Política

Ciudad de Córdoba

Nueva cruzada del peronismo cordobés contra los gremios

Luego de enfrentar a Luz y Fuerza y la UTA, el peronismo cordobés busca avanzar sobre los municipales de la capital.

Laura Vilches

Concejala PTS - FIT Córdoba. Legisladora provincial PTS-FIT (mandato cumplido) | @VilchesLaura

Sábado 16 de mayo | 23:49

El gobierno de Llaryora, vino a intentar cumplir la tarea que la clase dominante tiene encomendada hace tiempo a su personal político: derrotar al poderoso gremio de los y las trabajadoras municipales. Es el diario “La voz del interior” quien hace explícito, en sus últimas editoriales, el desafío al que se enfrenta el intendente. La pandemia del coronavirus, dicen, le da la excusa perfecta para avanzar sobre este gremio cordobés que construyó su poder de la mano de su histórico dirigente Rubén Daniele, jubilado de prepo y por ordenanza en la gestión mestrista. Llaryora pretende en esta ocasión, dar la estocada final para debilitar su poder de fuego.

En ese relato de aventuras burguesas que, como los trabajos de Heracles se suceden como desafíos, el SUOEM es la tercera prueba a superar por el gran partido patronal de la provincia, que abarca desde el histórico PJ de Schiaretti y De la Sota (con un Llaryora que se suma como espadachín) hasta el radicalismo y Cambiemos, que cargan con la festejada derrota de la UTA en 2017. Este “triunfo” fue coronado por la “Ley de servicios esenciales” que ataca el derecho a huelga votada en la Legislatura provincial, con la única excepción del Frente de Izquierda y otros dos legisladores de la oposición.
Pero cuidado que siempre está latente, como rezaba la máxima del general prusiano Karl von Clausewitz, el derecho a la resurrección de los vencidos.

En qué batalla estamos

En la pelea que despliegan los trabajadores y trabajadoras municipales, se libra más que una simple batalla por el convenio colectivo y las conquistas de décadas de lucha. En cada batalla de los grandes gremios, se desatan pulseadas con la clase dominante que pretende aplastar al movimiento obrero cordobés y convertirlo en un sujeto colectivo miserable que se arrastre por un plato de comida y no tenga derecho a nada más. La imputación de los dirigentes del SUOEM por parte de la Justicia cordobesa, pretende el disciplinamiento para hacer pasar el ajuste sobre las condiciones de trabajo conquistadas.

Por eso, se impone un balance necesario sobre las anteriores luchas de otros gremios poderosos de la ciudad y la provincia, así como pensar las perspectivas posibles en esta etapa de luchas al calor de una pandemia que llegó para cambiar muchas cosas. Quizás sea oportunidad para repensar también las estrategias de lucha de los y las trabajadoras de Córdoba y el país.

¿Qué tenemos para aprender de los conflicto de UTA y Luz y Fuerza?

Los y las trabajadoras no podemos actuar siempre empezando desde cero. Por eso, aunque nadie tiene la receta para asegurar el triunfo y menos en conflictos durísimos como los mencionados, se vuelve necesario sacar algunas lecciones de las luchas pasadas y pensar cómo mejorar las peleas del presente abriendo posibilidades de ganar.

Parece lejano aquel momento en que los trabajadores y trabajadoras del transporte público, encabezados por un cuerpo de delegados que se diferenciaba de la conducción burocrática del gremio, desplegaron una huelga histórica para el transporte urbano defendiendo su convenio colectivo de trabajo. Ocho días de servicio paralizado por los trabajadores por un lado. Por el otro la clase empresaria, Ministerio de Trabajo provincial, las Iglesias agrupadas en el COMIPAZ, los medios de comunicación, Schiaretti y Mestre actuando de manera mancomunada. Así se dividió la fuerza entre las clases, con un gran frente antiobrero actuando de manera conjunta para derrotar el proceso de lucha. En el medio, la población como “aliada” o como “rehén” como les gusta decir a los medios.

La huelga del transporte, en una primera etapa, logró conquistar la simpatía en franjas de la población con las mujeres choferes de trolebuses como voceras del conflicto. Sin embargo, la dirección del proceso, en momentos cruciales en los que se desplegaba aquel gran frente patronal para derrotarlos, no supo ir más allá. Era necesario mostrar que el interés de los trabajadores del transporte era el interés de toda la población trabajadora de Córdoba: limitados a la defensa corporativa, de sus propios derechos no plantearon una política que lograra apoyo mayoritario como le sugirieron los trabajadores del subte que estuvieron presentes para solidarizarse. Desde su experiencia, sugerían transportar a la población de manera gratuita para ganarse su apoyo y mostrar que son los empresarios los que no quieren perder un peso de sus ganancias ni para pagar salario, ni para abaratar el boleto. La simpatía inicial que estaba del lado de los trabajadores cambió de signo, acicateada por una gran campaña mediática contra los trabajadores y se volvió contra la huelga tras el curso de los días.

