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CÓRDOBA/REPRESIÓN POLICIAL

Otra vez la Policía de Río Tercero: torturó a joven de 17 años por violar la cuarentena

La negra historia de la maldita policía de Río Tercero tiene un nuevo capítulo, tras torturar física y psicológicamente a un pibe de 17 por romper la cuarentena. Este hecho se suma los miles ocurridos a lo largo del territorio nacional desde que el Ejecutivo decretara el aislamiento social obligatorio.

Sábado 16 de mayo | 00:14

La Izquierda Diario viene reflejando casos de abusos y hostigamiento policial en todas las provincias. A lo largo del todo el país, tanto las fuerzas represivas federales, como provinciales (y en algunos casos también municipales), vienen descargando toda su furia contra la población, sobretodo contra la juventud de los barrios pobres y la población trabajadora. Si bien esto es algo que siempre ha sucedido, se ha intensificado en el marco del aislamiento social obligatorio. Con la violación de la cuarentena como excusa y aprovechando la vía libre de todos los gobiernos (el mismo Alberto Fernández los ha felicitado por su accionar y tratado en sus conferencias de héroes) hechos de este tipo no han dejado de sucederse.

En Río Tercero, la policía de la provincia de Córdoba tiene un largo prontuario de atropellos y abusos, que incluyen golpes, torturas, amenazas y hasta atentados.

Tuvimos acceso a dialogar con el joven que fuera víctima de torturas por parte del personal policial de la Departamental.

LG tiene 17 años, el 11 de mayo por la noche se escapó hasta la casa de un amigo del barrio y su novia, para tomar una gaseosa, "Sé que estuve mal en romper la cuarentena" dice con sinceridad. Su amigo demoró en abrir la puerta, "No encontraba las llaves", explica LG; y la policía lo detuvo. Eran las 10 de la noche.

¿Contanos qué pasó después?

Me detienen, yo tenía el DNI y el barbijo puesto. Me tiraron al piso y ahí uno me metió una patada en la cabeza, y me pegaron varios golpes de puño. Después me llevaron al móvil mientras me pegaban en la boca y los ojos, incluso antes de subirme me pegaron dos cachetadas en la nuca y cuando cerraron la puerta me agarraron el pie, tanto así que cuando hice fuerza para sacarlo, se me salió una zapatilla.

¿Y de ahí adónde te llevaron?

Fuimos al Hospital Zonal de Río Tercero, para que me vieran. Cuando me llegué me amenazaron "No le vas a querer mostrar la boca a la enfermera, eh". Yo tenía todo el labio con sangre. Por supuesto no se lo mostré. Después sí me llevaron a la comisaría. Cuando me bajaron del patrullero uno agarró la zapatilla que se me había salido y me la tiró por la cabeza. Me pegó en la cara.

¿Y una vez en la comisaría qué sucedió?

Me sentaron y me empezaron hacer preguntas sobre el barrio y gente que yo no conocía. Qué se yo. No entendía nada. Solo había quebrado la cuarentena para ver a mis amigos.

¿Cuánto tiempo estuviste detenido?

Y, desde las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana que me largaron. Encima cuando me fui me dieron solo un zapatilla, la que me tiraron por la cabeza se perdió. Así que me tuve que ir descalzo, y ahora ando así, porque eran las únicas que tenía.

LG va a la escuela secundaria y cuando puede le ayuda a su papá a hacer changas de albañilería. Vive en Monte Grande, un barrio humilde de la ciudad de Río Tercero, en el interior de Córdoba. Un lugar donde los abusos policiales son moneda corriente.

Una conducta que se repite y ya es política de Estado

Sabemos que la Policía de Córdoba es habitualmente señalada por abusos, hostigamientos y numerosos casos de gatillo fácil. La desaparición de Facundo Rivera Alegre en febrero de 2012 es solo un botón de muestra. A esto viene a sumarse la escalada represiva como una política abierta del Gobierno de la dupla Schiaretti-Llaryora. La represión con 41 municipales detenidos en Jesús María, la irrupción en una asamblea de alimentación en Bagley, la detención de dos jóvenes en una protesta de repartidores y el amedrentamiento a la caravana de la Red de Precarizadxs realizada el jueves pasado, son claros ejemplos. Ni hablar del confesión de parte de la cúpula policial provincial admitiendo que realizan ciberpatrullaje en las redes sociales.

