Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Nuevos intentos de avanzar en la impunidad y reconciliación con los genocidas

Días atrás, en la Universidad Católica Argentina (UCA), se realizó una reunión encabezada por monseñor Casaretto para debatir sobre “la necesidad de reconciliar” a las víctimas de la dictadura con los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Viernes 28 de agosto de 2015 | Edición del día

Fotografia : Eduardo Longoni

Al debate en la UCA asistieron la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos que desaparecieron en 1977; y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure quien fue secuestrado por el ERP en julio de 1974 y presuntamente asesinado por sus captores, un hecho no aclarado por la justicia. Este tipo de debates también se realizaron en las universidades privadas Di Tella y San Andrés, y también en la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, quien anunció que impulsará la revisión de las causas de lesa humanidad.

El diario La Nación fue el vocero de esta reunión y ha publicado dos editoriales consecutivas en las cuales retoma su tesis de cuño ultra reaccionario sobre “los dos demonios”; y redobla la apuesta: reivindica las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos y reclama “una amnistía amplia que permita luego mirar hacia adelante”. Un llamado a la impunidad y a la reconciliación con los asesinos de los 30 mil desaparecidos.

En la UCA, Casaretto, obispo de la diócesis de Rafaela durante la dictadura (1976 – 1983), sostuvo que “se debe exigir a las fuerzas políticas que avancen con la agenda de la reconciliación y la verdad completa” y cuestionó los juicios a los represores “cuanta más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser con la justicia aplicada”. Además aconsejó: “Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia que va en contraposición con la verdad”.

Las declaraciones de Casaretto provocaron el inmediato rechazo entre los organismos de derechos humanos como el CELS, @Hermanos y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y querellante contra la exeditorial Atlántida, señaló que “La Iglesia, cómplice activa de los crímenes de la dictadura, tiene en su poder archivos de enorme valor para la tarea de encontrar la verdad y hacer justicia. Los tienen que entregar de inmediato”. Y agregó: “Repudiamos las declaraciones de Casaretto y las editoriales de La Nación con su apología de la impunidad. Representa a sectores de empresarios que fueron los verdaderos ideólogos del golpe militar”.

“Verdad” sin justicia

Los mismos ‘paradigmas’ que se plantearon en la UCA se debatieron en la Universidad de San Andrés bajo el título “Derechos Humanos y Castigo: las discusiones pendientes”. Allí afirmaron que los juicios “no aportan a la verdad socialmente conocida”, y que “no se reconoce el estado de indefensión en la que se encuentran los acusados, 40 años después de lo ocurrido”. Una de las emblemáticas integrantes de la CONADEP, Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, quien apoyó la ley de Obediencia Debida, participó en esta convocatoria junto a familiares de los genocidas procesados y condenados, como Cecilia Pando y la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, jefe del centro clandestino La Perla, en Córdoba.

En estos debates utilizaron como ejemplo el “modelo de verdad sudafricano”, que cambió “verdad” (la que supuestamente declararían los genocidas) por impunidad, para mostrarlo como el camino a la reconciliación.

Al respecto, Myriam Bregman, diputada y abogada en causas de lesa humanidad, señaló: “Esta política es inaceptable para los familiares y los que luchamos por encarcelar a los genocidas. Es necesario aclarar que todo lo que se sabe hasta ahora del genocidio y sus consecuencias, proviene de lo que han declarado y las pruebas que han aportado familiares y sobrevivientes. Entre los militares primó siempre el pacto de silencio. Todos los gobiernos, incluido el actual, han mantenido oculto los archivos de la represión”.

A dónde van los juicios

Este lunes 24 de agosto, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del encuentro de la Comisión Interpoderes -que trata las causas por delitos de lesa humanidad- se refirió al futuro de los juicios contra los responsables de la última dictadura militar "No vamos a ir para atrás", "lo que hoy tenemos es el resultado de un proceso indetenible", sostuvo

Participaron también el ministro de Justicia, Julio Alak; la procuradora general, Alejandra Gils Carbó; Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados entre otros.

Mientras este debate se desarrollaba, fuera de los Tribunales montaron una carpa, Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, para reclamar que se juzgue al empresario Carlos Blaquier, que un reciente fallo judicial le otorgó la impunidad.

Las declaraciones de Lorenzetti se chocan con la realidad: los juicios contra los genocidas se encuentran en franco retroceso.

Alejandrina Barry señaló, además del ejemplo de Blaquier, el caso de la exeditorial Atlántida: “Soy querellante en la causa contra los directivos de la editorial que usaron mi imagen para hacer una campaña a favor de los genocidas y uno de los responsables, Agustín Botinelli, fue beneficiado con la falta de mérito. Lo mismo pasó con Vicente Massot del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Es una clara señal de impunidad.” Y apuntó contra el candidato presidencial y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli: “más allá de quieran mostrarlo como continuador de la política de derechos humanos, ha sido un gran defensor de la teoría de los dos demonios, opositor a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, poco podemos esperar los que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy de Scioli.”

En abril de 1990, en un reportaje que le realizó la revista Playboy, Scioli no dudó en hacer, entre otras, la siguiente definición cuando le preguntaron su opinión sobre la dictadura: “No se puede tener un concepto o una definición generalizada para una situación tan delicada, porque en muchos casos, si las Fuerzas Armadas no hubiesen actuado, no sé hasta dónde habría llegado todo aquello”.

Por su parte, Myriam Bregman indicó que “no basta con declaraciones de buenas intenciones, se necesitan acciones concretas. Venimos exigiendo, junto a muchos organismos de derechos humanos, la apertura de los archivos que están en poder del Estado. La lentitud en los juicios, el hecho de que varios genocidas condenados siguen siendo juzgados y sobre otros no hay siquiera imputación, se transforma en una política consciente: ir cerrando esta etapa con apenas poco más de 600 represores condenados, poco más de uno por centro clandestino de detención. Hay que unificar los juicios por circuito represivo y condenar también a los empresarios sobre los que hay innumerables pruebas de su accionar.” Además se refirió a otro caso emblemático en la impunidad que ejerce la Justicia “el gobierno hizo una defensa cerrada hasta hace poco sobre Milani, y no hay juez que se atreva a imputarlo. Hay numerosos sobrevivientes como Oscar Schaller de quien somos abogados, que lo denunciaron, además de la familia del conscripto Ledo, y Milani sigue impune. No es casual”.

Finalmente, tanto Barry como Bregman manifestaron que seguirán, junto con los organismos de derechos humanos independientes del estado, movilizando y exigiendo que sean abiertos los archivos del genocidio y sean condenados todos los que lo llevaron a cabo, luchando contra cualquier intento de imponer
una reconciliación con las Fuerzas Armadas. Señalaron también que este próximo 18 de septiembre, noveno aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, ejemplo trágico de la continuidad del aparato represivo, marcharán exigiendo al gobierno su aparición y castigo a los culpables.







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