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“Operación Sapukay”: la complicidad entre los narcos, el Estado y sus fuerzas represivas

Un nuevo caso de asociación entre capitalistas de drogas ilegales y funcionarios que, a cambio de fortunas, garantizan el negocio. La única salida es la legalización.

Alan Gerónimo

@Gero_chamorro

Viernes 12 de mayo | Edición del día

El intendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice Fabio Aquino fueron procesados con prisión preventiva por el delito de narcotráfico. Además les impusieron un embargo de $ 1.5 millones.

El juez federal Sergio Torres también dictó el procesamiento de otros 25 acusados. Entre ellos se encuentran Gabriel Fernando Alcaraz, segundo comandante del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional de Corrientes, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, comisario de Itatí de la policía provincial y Rubén Ernesto Ferreyra, subcomisario de la delegación Corrientes de la Policía Federal.

Además también esta imputado un interno de la Unidad Penitenciaria Federal nº 7 de la provincia de Chaco, acusado de ser el “coordinador” del comercio de la marihuana.

El método para la importación ilegal de la marihuana era simple. Según cuenta el expediente judicial “la droga se obtenía en Paraguay, en Juan Pedro Caballero, era llevada a Itá Cora, y después a Itatí a través del río Paraná”. Ahí la descargaban de las lanchas con los que ellos denominaban “escueleros” y la subían a los autos para su traslado.

Los “escueleros” no son más que chicos de las escuelas que usan como mano de obra para la descarga de la marihuana.

En la localidad de Itatí, como en tantos otros lugares de Argentina, sea en las grandes urbes como en el interior profundo, nuevamente se ve con claridad la sociedad y complicidad entre el Estado, la Policía y el narcotráfico.

El intendente Natividad Teran forma parte del Frente para la Victoria (FpV). Su vice, "extrañamente", es responsable del PRO local. Y en cuanto al comisario de Itatí, Ocampo Alvarenga, “se evidenció un nexo cercano con las autoridades de la Gobernación” que encabeza el radical Ricardo Colombi. La pareja del narcopolicía, Miriam Reinilda Maciel, fue concejal en Itatí y actualmente es secretaria en la Municipalidad.

Según el expediente judicial, con el dinero producido por el narcotráfico (de 15 toneladas semanales de marihuana en distinta calidad), se compraban casas y autos que se “ponían a nombre de terceros y se hacían expedir cédulas de autorizados al manejo”.

Todos narcos, todos narcos...

Todos los días aparece un nuevo caso donde se ve el entramado político para el narcotrafico. En la localidad de Ezeiza uno de los narcos más buscados de Argentina fue detenido, por segunda vez, en el barrio La Celia, barrio de elite de la provincia de Buenos Aires. En el mismo lugar vive el exministro de Seguridad del Gobierno de Daniel Scioli, Alejandro Granados.

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En Rosario, a lo largo de todo el año judicial, se desarrollarán cinco juicios claves contra las bandas más importantes del sur santafesino. En el banquillo habrá 60 acusados, entre jefes, colaboradores, sicarios, soldaditos y policías cómplices. Los más destacados: los líderes de Los Monos, la banda más famosa de Argentina, y el exjefe de la Policía santafesina Hugo Damián Toniolli, símbolo de la participación de las fuerzas de seguridad en el negocio de drogas ilegales.

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Tognoli, que estuvo al frente de la división antidrogas durante el gobierno de Hermes Binner y fue ascendido a jefe de la fuerza por Antonio Bonfatti, ya fue condenado en 2015 a seis años de prisión por complicidad con un narco y amenazas a una mujer que denunciaba los puestos de venta de drogas en la ciudad de Santa Fe.

En esta nueva causa, Tognoli está acusado de formar parte de “una empresa criminal” junto a otros dos policías y el narco de Villa Cañás Carlos Ascaíni.

Según cuenta la periodista mexicana Cecilia González, corresponsal de la Agencia de noticias Notimex, en una entrevista realizada por La Izquierda Diario, sobre la relación narcotráfico-políticada cuenta que “en 1999 hubo una denuncia sobre el posible financiamiento de parte del Cártel de Juárez a la campaña de Eduardo Duhalde y Palito Ortega. Fue una típica denuncia donde las notas periodísticas eran en potencial, ’habría’, ’podría’; y quedó en eso. No había mucha información sino especulaciones y quedó como un escándalo. En el caso de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner de 2011, lo que sí está demostrado es que el 30 % de las donaciones provino de empresarios farmacéuticos. Lo que más vincula a esos empresarios es la mafia de los medicamentos, pero varios (en particular Sebastián Forza) estaban metidos en el tráfico de efedrina”.

La periodista, que investiga en profundidad la temática, agregaba que “en otros países, cuando la llamada guerra contra el narcotráfico avanzó se fue descubriendo cada vez más políticos involucrados. En Argentina jefes policiales de Santa Fe y Córdoba fueron destituidos. Y están procesados el extitular de la Sedronar y dos de sus directivos, cuyo juicio posiblemente se haga el año próximo. Cada vez más aparecen funcionarios involucrados. En el caso de Aníbal Fernández (que fue como el ’sucesor’ de Duhalde en esa vinculación con el narcotráfico) fue acusado de estar involucrado en el tráfico de efedrina. Pero hasta hoy sólo hay denuncias”.

En las Unidades Penitenciarias argentinas, del total de las personas privadas de su libertad por violación a la Ley de Estupefacientes, el 97 % son usuarios de drogas y sólo el 3 % son supuestos “grandes” narcotraficantes.

Esta claro que mientras sigan siendo ilegales las drogas, todo el entramado mafioso entre políticos, narcos y las fuerzas represivas del Estado nunca va a parar, los principales privados de su libertad serán los consumidores y no los narcotraficantes.

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Parte de los principales interesados en que las drogas sean ilegales, no lo son por un tema de “salud” sino porque si se acaba con la ilegalidad sus bolsillos se verían heridos de muerte.








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