fueron golpeados en los pocos minutos que fue desalojada la plaza, atropellaron ancianos, le pasaron por arriba con la moto a un cartonero que nada tenía que ver y se le suma la cantidad de “engarronados” que hasta el día de hoy siguen privados de su libertad por las actuaciones del aparato represivo del Estado. Y sin contar que el juez Torres al decir “reducir al máximo la violencia” entre líneas avala la violencia estatal.

2) En segundo plano, delinear la formación dinámica y regular de las fuerzas de seguridad que han de acompañar todo proceso, basada en lo que se define como un "paradigma democrático de la seguridad ciudadana", por el que se propenda al resguardo de la integridad física de los manifestantes, más sin perder de vista la protección de terceros ajenos y de los propios agentes que toman intervención, debiendo tenerse en cuenta al respecto los parámetros de Naciones Unidas en su compilación de los principales estándares sobre la temática.

Debe agregarse, aunque no debería ser necesario, que los policías son trabajadores cuyos derechos también deben ser protegidos para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en términos de equipamiento, selección, formación, descanso y alimentación.

A modo de síntesis, comprender que la actuación homogénea y en tiempo oportuno –conforme el propio aporte-, de parte de todos los poderes del Estado en la composición de los conflictos sociales con respeto, reitero, de los derechos de todos, es lo que demostrará en definitiva la fortaleza democrática del Estado.

Argentina es el segundo país con mas cantidad de Policías por cantidad de habitantes, el primer Estado con mayor cantidad de Policías es el Vaticano, pero si se cuentan las fuerzas de seguridad interior (Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Local, etc.) el Estado Argentino supera con creces al Vaticano. Decir que: “que los policías son trabajadores cuyos derechos también deben ser protegidos para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en términos de equipamiento, selección, formación, descanso y alimentación”, es una mentira por parte del juez Torres. Hace ya mucho tiempo se viene invirtiendo cantidades exorbitantes de dinero para equipamiento policial, la ultima compra fue la de 15 millones de balas de goma y 4000 gases lacrimógenos ¿Cuánto mas tienen que estar resguardas las fuerzas? Lo que intenta decir Torres es que el poder de fuego de las fuerzas de seguridad, en ultima instancia, es lo que le garantiza a estos mismos estar “protegidas”.

3) Finalmente, remarco que las medidas a implementarse deben atender especialmente a resguardar los derechos que le asisten a terceros ajenos tales como periodistas, comerciantes y demás trabajadores, como así también transeúntes, para generar un marco que también les permita a éstos continuar desarrollando sus actividades al margen de la protesta que se lleva a cabo, es decir, conculcar las prerrogativas de todos en sociedad.

Se vio en las redes sociales como la Policía Federal atacó a mansalva a cualquiera que estaba por el Congreso y sus inmediaciones. Pero lo mas preocupante de todo es que se tenga que poner en un protocolo que las fuerzas de seguridad no tienen por qué actuar contra terceros ¿acaso no lo sabían? Si no lo saben todo este “protocolo de actuaciones policiales en manifestaciones” no es para que las fuerzas represivas actúen “de forma correcta” si no, lo que demuestra es que es un camino para criminalizar la protesta social por vías “legales”. Una respuesta a la resistencia en las calles que en los últimos días viene creciendo como en replica a los ajustes del gobierno de Cambiemos.








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