El conflicto de los y las trabajadoras de Luz y Fuerza, en 2018, correría similar suerte. Era otro de los gremios acusados de “privilegiados”. En aquel caso, los y las lucifuercistas defendían puntos del convenio colectivo de trabajo que eran conquistas a favor de la estabilidad laboral, los tiempos de trabajo así como contra los intentos de vaciamiento de la empresa para tercerizar y privatizarla en cuotas.

A inicios de 2018, cuando se lanzaba un tarifazo en todo el país bajo el gobierno de Mauricio Macri, Schiaretti atacaba a los trabajadores de Luz y Fuerza, responsabilizándolos de los altos costos de la energía eléctrica.

Las movilizaciones limitadas y contenidas por la conducción del gremio, así como la estrategia de pelear todo por vía judicial, llevaron a la derrota de los trabajadores a pesar de los intentos que hicieron sectores de la base (concentrados en Villa Revol) para denunciar negociados y entablar un diálogo con las mayorías populares, evitando que les cortaran el suministro de energía por falta de pago.

Aquí tampoco hubo una dirección política que fuera más allá de denunciar el intento de vaciamiento y privatización del gobierno para ganarse a la población: una estrategia posible hubiera sido imitar a los electricistas franceses que hicieron una huelga de Robin Hood, cortando el servicio en los barrios más ricos de la ciudad donde viven los empresarios y devolviendo la energía a los barrios populares afectados por el tarifazo.

Ambos procesos, con direcciones diferentes pero una estrategia corporativa por igual, los dejaron aislados frente al ataque de todas las fuerzas políticas, judiciales, mediáticas que buscaban derrotarlos.

Hoy, bajo la excusa de la pandemia que se despliega en un escenario recesivo de la economía mundial, el ataque a las condiciones de los operarios municipales viene enmascarado con que al esfuerzo para enfrentar al coronavirus “lo hacemos entre todos”. Urge sacar conclusiones que permitan a los y las trabajadoras municipales, no cometer los mismo errores y exigir a las conducciones que no se limiten a la vía muerta de una justicia schiarettista, ni la defensa corporativa que los alejará del resto de la población.

Cuál es el campo de batalla en que se desarrolla esta pelea

El mote histórico de “privilegiados” que la patronal, los gobiernos y los medios agitan cada vez que la ocasión lo permite, no cae del cielo. Durante décadas, estos grandes gremios sostuvieron una política de defensa de sus propios derechos como empleados estatales. Esto les permitió sostener conquistas pero mientras tanto, el conjunto de la clase trabajadora era atacada por las leyes de flexibilización laboral que la sumergían en la precariedad.

Este tipo de política en aquellos gremios más poderosos, a la larga, fue debilitándolos; quedaron como “islas” (o “corporaciones”) y minaron sus propias bases, ya que allí también avanzaron las formas precarias de trabajo a través de contratados, monotributistas, becarios y empresas tercerizadas que proliferaron en escuelas, hospitales, áreas administrativas, etc. El pacto con los gobiernos para tolerar estos avances, juega en contra de su propia fortaleza como herramienta de la clase trabajadora y para la clase trabajadora.

Esto se explica porque las conducciones sindicales aliadas a los distintos gobiernos de turno (fueran radicales o peronistas) por acción u omisión, defendieron políticas laborales que no cuestionaron la flexibilización noventista y naturalizaron la precaridad que hoy alcanza al 40% de la clase trabajadora argentina y afecta especialmente a las mujeres. No es casualidad, tampoco, que hayan sido las propias conducciones gremiales las más alejadas del proceso de movilización de las mujeres por nuestros derechos: aún en gremios mayoritariamente feminizados, los cargos dirigentes siguen estando ocupados por varones. El caso del SEP en el orden provincial, como deja expuesta la crisis del sistema sanitario, es una de las muestras más cabales de esta política. Pero lo mismo puede observarse en educación, en el Banco de Córdoba, en todas las areas de la administración provincial.

¿Es tarde o aún hay tiempo?

¿Tienen los trabajadores y trabajadoras municipales posibilidad de pelear para defender sus conquistas ante el ataque que despliega el PJ cordobés con complicidad del gobierno nacional? ¿Hay chances de frustrar el curso de esta tarea que viene a terminar Llaryora, pero que empezaron Mestre y Schiaretti con los poderosos gremios cordobeses?

