Economía

PROYECTO PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADO

PPP: Cambiemos prepara una nueva entrega al capital

El gobierno sufrió una derrota la semana pasada en el Congreso, el régimen de participación público-privada (PPP) quedó trunco. Este miércoles con modificaciones realizadas espera aprobarla.

Martes 1ro de noviembre de 2016 | Edición del día

El ejecutivo presentó un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de Participación Público Privada (PPP), que fue aprobado el 21 de septiembre en el Senado con el apoyo del peronismo. Sin embargo, el proyecto fue rechazado en Diputados la semana pasada, pero este miércoles volvería a intentar el macrismo su aprobación.

Durante el fin de semana hubo largas negociaciones por el Presupuesto 2017, superpoderes y también por la ley del PPP. En acuerdo con el massismo y el bloque justicialista habría acuerdo en votar este miércoles.

¿En qué consiste la PPP?

La PPP consiste en regular la participación del sector privado en la obra pública y es extensible a otras contrataciones del Estado.

Según el gobierno, el Proyecto brindaría seguridad jurídica y previsibilidad para atraer inversiones. De acuerdo al artículo 1º, las asociaciones pueden ser para “infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”, de acuerdo el artículo 1º.

Sin embargo, en realidad el proyecto prioriza los intereses del inversor privado, minimiza sus riesgos y garantiza la rentabilidad al capital.

Las ventajas que ofrece al sector privado son:

  •  Las empresas privadas podrán cortar la ejecución de la obra si los pagos se atrasan.
  •  En el artículo 31 establece que no se aplicarán los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. Estos son los artículos de la ley de convertibilidad que prohíben la indexación. Es decir que los empresarios podrán indexar cánones o tarifas.
  •  Prórroga de jurisdicción. Esto significa que aquellos empresarios que consideren un contrato incumplido podrán reclamar en tribunales extranjeros. Argentina sabe bien lo que esto significa, el Ciadi (un tribunal imperialista que funciona dentro de la estructura del Banco Mundial) tiene aún 17 casos pendientes de resolución con el país. Un caso conocido fue en abril de 2015, cuando el Ciadi condenó a la Argentina a pagarle U$S 405 millones a la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, cuando se rescindió el contrato luego que la empresa abandonara el manejo de los servicios. Otro caso que juzgó un tribunal extranjero es de los fondos buitre.
  •  En caso que el Estado decida rescindir el contrato deberá pagar al contratista un monto que no puede ser menor a la inversión no amortizada. Aclara que eso no implica que el contratista deba compensar los daños. Sin embargo, sobran los ejemplos en Argentina de empresas que no cumplen con lo acordado en los contratos y además el gobierno deberá indemnizar, sin obligación de resarcimiento.
  •  El artículo 5 establece que el Estado debe garantizar la protección y el cuidado ambiental. Ahora se agregó al artículo que en el contrato aclararán las normas que los empresarios deberán cumplir y que tomará intervención el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, es sabido el comportamiento empresarial en cuanto a proteger el medioambiente. Basta ver el ejemplo reciente de la mina Veladero, que explota Barrick Gold en San Juan que volvió a derramar cianuro.
  •  El artículo 9 autoriza la subcontratación, es decir que podrán desprenderse de las obras que están ejecutando a otras empresas que no estuvieron en la licitación primera del proyecto. Entonces, la empresa si no obtuvo lo que esperaba puede deshacerse rápidamente del proyecto. Ante el rechazo en Diputados de la versión original, el oficialismo introdujo que esta cesión podrá realizarse con un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos que asume el Estado Nacional por el pase.
  •  Se abren las puertas al capital extranjero. En el artículo 7 establece que se pueden constituir sociedades, fideicomisos, y aclara que tienen la posibilidad de que las nuevas sociedades y fideicomisos pueden vender en el mercado títulos negociables.

    PPP o Dromi

    El apuro del gobierno para aprobar esta ley se debe a la promesa que les hizo a los empresarios en el foro de inversiones "Mini Davos".

    La empresa Siemens, que fue un sponsor del evento en el CCK, anunció inversiones de infraestructura por U$S 5.600 millones entre 2016 y 2020. ¿Cuál fue la condición? La aprobación del PPP.

    Camarco, miembro de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró tras el rechazo de la ley "¿cómo fue que pasó esto?, es fundamental para nosotros que salga la ley".

    Si se ingresa al portal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el contador de inversiones es de U$S 53.022 millones, de ese total las inversiones público privadas son por U$S 16.512 millones. ¿Esos anuncios se mantendrán si la ley es rechazada?

    Si bien el artículo 12 señala que se realizará un“procedimiento de licitación o concurso público” para la selección del contratista, muchas de las potenciales obras parecen ya tener el nombre y apellido de los adjudicatarios.

    Según Horacio Reyser, el asesor presidencial para Inversiones Extranjeras, el gobierno esperaba con esta ley captar entre u$s 30.000 y u$S 40.000 millones de inversiones privadas para obras de infraestructura.

    No es para menos, la PPP garantiza menor riesgo a los empresarios y una gran cobertura para que ganen. Hasta Marcelo Bonelli destacó que “su amplitud recuerda y tiene puntos de contacto con la “ley Dromi” de reforma del Estado. Dromi fue el ministro de Obras Públicas de Menem, el mentor de la Ley de Reforma del Estado que permitió el saqueo de los capitales extranjeros sobre las empresas del Estado.

    El gobierno buscará realizar una nueva entrega, que como sucedió con el pago a los fondos buitres, lo hizo con la colaboración del peronismo en el Senado y sus aliados del massismo y del bloque justicialista.

    Lo esencial del proyecto de Cambiemos se sostiene a pesar de las reformas sobre el “fomento de la industria y trabajo nacional” o la mayor injerencia de los organismos estatales de contralor que “impuso” el Frente Renovador y el bloque justicialista.

    Como declaró la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda PTS “ después del voto para pagarles a los fondos buitre, este es el proyecto más entreguista del año".







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