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Nuevo intendente de Río impulsa reformas que favorecen la iniciativa privada y religiosa

A poco de asumir, el nuevo intendente de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, modifica con 80 decretos el modelo organizativo de la intendencia. Una reforma que favorece la iniciativa privada y religiosa.

Viernes 6 de enero | Edición del día

Luego de asumir, el nuevo intendente de la ciudad de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), implementó con casi 80 decretos, a través de una edición extraordinaria del Diario Oficial, una serie de medidas que abarcan diversas áreas de la administración pública: seguridad, finanzas, salud y educación que prometen ser polémicas debido al enorme impacto que causará en sectores sensibles de la sociedad.

Entre otras, aparece la propuesta de sociedades público-privadas (PPP) que serán presentadas en función de la expansión de los cupos en guarderías y escuelas de educación infantil, además de las prometidas camas hospitalarias. Este tipo de acuerdos que tiene a las empresas constructoras como principales beneficiarias, se implementa a partir de la contratación directa entre el gobierno local y las empresas “seleccionadas” para realizar la construcción.

En la actualidad, uno de los grandes recursos para el desvío de fondos públicos a los bolsillos de los grandes empresarios y sus políticos son las licitaciones fraudulentas y los contratos con grandes empresas contratistas. Incluso contando con mecanismos que imponen cierto grado de transparencia en las cuentas públicas muchos de estos acuerdos son firmados a espaldas y además impera la sobrefacturación. Con los decretos de Crivella se abre aún más el camino a las PPP, las posibilidades de desvío de los fondos públicos y se potencia aún más el favorecimiento a determinadas empresas.

La legislación para las PPP en Brasil fue creada en 2004, en base a la legislación del Reino Unido para las Iniciativas para el Financiamiento Privado (PFI, siglas en inglés) similares a las PPP del país. A pesar de poseer algunas reglas, presenta muchas brechas que facilitan que las normas no sean respetadas o que prevalezcan los acuerdos entre “el contratante” y “el contratado”. Además, las PPP han funcionado muchas veces como precursoras de privatizaciones de sectores que antes estaban en manos de la administración pública.

Según el nuevo intendente la apertura de la intendencia al sector privado se extenderá a la administración de escuelas y hospitales. Y confirma las promesas de campaña a sus seguidores empresarios y religiosos. Hay una invitación casi directa a las organizaciones religiosas para que tomen en sus manos la administración pública de la salud de la ciudad de Rio de Janeiro, actualmente bajo gestión de las Organizaciones Sociales (OSs). Actualmente 44% de las 248 unidades de salud de la ciudad de Río de Janeiro están bajo gestión de las OSs. Con los recientes anuncios de ampliar este número surge como meta y pone su gobierno totalmente al servicio de la iniciativa privada.

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Estas sociedades en el área de salud son interesantes para los grupos evangélicos, como la Iglesia Universal de la cual Crivella es obispo. Las iglesias evangélicas vienen incrementando el número de Centros de Tratamiento al Usuario de Drogas, ocupando este espacio dentro del área de salud que presenta un marcado e histórico abandono de políticas públicas. Los centros de tratamiento, aunque sean administrados de forma privada, poseen financiamiento cooperativo entre los gobiernos locales y los grupos religiosos, tal como señalan las especialistas en salud pública Fernanda Lages Ribeiro y Maria Cecilia Minayo en su artículo sobre Las Comunidades Terapéuticas Religiosas (As Comunidades Terapêuticas Religiosas). De este modo, aunque el discurso adoptado frente a los decretos sea aumentar el bienestar de la población, los intereses particulares y de las instituciones que rodean a Crivella quedan en evidencia y van detrás de lo que le han prometido.

Los 80 decretos de Crivella tendrán fuerte impacto en los sectores sociales de Rio de Janeiro. Los cambios en el modelo organizativo de la intendencia no aseguran el pago a los trabajadores municipales ni mejoras en la calidad de vida de la población trabajadora y pobre. Aunque las medidas sean impuestas a través de decretos, es necesario luchar y movilizarse para imponer su derogación y asegurar una salida independiente de los trabajadores y sectores populares a la crisis que atraviesa el municipio.






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