Mientras los distintos gobiernos han mantenido intactos los grandes negociados de la provincia (agronegocios, automotrices, alimentación, emprendedores inmobiliarios) se dedicaron a atacar sistemáticamente a los y las trabajadoras. Esta es una primera conclusión que se impone, inclusive para mirar críticamente a aquellos sectores progresistas como el kirchnerismo, que bajaron sus listas locales para llamar a votar a Llaryora y Schiaretti en las últimas elecciones. Todos privilegian los negocios del empresariado amigo, antes que los derechos de la clase obrera. El saludo de las cámaras empresariales por el recorte de Llaryora a los empleados, habla por sí mismo: dime quién te felicita y te diré qué intereses defiendes.

En el caso de la ciudad, el transporte o la recolección de residuos se llevan millones de pesos del presupuesto que van a parar a las arcas de empresas privadas cada mes. En el caso de la basura, significa hasta un 20% de la recaudación del municipio. Además, exigen permanentemente subsidios millonarios bajo el supuesto de que sus actividades “no son rentables”.

Si realmente esto es así, deberían empezar por abrir los libros contables donde asientan todas sus operaciones financieras y comerciales. Seguramente quedaría expuesto que un servicio que se paga al contado, como el transporte, no puede ser deficitario. Lo mismo con las empresas de limpieza contratadas a través de licitaciones truchas en las que nadie mira detrás de las distintas máscaras que esconde siempre al mismo patrón: son las propias trabajadoras y trabajadores quienes denuncian que el mismo empresario se declara sucesivamente en quiebra, hace renunciar a los empleados, cambia el nombre de la firma y los recontrata quitándoles derechos, por ejemplo a la antigüedad.

El caso de los servicios de limpieza que son estratégicos porque permiten que cada día las escuelas, hospitales, oficinas de la administración pública, bancos, fábricas, depósitos, centros comerciales estén listos y disponibles para desarrollar sus tareas es una muestra clara de esto y son cuantiosas sumas de dinero mensuales que paga la municipalidad a las tercerizadas de limpieza.

Denunciar los grandes negociados del municipio

Una política que pretenda ganarse el apoyo de las mayorías populares de Córdoba, debería comenzar por la denuncia de todos estos recursos que los empresarios amigos del intendente se llevan cada mes.

Recursos como los que la municipalidad deriva a pagar subsidios a las empresas del transporte (con Romero dueña del grupo ERSA, que concentra el 75% de las líneas de transporte urbano) podrían ser dispuestos a comprar insumos para el personal de salud de hospitales y dispensarios que vienen denunciando la falta sistemática de recursos. El dinero que la municipalidad se ahorraría del pago a LUSA (otra vez del mismo dueño de ERSA, Romero) o COTRECO, podrían ser destinados a que la segunda ciudad más grande del país tenga programas propios de asistencia para las mujeres en situación de violencia, más expuestas en la cuarentena.

Los y las trabajadoras municipales de las áreas de finanzas y contaduría, así como de los sectores que recaudan para el municipio, tienen a mano la información para desenmascarar quiénes son los empresarios que hacen negocios con el dinero de la población y por qué los ingresos del Municipio no alcanzan.

¿Por qué los trabajadores son esenciales?

Por otro lado, los y las trabajadoras municipales deben ganarse el respeto del conjunto de la población cordobesa, a partir de señalar cuáles son las tareas que realizan y con qué recursos cubren esa labor en condiciones cada vez más precarias: son los trabajadores del cementerio, por ejemplo, quienes denuncian que ni siquiera cuentan para esta pandemia con guantes, equipos protectores y barbijos apropiados (al igual que el personal médico) para tratar con las personas fallecidas por COVID-19. Pero no sólo eso; son los propios trabajadores quienes denuncian que lejos de atender al peligro sanitario que significa el enterramiento de quienes padecieron coronavirus, las fosas fueron dispuestas a escasos metros del paredón exterior del cementerio San Vicente, exponiendo a toda la población del barrio. Lo mismo podrían señalar los trabajadores de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. Son los propios empleados quienes desde hace años denuncian el mal estado y la falta de reparaciones de la planta que lleva a descargar la contaminación sobre el cauce del principal río de la ciudad, arrastrando la contaminación hasta la Laguna de Mar Chiquita.

Docentes de las escuelas municipales, enfermeros, médicos, personal de dispensarios y hospitales que, emplazados en barrios carenciados, atienden como pueden las necesidades de los sectores más vulnerables de la ciudad.
Pero además, son las propias demandas de esos sectores, así como la del 50% de la población trabajadora que lo hace en condiciones precarias, las que deberían ser tomadas como propias por estos gremios “poderosos”: la defensa de los monotributistas, becarios, contratados así como la de miles de trabajadores informales del comercio, la construcción, gastronomía, call center, trabajadores de las apps debería ser tomada en sus manos por el gremio de los trabajadores municipales.

La juventud precarizada viene de realizar en todo el país una gran acción que visibiliza sus tareas esenciales mientras son echados a la calle, o sufren rebaja de sus ya miserables salarios por parte de multinacionales como Mc Donalds o Burguer King, Glovo o Rappi.

