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Nuevo Hospital de Antofagasta en la mira por irregularidades en la concesión

El principal problema recae en las tuberías de la red de agua potable, que no cuentan con la certificación correspondiente ni con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Raúl Gómez

Trabajador AP de Salud

Domingo 9 de julio | 11:31

En el año 2013, se le otorgó la concesión del hospital regional de Antofagasta al consorcio Salud Siglo XXI, perteneciente a la multinacional española Sacyr, que ha estado involucrada en financiamiento irregular al Partido Popular en España y acusada por un sobrecosto de 100 millones de dólares en la obra de ampliación del Canal de Panamá.

Esta, a su vez, subcontrató a STI Construcción y Montaje Ltda., para los servicios sanitarios; conocidos en Calama por instalar material que debió ser retirado en la construcción de su hospital regional.

Finalmente, para completar el reparto de esta obra, el Ministerio de Obras Públicas "regula" la obra mediante un Inspector Técnico de Obra que está asesorado por quien se ganó la licitación para este fin, Zañartu Ingenieros, conocidos por presentar asesorías en el Hospital del Carmen de Maipú (con fallas en el sistema de ventilación); en la construcción de la autopista de la Costanera Norte (que presentó inundaciones en abril del 2016); y en el emblemático desastre de la ingeniería, el Puente Cau Cau.

La inversión estatal, de alrededor de $240 mil millones, lleva un avance del 96% de su construcción y beneficiaría a una población de 540 mil personas.

ATENCIÓN: fallas, irregularidades y desregulación pospondrían inauguración

El inicio de la marcha provisoria estaba programado para el segundo semestre de este año. Pero, las cuentas no son tan alegres: una investigación de Contraloría iniciada en el 2014 arrojó graves irregularidades en la construcción, fiscalización y cumplimiento de las normas técnicas, especialmente en las tuberías de la red de agua potable de esta obra sanitaria.

Desde el inicio del montaje de la red sanitaria del hospital, se realizó un cambio en la red de tuberías, inicialmente de cobre, pero que por las condiciones climáticas de Antofagasta no eran adecuadas y además eran de mayor costo que las que STI propondría. Cabe mencionar que abaratar costos sólo implica un saldo positivo para las empresas y no hay devolución al Estado.

Las nuevas tuberías debían ser de tres capas: una de polipropileno (PPR), una intermedia de fibra de vidrio y otra de PPR. Estas contarían con las cualidades mecánicas, de durabilidad y resistencia al impacto. Otro detalle importante, las tuberías que tengan entre 0 y 160 milímetros de diámetro deben estar certificadas por el Instituto Nacional de Normalización; por sobre este tamaño no existen normas y, por lo tanto, se genera un vacío legal en el país.

En este marco es que Contraloría detectó que las tuberías instaladas no cumplen con la calidad ni con las normas establecidas (diámetros superiores a los establecidos y con paredes homogéneas, sin la "triplecapa"requerida), por lo que no han sido ni certificadas ni autorizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El ente fiscalizador también observó problemas administrativos en relación al uso de material no certificado y otra, más grave, por no existir documentos que respalden la aplicación de las multas correspondientes a la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, conformada por la empresa española Sacyr y la estadounidense SNC Lavalin Capital.

Revise aquí el informe de Contraloría.

Brechas en la salud y el valor de nuestras vidas

Para los 622 mil habitantes de la región de Antofagasta, de los cuales el 60% corresponde a población de FONASA, existen 6,3 médicos especialistas por cada 10.000 habitantes (versus los 13,5 por 10.000 habitantes en la capital). La atención primaria, sólo cuenta con 68 médicos en sus consultorios y la cantidad de personas en lista de espera por su primera consulta con un especialista es de 27.000 usuarios a enero del 2017. Con un promedio de demora de 260 días y de 383 días en caso de las intervenciones quirúrgicas donde son más de 6000 las personas que esperaban por un cirugía a enero de este año. Finalmente, existe una brecha de 542 profesionales de la salud en el sector público.

Este déficit en el recurso humano del sector de la salud, especialmente para los 380.000 antofagastinos que deberían acceder a las instituciones públicas, se suma al grave incidente en la infraestructura de su nuevo hospital, que además contaría con menos camas que el actual. Conocidos son los problemas de infraestructura de los emblemas del modelo de concesiones como el Hospital El Carmen de Maipú, a los mismos que se está arriesgando una construcción casi terminada y que involucra a los repetidos empresarios multinacionales, asesores y funcionarios de gobierno de las ya mencionadas y decepcionantes obras de construcción.

En ese sentido, la Presidenta Colegio de Profesores Comunal Antofagasta y candidata a Core, Patricia Romo, declaró que "se hace más necesario que nunca, que en Antofagasta se levante un movimiento de trabajadores y de usuarios que organizadamente levanten la lucha porque sus vidas y su salud no sigan dependiendo de empresarios y políticos corruptos que, con tal de abaratar sus costos, ponen en riesgo la vida de miles de personas", denunció la dirigenta.

Para la dirigenta de docentes, es momento de buscar que las obras públicas para la salud sean financiadas con recursos derivados de la nacionalización de los recursos naturales, como el cobre, garantizando un acceso y una cobertura universal. Es decir, que toda persona tenga financiada y garantizada oportunamente su atención; la que debería brindarse en hospitales y consultorios construidos con responsabilidad y calidad, terminando con la externalización de las obras a multinacionales de negro prontuario y que nada se preocupan por la salud y las vidas de las familias empobrecidas del país.






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