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Otro fallo PROgenocida de la Justicia: ¿la vuelta a la Obediencia Debida?

La Cámara Federal liberó a ocho policías acusados de crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes fueron descubiertos en la investigación de los documentos de los Consejos de Guerra. En los operativos por los que se los acusa, todas las víctimas fueron fusiladas.

Miércoles 22 de noviembre | 13:22

Ocho policías procesados por crímenes de lesa humanidad. Ingresaban a las casas de las víctimas, las fusilaban. No obstante, o precisamente por esto, es que los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia otorgaron la libertad a los genocidas.

Señalaron que los acusados podían desconocer que cumplían una orden ilegal, porque las comisarías donde ellos intervenían cumplían una función legal y otra ilegal.

Por lo tanto, según los magistrados, si los cuerpos no fueron desaparecidos, o no pasaron por un Centro Clandestino de Detención (CCD), los acusados no tendrían por qué saber sobre la ilegalidad de, nada más y nada menos, que los fusilamientos que cometieron.

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 14 de junio de 2005, que las leyes de punto final y obediencia debida son inválidas e inconstitucionales, sostuvo en su fallo que los “delitos de lesa humanidad”, “contienen elementos comunes de los diversos tipos penales descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como crímenes contra la humanidad porque: 2) son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado”.

Sin embargo el fallo de los jueces Ballesteros y Bruglia vuelven atrás sobre la resolución de la Corte e imponen, con nuevas y viejas argumentación la Obediencia Debida.

Desde que se derogaron las leyes, en los juicios por crímenes de lesa humanidad, se demostró que hubo un plan sistemático de exterminio planificado entre las Fuerzas Armadas, junto al poder político y económico, en las que participaron todas las Fuerzas de Seguridad. Esto explica, en parte, porque hasta hoy no se quebró el pacto de silencio.

A los ocho policías se los investiga por operativos que realizaron entre los años 76 y 77, y donde actuaron dos grupos de la Policía Federal Argentina: la Superintendencias de Seguridad Federal (SSF) y la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SM). El operativo fue ordenado por el Ejército, así consta en los documentos del Consejo de Guerra que hallaron tiempo atrás.

Una excepcionalidad, porque en cada juicio de lesa humanidad las pruebas las aportaron los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos que reconstruye la historia, sepultada en los archivos de la dictadura que ningún gobierno constitucional quiso abrir.

En cada juicio se conoció parte de la historia de las víctimas, su lucha, los genocidas que actuaron, pero también se descubría nuevos CCD; muchos de los cuáles tuvieron una cobertura legal. Y al día de hoy, después de más de treinta años del fin de la dictadura, se estima que hubo más de 600 CCD, pero se desconoce la cifra real.

“La sola circunstancia de estar destinado en una dependencia legal donde paralelamente funcionó un centro clandestino no es el único aspecto del cual se pueda inferir el aporte de una persona al plan criminal, como así tampoco que su intervención concreta en un procedimiento lo sea en favor de éste”. Según este razonamiento de los jueces no se podría haber juzgados algunos de los genocidas que hoy tienen condena, porque muchos de ellos intervinieron en CCD donde tenían una doble función, legal e ilegal. Eso mismo fue la dictadura.

Es más, si el criterio de los jueces se impusiera, César Milani, exjefe del Ejército detenido por crímenes de lesa humanidad, podría quedar en libertad. Alfredo Olivera y su padre fueron detenidos durante la dictadura. Milani “estaba al frente de un gran operativo militar y policial, en la madrugada del 12 de marzo de 1977, cuando se llevan detenido a mi padre. A él yo le pregunto dónde se lo llevaban y me dice ‘al Instituto de Rehabilitación Social’”. Recuerda Olivera, quien llevó a Milani a la cárcel. Días después liberan al padre y se llevan a él, donde también estuvo detenido en el Instituto de Rehabilitación Social, una cárcel de La Rioja, que durante los años de la dictadura funcionó, además, como un CCD.

Otra de los fundamentos del fallo de los jueces dice sobre el operativo que llevaron adelante los ocho policías “debe destacarse que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia”.

Quimérico. Los magistrados solo buscan sentar nuevos precedentes para negar cómo fue la represión ilegal e incrementar la impunidad de la que gozan la mayoría de los genocidas.

Durante el 76 hasta el 83, todos los operativos que se realizaban a cielo abierto terminaban caratulados “enfrentamiento de las fuerzas de seguridad y los guerrilleros”. Enfrentamiento fue la palabra usada para justificar los fusilamientos. Una práctica muy extendida durante la dictadura, sobre la que estos jueces construyen un nuevo relato.

Pero estos jueces no padecen trastornos mentales que alteran su percepción de la realidad. Todo lo contrario, están adaptados a la nueva realidad. El juez Jorge Ballestero, otrora kirchnerista, difícilmente hubiera justificado un fallo con tales argumentaciones.

En los nuevos tiempos de Cambiemos los relatos sobre qué pasó durante la dictadura, cuántos desaparecidos hubo, se combina con fallos como el 2x1 para represores; el de Catamarca y Tucumán o el de la Corte de Comodoro Rivadavia. El Tribunal absolvió por unanimidad a dos exjefes de inteligencia militar, a un jefe policial y a un exauditor del Ejército por el secuestro de una pareja en 1978 por considerar que cumplieron órdenes.

Este fallo, que dejó libre a los acusados, aunque el proceso judicial continúa, encierra más riesgos. El juez Leopoldo Bruglia integra el Tribunal Oral Federal 5 a cargo del Juicio ESMA III.

El juez podría volver a fallar del mismo modo bajo el criterio que la ESMA, durante la dictadura, funcionó como una banda de moebius.

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Los operativos

Los acusados son los oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspector Daniel Pablo Amarillo, sargento Manuel Luis Ichicovich, los cabos Juan Adolfo Ríos y Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y el excomisario Inspector Alberto Mattone y el entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Alfredo Hugo Vidal, quién integró la banda de Comisarios que secuestró a Mauricio Macri.

Los ocho declararon en indagatoria por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los casos figuraban en las actas de la época como “enfrentamientos”.

El jueves 17 de marzo de 1977 irrumpieron en la casa del militante montonero Mario Lerner, en el barrio porteño de Almagro. Una patota lo fue a buscar, le dispararon, lo arrastraron hasta un Ford Falcón verde al que también subieron a la novia. El asesinato de Lerner figura en los registros de la SSF. La captura de la pareja había sido pedida por “fuerzas conjuntas” que respondían al Primer Cuerpo del Ejército.

El 18 de mayo de 1976 una comisión policial de la SSF, comandada por Rafael Romero, fueron hasta la casa de Jorge Caso y su esposa María Marta Imaz Garzón.

Ese día estaba Bernardo Levenson. Según las actas, los represores pidieron entrar a la casa y ellos quisieron escapar. En ese operativo también participaron Amarillo, Olarte, Ichicovich, Ríos y González.

En enero de 1977, en un operativo comandado por Mattone, asesinaron a Carlos Jeifetz y a su compañera Nora Salvarezza, ambos militantes del ERP. En los registros los crímenes figuran como consecuencia de un “enfrentamiento con subversivos”.

Estos casos demuestran que se trató de un modus operandi de la dictadura. En el caso de los ocho policías investigados, no fueron las víctimas, fusiladas, ni tampoco los familiares quienes pudieron señalarlos en crímenes de lesa humanidad.

Paradójicamente, fueron esos pocos archivos que abrieron donde se encuentran los informes que señalan a los federales.

El fallo de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia es a favor de anular la lucha incansable por juicio y castigo a los culpables. Una lucha que persiste por más de 40 años.








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