Política

CASO MALDONADO

Nuevas mentiras del Gobierno: un relato inverosímil que intenta cerrar el caso Maldonado

Con la difusión de los resultados de ADN, el Gobierno busca instalar un nuevo discurso que niegue la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la responsabilidad política del oficialismo.

Miércoles 13 de septiembre | Edición del día

“La Justicia está evaluando esta información que acercó el Ministerio de Seguridad y la misma Gendarmería. Me parece importante remarcar esto: esta información salió de este ministerio y de la Gendarmería. Nosotros aportamos a la verdad”.

42 días pasaron de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y una nueva teoría oficial asoma tras las falsas hipótesis y las operaciones mediáticas. Los resultados que se conocieron este martes por la mañana aseguran que las pruebas de ADN recolectadas en los camiones de Gendarmería dieron negativo y desde el oficialismo pretenden instalar un nuevo relato que destierre la idea de la desaparición forzada.

Desde las declaraciones de los principales funcionarios del Gobierno se intenta sembrar la idea de que todo sería responsabilidad de algunos gendarmes “sacados” y que ni la desaparición forzada ni el encubrimiento existieron.

“La desaparición forzosa es una acción que desarrolla el Estado, o una parte del Estado, con un objetivo. Habernos catalogado de esta manera algo no solamente injusto sino por fuera de la realidad”, aseveró Bullrich. Y continuó: “El hecho de que los ADN de las camionetas, las huellas dactilares y todos los exámenes y pericias que se hicieron dieran negativas, van marcando un deshilachamiento de esa idea”.

Con esas palabras la ministra Patricia Bullrich se despachaba en una entrevista con La Nación y aseguraba que “eso nos abre ventanas a otras hipótesis que nosotros siempre hemos planteado”.

Desde un primer momento los integrantes de la comunidad Pu Lof de Cushamen, el Defensor del Pueblo de Chubut Fernando Machado y los familiares de Maldonado aseguraron que las camionetas fueron peritadas diez días después de la represión del 1° de agosto y que las mismas habían sido lavadas para ocultar pruebas. Además, el estudio de ADN, que se realiza en 24 h, lo divulgaron en el momento que lo necesitaron para una nueva operación política, cuando todas sus otras mentiras ya habían caído una a una.

La repercusión por parte de los principales medios de comunicación como Clarín y La Nación sobre los resultados de las pericias, las declaraciones de los gendarmes frente al juzgado de Esquel y la contraofensiva en el relato del Gobierno buscan no sólo sembrar dudas sobre los testimonios de la comunidad mapuche sino comenzar a dar por cerrado el caso y asegurar la responsabilidad individual de algunos gendarmes que participaron en el operativo.

Como complemento del nuevo giro oficial, el ministro de Justicia le informó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que no incorporarían a sus expertos a la investigación. El compromiso había sido asumido a finales de agosto por Garavano ante la abogada de la familia, Verónica Heredia, pero ahora decidió dar marcha atrás. El argumento para rechazar la participación de la ONU en el caso es que tras los resultados de los análisis, la investigación “se estaría encausando”.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, se refirió al nuevo giro en el discurso gubernamental: “No son tres gendarmes. Son todos culpables. Directamente, por acción u omisión. Incluyendo la ministra Bullrich, que es la que da las órdenes”. En una conferencia de prensa brindada este martes en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario volvió a pedir “la renuncia y la investigación” de la ministra, “la cabeza principal de todas las fuerzas de seguridad”.

Por su parte Andrea Millañanco, testigo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado afirmó: “Lo que el gobierno busca es quitarse de encima la responsabilidad política por lo sucedido. El Gobierno insiste en que no se trata de una desaparición forzada, sino de un homicidio y creemos que su intención es cortar por lo más fino y que la responsabilidad caiga en algunos gendarmes. Se dieron cuenta de que esto les puede costar muy caro políticamente”.

La nueva hipótesis del Gobierno precisamente apunta a “despolitizar” el caso (como si eso aún fuera posible) y liberar a sus funcionarios de toda responsabilidad política sobre lo sucedido. El nuevo libreto parece asegurar que a lo sumo los responsables pueden ser algunos gendarmes, pero bajo ningún punto de vista lo sería la Gendarmería.

A 42 días de la desaparición forzada, nuevas mentiras del Gobierno pretenden embarrar la cancha, intentar cerrar la crisis política y reparar el enorme desprestigio de una de sus fuerzas predilectas. Mientras tanto, la misma pregunta se repite incansablemente: ¿Dónde está Santiago Maldonado?






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