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Nuevo protocolo de “protección” para los periodistas

Se publicó ayer en el Boletín Oficial. La ministra Patricia Bullrich dijo que es “para proteger” el trabajo periodístico. ¿A qué tipo de “protección” se refiere la funcionaria?

Lina Ávila

Estudiante Universidad de Avellaneda

Viernes 7 de octubre | Edición del día

El Ministerio de Seguridad oficializó, mediante la Resolución 479- E/2016 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el nuevo Protocolo de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística. El mismo había sido anunciado por la ministra Patricia Bullrich la semana pasada en Tucumán en el marco de la 54º Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El protocolo funcionará para todos los periodistas que investiguen causas vinculadas al narcotráfico, tráfico de personas, la corrupción en todos niveles, los secuestros, la formación de asociaciones ilícitas, terrorismo, abuso de autoridad, la violación de los deberes del funcionario público, cohechos, influencias y malversación de caudales públicos. Los periodistas podrán notificar, mediante la Comisión para la Evaluación de Riesgos de la Actividad Periodística, integrada por Adepa y Fopea (Foro de Periodismo Argentino), o directamente al Ministerio de Seguridad si se encuentran en una situación de peligro.

Al momento de la presentación del protocolo, la funcionaria apostó a que se sumen a impulsarlo también las provincias “para poder trabajar con las policías locales y lograr que los ministerios tomen medidas porque este tipo de situaciones no se presenta solo en delitos complejos sino también en los comunes”.

Según se señala en la presentación podrá ser implementado en casos de agresión a periodistas por narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros, “así como también casos de autocensura, es decir, situaciones ante las cuales el periodista decide abstenerse de realizar su misión periodística por la presión que ejercen determinados grupos, instituciones o asociaciones, como ser partidos políticos, sindicatos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, grupos delictivos, mafias, clubes de fútbol o sus simpatizantes, entre otros”, según está explicitado en el Boletín Oficial. Además, tiene por objeto establecer, las medidas y procedimientos a ser implementados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad con el objeto de garantizar el libre desarrollo de la actividad periodística en el territorio del país”.

Dime a quién proteges y te diré quien eres

Patricia Bullrich pretende demostrar preocupación por las condiciones en las que trabajan los periodistas pero el protocolo en cuestión esconde una gran censura.
El documento fue elaborado por el Ministerio de Seguridad junto a ADEPA, compuesta por las principales patronales de medios del país, que nuclea alrededor de 180 empresas mediáticas nacionales, dirigidas por figuras cuestionadas por los organismos de derechos humanos como Vicente Massot o José Claudio Escribano, actual subdirector del oligárquico diario La Nación.

Es decir que si un periodista quisiera desarrollar una investigación alrededor de los cómplices civiles de la última dictadura que hubo en el país, y considerara que necesita protección, deberán ser estas figuras las que “autoricen” tomar en cuenta el pedido o no.

O en el caso de pretender investigar alrededor de la complicidad de las fuerzas represivas con el crimen organizado, deben esperar protección de las mismas instituciones a las que investigan por actividades delictivas.

Además, el Protocolo de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística propone garantizar “el libre desarrollo de la actividad periodística en el territorio del país”. Malos antecedentes tiene el Gobierno en esta materia. El fervientemente repudiado “Protocolo Antipiquetes” anunciado por Macri y Bullrich en febrero que pretende “regularizar las manifestaciones públicas” ya establece una censura para los periodistas al delimitar una zona determinada o “corralito” para la prensa, cercando el espacio en el cual pueden circular durante una manifestación.

Lo que se esconde detrás de estas medidas de “orden” y “protección” es lo mismo: limitar el trabajo de los periodistas que pretendan denunciar el accionar de las distintas instituciones del Estado y empresarios.

Por otro lado, habla de “cuidado” hacia los periodistas pero no menciona nada acerca de los 2500 despidos efectuados en el gremio a nivel nacional, ni de las arbitrariedades que sufrieron los trabajadores de C5N, Radio América y CN23 –frente al vaciamiento del empresario kirchnerista Sergio Szpolski-, Canal 26 y Tiempo Argentino, solo por mencionar algunos de los principales conflictos que están atravesando los trabajadores de prensa. ¿De qué protección habla entonces Bullrich?

Frente a este proyecto, desde la Mesa Nacional de Prensa explicaron en un comunicado oficial del 1 de octubre: “No queremos ser cuidados por los mismos que nos reprimen, atacan el pluralismo y la multiplicidad de voces, y despiden y precarizan a miles de trabajadores de prensa. Por eso rechazamos este Protocolo inaplicable, que deja al margen a más de 40 organizaciones sindicales de prensa de todo el país, representantes de miles de trabajadores, que mantienen contacto permanente con el trabajo periodístico en todas las provincias y conocen realmente los “riesgos” cotidianos”.

Además, denunciaron que “convocaron a una entidad patronal minoritaria y a una ONG sin alcance territorial. Si la preocupación fuera proteger la seguridad de los trabajadores, deberían convocar a sus representantes para discutir en serio los problemas reales y las posibles soluciones aplicables.




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