Redes donde la misma Policía provincial hace alarde de haber detenido durante la cuarentena un promedio de una persona cada 3 minutos. Algo así como 450 diarias.

Sin embargo, lo que sucede en la zona de Río Tercero y Embalse llama poderosamente la atención, quizás por la concentración de casos en un lugar relativamente pequeño, y donde, como dicen en el pueblo, "nos conocemos todos".

Recordemos que Embalse se transformó en noticia a nivel nacional a comienzos de la cuarentena, cuando la policía detuvo violentamente en un control a un trabajador de la planta nuclear (o sea, de los denominados esenciales) al que la temperatura le había dado 36,8; aduciendo que había golpeado a los agentes, algo que los testigos desmintieron rotundamente.

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Pero no es el único caso, así como LG eligió las redes sociales para visibilizar lo que le sucedió, se fueron sumando hechos en los diferentes grupos de compra venta de Facebook de la ciudad. "Es que es el único lugar que les queda, si van a la fiscalía no les toman las denuncias", nos dice un vecino de la ciudad.

Al igual que en barrio Nuestro Hogar III, de la periferia de la capital cordobesa, el epicentro de los constantes abusos y hostigamiento es Monte Grande, un barrio popular ubicado en el extremo oeste de Río Tercero.

En noviembre de 2018, Yamil Malizzia regresaba en su moto de un partido de fútbol cuando varios patrulleros comenzaron a perseguirlo. La persecución terminó con el joven chocando contra un auto estacionado luego de ser encerrado por uno de los móviles. Tras seis días de agonía, Yamil falleció producto de las lesiones que le causó el choque. El joven hacía poco se había mudado de Colonia Almada, donde vivía con su papá, a casa de su madre en Río Tercero. Le gustaba hacer parkour y había comenzado kickboxing, en la fiesta de egresados de su promoción, todos vestían una remera con la leyenda "Falta Yamil". Su padre, Claudio Malizzia, todavía busca justicia.

Una de piratas (y de mafias y aprietes policiales)

La Unidad Regional Departamental Río Tercero no solo es célebre por hostigamientos, abusos y torturas a jóvenes de barrios populares. También se ha visto envuelta en atentados a funcionarios locales y fiscales que los estaban investigando por su conexión con mafias locales y redes de piratería del asfalto. Varios medios nacionales reflejaron los casos.

La Voz del Interior publicó en 2018 la noticia de la detención de dos policías acusados de haber participado en un atentado a una vivienda con bombas molotov que terminó en la muerte de una mujer y su hijo. La fiscal recibió diversas amenazas telefónicas: "Te vamos a meter mecha" rezaba una, como bien lo grafica el medio cordobés.

Una política de disciplinamiento social

Los reiterados hechos y denuncias sobre el accionar policial y de otras fuerzas (como gendarmería), a lo largo de toda la cuarentena tienen como factor común el buscar aterrorizar y amedrentar a sectores de la sociedad. Sobre todo aquellos a los cuales se les está haciendo pagar el costo de una crisis económica que ya se venía arrastrando, pero que bajo la pandemia se agudizó. Recortes salariales, suspensiones y miles de despidos son solo algunos de los elementos de un cóctel social explosivo que los diferentes gobiernos quieren desactivar. Sobre todo cuando ya comienzan a vislumbrarse embriones de organización en los sectores de trabajadores más precarizados.

Sin vistas (ni ganas) de que vayan a tocarle los intereses a las grandes fortunas del país, tanto el Estado nacional, como provincial y municipal, se preparan para un incremento de la conflictividad social, que ya va en aumento. Muchos trabajadores y trabajadoras han salido a luchar por sus derechos en medio del aislamiento a pesar de la fuerte y amenazante presencia policial. Es que no les queda otra, es salir a pelearla o morir de hambre en sus casas.

Tanto Alberto Fernández, como los gobernadores y el empresariado, saben que cuando termine la cuarentena muchos sectores van a salir a reclamar lo que les pertenece. Es allí, en las calles, donde la relación de fuerzas definirá quién paga los costos de la crisis: si quienes la generaron, o el pueblo trabajador.







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