Sin quebrar las décadas de división que el neoliberalismo impuso en las filas de toda la clase trabajadora, difícilmente los y las trabajadoras municipales puedan salvarse solos, cuidando su isla mientras se profundiza el mar de miseria a su alrededor y ellos conservan sus todavía buenas condiciones de trabajo.

Lejos de mostrar cuáles son las tareas que sirven a toda la población y al mismo tiempo, tomar en sus manos los reclamos de los sectores más precarizados de la clase trabajadora, la conducción del gremio optó por una estrategia, errada desde nuestro punto de vista, que habla de orgullo pero corre el riesgo de conformar sólo su propia base. Es poco probable de que la campaña #OrgullososDeSerMunicipales convenza a la población de que su rol es vital, máxime en un momento en que otra campaña de desprestigio (que medios y gobierno descargan ante las masas) cala y muy profundo. Para pelear en mejores condiciones, se vuelve imprescindible que otros trabajadores vean como propia la pelea que dan los trabajadores municipales, y consideren que sus reclamos son justos.

El Frente de Izquierda llevó un proyecto al Concejo deliberante para dejar intactas las condiciones de trabajo de los empleados municipales y propone gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de la ciudad, del mismo modo que Nicolás del Caño lo plantea a nivel nacional. La municipalidad tiene que anular los contratos incumplidos una y otra vez por ERSA, LUSA, COTRECO, AGUAS CORDOBESAS y cada una de las privadas que atienden los servicios del municipio. Además, debe imponer una tasa extraordinaria, como proponemos desde el Frente de izquierda, a las grandes superficies comerciales (de más de 5000m2) como las del Grupo DINOSAURIO de Bugliotti, CARREFOUR o WALMART de capitales franceses y norteamericanos respectivamente que no pararon un segundo de lucrar aún en plena pandemia.

A su vez, impulsamos que la Iglesia Católica que sigue siendo financiada por el estado municipal y provincial porque goza de eximiciones impositivas, sea sostenida por sus propios fieles. Hay que acabar con estos privilegios mientras la mayoría de la población no tiene que comer, vive hacinada en los barrios, y las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista porque no tienen posibilidades materiales de salir de la casa de su agresor.

Con un planteo como éste, podrían defenderse los derechos de los trabajadores de la municipalidad y obtener recursos para dotar de equipamiento e insumos al personal de salud o de los cementerios; garantizar un salario de cuarentena para quienes estén sin percibir ingresos como esos miles de jóvenes que trabajan en comercios, tiendas, o en la total informalidad de sectores que por la cuarentena están inactivos.

Sólo una perspectiva de lucha que se corra de la defensa corporativa y limitada de los intereses sindicales de los trabajadoras, para pensar en la penuria de las mayorías populares y transformarla en bandera, le permitirá a las bases de ese poderoso gremio local, desplegar un plan de lucha para defender sus conquistas.

Por último, pero no por eso menos importante, confiar en que el Ministerio de Trabajo de la Nación resuelva un diferendo con la provincia a favor de los trabajadores es sembrar falsas expectativas. Es el propio Ministerio de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández el que avaló los 1500 despidos de Techint, a pesar del Decreto de Necesidad y urgencia que los prohíbe.

Para llevar adelante esta perspectiva, es imprescindible que surjan comités de lucha en cada sector de trabajo (organizados con asambleas virtuales, si fuera necesario) que se ocupen de construir estrategias efectivas de unidad con la población, como por ejemplo, realizando ollas populares en cada CPC para unirse a las barriadas y que se hagan eco de este ataque, explicando por qué si los municipales pierden esta pelea, pierde el conjunto del pueblo trabajador. En estos comités, tendrían que debatir incorporar las demandas de pase a planta del personal contratado y tercerizado o monotributista, para unir las fuerzas del conjunto de los trabajadores municipales; organizar acciones en común con los jóvenes precarizados que están saliendo a las calles, y exigir que la municipalidad garantice el trabajo registrado en todos los bares y restaurantes y mejores condiciones para los trabajadores de delivery.

Medidas como éstas, irían forjando la unidad con otros sectores que le dé fuerza al conflicto para derrotar el ataque de Llaryora, a la par que sembrar las bases de la más amplia unidad obrero y popular para que esta crisis no la pague de nuevo la clase trabajadora con más desocupación, pobreza y degradación de las condiciones salariales y de trabajo.

Se vuelve necesario que en la pelea, los trabajadores y trabajadoras municipales, adopten una perspectiva de independencia política de los partidos como el PJ, UCR o el vecinalismo, porque son esos partidos los que una y otra vez han atacado a los gremios con poder de fuego en la provincia y la ciudad, para ir por todas las conquistas y el disciplinamiento del pueblo trabajador.







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