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TUCUMÁN // OPINIÓN

Operativo Independencia: movilizarnos contra el negacionismo y la impunidad de ayer y hoy

La sentencia por la megacausa se da cuando el Estado encubre la desaparición forzada de Santiago Maldonado y se cumplen once años de la desaparición de Julio López durante el kirchnerismo.

Jueves 14 de septiembre | Edición del día

Este viernes se leerá la sentencia de la megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia, centrándose en el periodo de febrero de 1975 y marzo de 1976. La sentencia se da en un contexto político atravesado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tras un operativo represivo de Gendarmería, y los esfuerzos del gobierno de Cambiemos para encubrir la responsabilidad estatal.

Los números de los catorce meses del debate oral y público son elocuentes. A pesar de haberse reunido prueba para 266 casos, la declaración de más de 400 testigos (inicialmente se había ofrecido el testimonio de 1400 personas) solo son juzgados 17 integrantes del Ejército y la Policía. Desde el inicio del debate, dos represores fueron apartados y uno murió. Una cifra infima en relación a la maquinaria genocida que se puso en marcha como ensayo general de la Dictadura. Solo en la “Escuelita de Famaillá”, primer centro clandestino de detención, se estima que estuvieron entre 2000 y 2500 personas. El propio Acdel Vilas, a cargo en los primeros meses, reconoció en su diario un número cercano a las 2000 víctimas secuestradas y sometidas a interrogatorios que incluían la tortura.

Aunque los testigos de contexto los mencionaron, faltan en el banquillo de los acusados actores que jugaron un papel fundamental durante el Operativo Independencia. No están las patronales que promovieron la intervención del Ejército y dieron recursos para que los centros clandestinos de detención funcionen. Las patronales azucareras dieron tierras de ingenios o ex ingenios, elaboraron lista de trabajadores “subversivos” y, posteriormente, financiarán la represión con el “Fondo Patriótico Azucarero”. En el “no voy a tolerar ni una huelga” de Vilas se cristaliza el carácter antiobrero del Operativo, algo que la burocracia sindical vio con agrado. En 1974 la provincia vivió una importante huelga de la FOTIA, que por presión de las bases enfrentó al Pacto Social que implementó Perón. Con una rica tradición de huelgas y enfrentamientos callejeros que incluían al movimiento estudiantil, el movimiento obrero combativo tucumano fue objetivo de primer orden para el Ejército.

También faltan los responsables políticos, empezando por María Estela Martínez de Perón. Con la firma del decreto que habilitaba al Ejército a “exterminar los elementos subversivos”, la viuda de Perón estampaba la intención de un régimen político y económico de inclinar para el lado del gran capital la relación de fuerzas frente a la clase obrera y los sectores populares. El peronismo y el radicalismo fueron los pilares que sostuvieron la intervención del Ejército. Y por lo tanto, posteriormente, fueron centrales para construir la impunidad con leyes e indultos, pero sobretodo manteniendo en lo esencial lo impuesto por la Dictadura: políticos, leyes y decretos, jueces y la estructura represiva de las fuerzas de seguridad. En Tucumán construyeron la impunidad para que, entre otras cosas, Antonio Bussi sea un gobernador “democrático”.

Cuestionar el genocidio

Desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri mostró una deliberada intención de cuestionar la magnitud del genocidio que comenzó con funcionarios poniendo en duda la cifra de 30.000 desaparecidos. El negacionismo quiso ir un paso más allá con la aplicación por parte de la Corte Suprema del “2x1” a los condenados por delitos de lesa humanidad, y beneficiarlos con la libertad. Ante cada intento se topó con una importante movilización que puso un tope a los sectores envalentonados por el negacionismo macrista. Si los partidos del régimen construyeron la impunidad durante cuatro décadas, la movilización siempre fue una respuesta y una conquista histórica.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado involucra a una fuerza de seguridad y, por ende, a la responsabilidad del Estado. Tras el desprestigio y rechazo del Ejército pos Dictadura, los gobiernos han recurrido a la Gendarmería como fuerza en la represión de los conflictos internos. Durante el kirchnerismo se intentó recomponer la imagen de una fuerza “centinela de la patria” pero la acción de la izquierda y el movimiento obrero desnudó el espionaje a través del Proyecto X y represiones comandadas por personajes como Berni.

La desaparición de Julio López en 2006 demostró la continuidad de un aparato represivo que se mantuvo impune, y por lo tanto capaz de actuar. La inacción del gobierno kirchnerista —con Aníbal Fernández diciendo que López podría estar en la casa de su tía— no hizo más que reforzar la idea de impunidad, que se complementa con el nulo juzgamiento a los impulsores civiles del Operativo Independencia y la DIctadura. Con la desaparición de Santiago Maldonado los “destacamentos armados” del Estado vuelven a actuar como el brazo armado de, en este caso, los multimillonarios como Benetton o Lewis que buscan apropiarse de las tierras y los recursos naturales de la patagonia.

El negacionismo y la impunidad de los actores del genocidio tiene como fin relativizar, y hasta justificar en el peor de los casos, la magnitud y el horror de la represión. La construcción de este relato apunta a que la burguesía y sus instituciones estén habilitadas a una mayor represión a los sectores que resistan las políticas de ajuste que tienen en agenda, como la reforma laboral. La movilización y la organización independiente son parte de las tareas para enfrentar esta política.








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