DESAHUCIOS

Otro asesinato de los bancos y el poder

Esta semana se produjo otro asesinato indirecto. Un vecino de Cornellà que iba a ser desalojado por impago de alquiler se quitó la vida arrojándose de la décima planta.

Guillermo Ferrari

Barcelona | @LLegui1968

Viernes 15 de junio | 18:03

En el barrio popular de Sant Ildefons hemos asistido a un asesinato más. Jordi se ganaba la vida como electricista y haciendo cualquier chapucilla que pudiera. Finalmente se ha quitado la vida momentos antes de ser desalojado. Llevaba más de catorce meses sin trabajo estable y buscándose la vida. En los últimos años éste ha sido el tercer suicidio en esa finca.

El aumento desmesurado de los precios de alquiler junto a trabajos precarios y temporales son causas fundamentales de los miles de desahucios que se producen en todo el Estado español. Además, las leyes y los grandes estudios de abogados están en defensa del gran propietario de inmuebles. Se encargan de quitar hasta el último céntimo que les sea posible para luego arrojarnos y quedarse con el piso para buscar otra víctima.

El piso actualmente es propiedad de un fondo buitre llamado Blackstone. Sin embargo, la denuncia fue iniciada por el Banco Popular, puesto que era el dueño anterior y pasó también por las manos del Banco Santander. Los bancos y cajas que han recibido un rescate de 60 mil millones de euros procedentes de las arcas públicas, siguen cobrándose la ayuda desahuciando y castigando a las familias más vulnerables.

Blackstone es uno de los fondos buitres más grande de Catalunya. Dispone de más de 5000 inmuebles, la gran mayoría en el área metropolitana de Barcelona. Si estas empresas ponen el 80% de sus propiedades en alquiler disponen de bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y no tienen que pagar el impuesto de sociedades.

Una comitiva judicial se acercó al inmueble de esta ciudad del Baix Llobregat junto con el “apoyo” de los Mossos d’Esquadra, con la intención de dejar vacío el piso desalojando a la pareja que vivía en el mismo. El resultado ya lo conocemos

La impotencia del débil antes las leyes de los ricos

La concejala del PSC se lamentaba diciendo que los ayuntamientos tienen poco margen de maniobra. El Ayuntamiento de Cornellà está estudiando realizar acciones judiciales contra los propietarios del inmueble. Sin embargo, este tipo de acciones, ni devolverán la vida al vecino, ni tampoco el piso a la pareja desahuciada. Todo aquel que realmente quisieran frenar los desahucios debería ponerse a la cabeza del reclamo social, promoviendo la movilización, pero no es el caso.

Este trabajador había acudido dos meses atrás, un día antes de la fecha del primer intento de desahucio, a los Servicios sociales del ayuntamiento. Dicho organismo elaboró un informe con el cual le declaraba vulnerable y se evitó el desalojo en esa fecha. Sin embargo, el 31 de mayo recibió el segundo. Pero a pesar de ello se procedió al mismo. Nada importó a los jueces que haya tres informes del ayuntamiento. Seguramente, las leyes no contemplan nada.

Durante el primer trimestre del año se han producido 100 lanzamientos diarios por impago de alquiler y 60 al día por no pagar la hipoteca. Algo más de 15.000 familias han sido expulsadas de su vivienda. Sin embargo, ésta estadística es un poco mejor que lo sucedido en el mismo trimestre del año pasado. Es que desde 2014, los alquileres han subido un 33% en la capital española y un 54% en el conjunto de Catalunya.

Les leyes permiten desalojar a quienes impaguen el alquiler o la hipoteca, no importa el motivo. Incluso el Ayuntamiento solicitó ante en los juzgados que el desalojo se suspenda. Solicitud que fue totalmente desestimada por la “justicia”. Jueces y abogados pagados con miles y miles de euros se dedican a defender a las grandes empresas, que a su vez son ayudadas por la administración pública.

El problema reside en que el sistema entero está a favor de los poderosos. Las leyes, el Gobierno, el Congreso de los Diputados (que aprobó un mecanismo de desahucio exprés recientemente), los jueces y abogados, las fuerzas de seguridad, etc. y etc. Todas las instituciones les defienden. Esto es así porque vivimos en una democracia para ricos, que defiende a las grandes empresas y los grandes propietarios.

Una solución radical para un grave problema

El problema no es que no haya pisos. No es necesario construir más pisos para resolver el problema de oferta. Hay muchos pisos vacíos de la banca, de los fondos buitres y de las grandes inmobiliarias. Lo primero que hay que hacer es expropiarlos sin indemnización y armar un parqué de alquiler público con un precio que no supere el 25% de los ingresos familiares.

Es necesaria una gran reforma urbana, gestionada por los trabajadores y comisiones de vecinos, que se proponga construir aquellas infraestructuras para resolver las necesidades en los barrios populares y periféricos que son los eternos olvidados de las grandes urbes. Un plan así debe ser financiado a través de impuestos a las grandes empresas, la banca y las fortunas. Será la primera vez que los ricos paguen las infraestructuras de los pobres.

Para lograr un plan así hay es necesaria la movilización y la organización de los trabajadores con sus organizaciones y sindicatos a la cabeza. Y el fortalecimiento de los nuevos sindicatos de inquilinos y la promoción de éstos en todas las ciudades. Hay que sumar fuerzas para acabar con la especulación de la banca y la Administración pública. Es que solo un gobierno de los trabajadores y el pueblo puede llevar a cabo estos objetivos anticapitalistas.






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