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FEMINISMO

Ordenanza municipal contra el acoso callejero: entre el feminismo y el punitivismo

Debates ha generado la ordenanza municipal contra el acoso sexual callejero impulsada por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), seguida por el edil de Las Condes Joaquín Lavín (UDI), y que ha sido mirada con buenos ojos por Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, integrante del Movimiento Autonomista y del Frente Amplio.

Pamela Contreras

Valparaíso, Chile

Miércoles 30 de mayo | 08:17

La primera multa municipal “contra el acoso callejero y las manifestaciones ofensivas” fue emitida el jueves 24 en la comuna de Las Condes. Esto luego que un vendedor ambulante le dijera a una joven “Coma más ensalada para que conserve su linda silueta”, siendo la afectada quien denunció el hecho.

En la ordenanza se define como acoso callejero a “toda práctica de connotación sexual no consentida cometida en contra de una o más personas en lugares o espacios públicos, o de acceso público, tales como, silbidos, comentarios o gestos obscenos, piropos, persecución a pie o en vehículo, arrinconamiento, captación de imágenes, vídeos o cualquier otro registro audiovisual”.

El nuevo reglamento ha ido acompañado con una fuerte campaña, centrada en señaléticas de advertencia instaladas en 63 construcciones de la comuna, paraderos del Transantiago y lugares públicos, con el lema “Aquí no molestamos ni ofendemos a nadie. Estamos en contra del acoso callejero”, es decir, está centrada en los estereotipos que se han construido alrededor de los trabajadores de la construcción y quienes ocupan el transporte público, trabajadores y pobres que transitan por la comuna.

El feminismo y el punitivismo

La bronca de las mujeres, contra el acoso sexual, el maltrato, desigualdad, la violencia, el sexismo y el machismo ha tenido un claro impacto social, lo cual despertó en la sociedad una avalancha de consideraciones y argumentos que nos empuja a debatir la relación entre feminismo y derecho penal. La pregunta es clara ¿Qué hacer con los acosadores? El estado es claro, todo se reconduce a más penas, más castigo y más cárcel, en un contexto de legitimidad del discurso represivo y ataque contra ciertos derechos fundamentales, como es el de la defensa del acusado, lo cual hace eco en amplias capas de la sociedad.

El movimiento de mujeres y feminista, que intenta echar por tierra los viejos mandatos patriarcales debe agudizar la mirada sobre la trampa que implica el punitivismo como respuesta desde lo penal como objetivo último, puesto que termina ubicando “los hechos”, “ataques” u “ofendas” como fenómenos aislados ignorando completamente los contextos sociales de cómo se genera la violencia.

El acoso, abuso y violación los hijos del patriarcado

La radicalidad del feminismo de los años 60’ logro combatir la idea de que violadores, agresores, femicidas, victimarios correspondería a un problema de desequilibro mental, donde comúnmente escuchamos que la brutalidad de sus crímenes solo pueden explicarse partir su lejanía de humanidad, atribuible a una monstruosidad o enfermedad.Por el contrario,el feminismo logró instalar que estos “son hijos sanos del patriarcado”, es decir, que son la consecuencia de un complejo entrelazado social, donde la violencia ejercida no son sólo un acto desde la singularidad de su propia estructura psíquica, sino que se encuentran determinada por un sistema cultural que hace la violencia ejercida contra las mujeres, un acto de poder.

Un ataque desde el cual se busca disciplinar, encuadrar, ejercer el poder sobre la otra persona ubicada como objeto (no como persona) desde su más íntima fibra humana: la sexualidad.

Entonces, en la lucha contra el acoso, abuso y violación que vivimos las mujeres, debemos preguntarnos si ¿las penas o castigos lograran corregir estas prácticas? En el caso de los acosadores, por esta ordenanza ¿pensaran dos veces antes de ofendernos?. Si concebimos que el machismo es una construcción social, sostenida y amplificada por los estados capitalistas patriarcales, ¿podemos pensar que mediante la coerción individual lograremos detener las agresiones? Las agresiones pasan por una naturalización de la violencia por un lado, pero no será la condena social o legal que hará retroceder dicha práctica, sino deshacer los mandatos patriarcales

¿La coerción, un acto reparador?

Gran parte del movimiento de mujeres, feminista y amplios sectores de la población celebra esta nueva ordenanza, al traducir la idea de justicia a la de castigo y la punición, asociando esta como un acto de reparación de la afectada ante lo vivido. Se ha llegado al consenso social que la reparación en la victima consiste en apuntar al culpable por lo sucedido, generando una forma de justicia a través de la disciplina y el escarnio público.

Se confunde la idea de justicia con lo que es justo. Lo justo es que nadie viole, abuse o maltrate a otro ser, quebrando lo justo, la justicia nunca alcanza para reparar. De ahí que la incapacidad de reparación dentro de este sistema judicial, en la impotencia y la búsqueda de justicia, es que se encuentra la punición como acto desesperado y que intenta devolver el daño realizado. Esto no implica negar la bronca e indignación que miles de mujeres viven diariamente, pero la verdadera reparación tiene que ser histórica y sistémica. En términos estructurales y no superficiales ni para “las portadas de diario”, la reparación consiste realmente en buscar qué estamos haciendo mal para no volver a repetir, en romper los cercos patriarcales que oprimen a las mujeres y las diversas identidades de género. Se trata de una tarea histórica y de largo aliento: transformar radicalmente la sociedad, derribando el estado capitalista patriarcal.

La ordenanza municipal y el estado policial

Lejos de toda visión de progreso sin contradicciones para las mujeres dentro de este sistema, nos encontramos con la distopia que significa la ordenanza municipal contra el acoso, que por un lado; logra tras años de lucha reconocer y visibilizar una violencia cotidiana y sistemática que vivimos quienes nos consideramos del género femenino, pero por otro, vuelve un problema social (el machismo) en un problema individual, eludible o pagable, es decir, que el foco está totalmente puesto en la vigilancia y el castigo por parte de las mismas instituciones del régimen que sostienen el machismo; las mismas que despiden trabajadoras, golpen y legitiman la violencia sexual en las detenciones policiales; mantienen una educación sexista, entre otras.

Esta ordenanza nos vuelve a la imagen del estado policíaco adornado con un lenguaje de inclusión de nuestras demandas, donde no sólo le damos más poder al poder, sino que contiene un componente extremadamente clasista, ¿Fue azaroso que los carteles de las condes estuviesen donde existen mayores concentraciones obreras?. Sin duda debemos responder a este elementos, ya que es un problema central, que no podemos dejar como si nada las agresiones. Pero en este camino tenemos dos opciones; por un lado responsabilizar de manera individual a los sectores obreros y populares que se formaron con los prejuicios sexistas, con la doctrina eclesiastica, con nula educación sexual o podemos generar un dialogo que permita detener estas practicas, donde el cambio no sea por la coerción sino por ver el problema de tratarnos como personas de segunda categoría. Por otra parte la ordenanza ¿logrará ser efectiva? ¿Serán los sectores mas empobrecidos, los mas golpeados, o también serán las instituciones estatales, clericales y empresariales quienes pagaran también sus multas, cada vez que nos plantean agresiones sin consentimientos?

La lucha por nuestra liberación no se limita a la lucha por protocolos, ordenanzas ni mayores penas, no se trata de saciar la venganza individual, sino de transformar el conjunto de las relaciones sociales , para acabar con el capitalismo y el patriarcado y generar las bases para construir una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, sin la moral de la iglesia, ni clases sociales.






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