Internacional

COLOMBIA EN EL "POSCONFLICTO" (I)

Nueva FARC, nuevo reformismo

El Congreso de las FARC da cuenta del nuevo cuadro de “posconflicto” que va instalándose en el país, tras un largo y tortuoso proceso que culminó en el Acuerdo de La Habana. En un marco de crisis de progresismos en la región, la “reconversión” de la FARC en partido político legal, marca todo el proceso que la organización realiza degradando aún más el reformismo de su programa y su estrategia de conciliación de clases con la burguesía.

Lunes 4 de septiembre | 15:38

El sábado 2, un festival de multitudinaria asistencia clausuró las actividades del Congreso de las FARC. Tanto los 5 días de deliberaciones en un Centro de Convenciones en pleno centro de Bogotá, como este cierre, dan cuenta del nuevo cuadro de “posconflicto” que va instalándose en el país, tras un largo y tortuoso proceso que culminó en el Acuerdo de La Habana, avalado por Naciones Unidas y respaldado por las potencias imperialistas como salida a más de medio siglo de guerra interna. El Papa Bergoglio, arriba el miércoles 6 a Colombia para bendecir la “reconciliación” y en este marco, se espera el anuncio de un cese bilateral del fuego entre el ELN y el gobierno (que dialogan en Quito, Ecuador).

El Congreso en Bogotá selló la transformación de la antigua organización político-militar en partido político de existencia legal, constituyendo desde ahora la “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (con lo que conserva la sigla histórica de FARC que identificara a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). También adoptó como nuevo símbolo una rosa roja, similar al de la socialdemocracia española y francesa, pero con una estrella en el centro. Todo un indicador del programa y rumbo estratégico adoptados: mediante el desarme en los términos del Acuerdo de La Habana, consumar el tránsito del “reformismo armado” que las FARC supo encarnar, al reformismo a secas y la integración al régimen político colombiano bajo la bandera de “garantizar la paz”.

El contenido político del Congreso

Ese rumbo marcó la impronta, entre ocasionales frases “revolucionarias”, de la deliberación y resoluciones del cónclave fariano.
Las “Tesis de abril” preparatorias del Congreso, ya fijaban en su apartado 18 que los Acuerdos de La Habana marcan “un punto de inflexión histórica en la medida en que, por una parte, conducen a la superación del estado de excepcionalidad permanente y de guerra impuesto a lo largo de la historia del conflicto y en su lugar a abrirle paso a la posibilidad de tramitar los conflictos que le son inherentes al orden social vigente por la vía exclusivamente política. Y por la otra, abran la posibilidad de un ciclo reformista que de llevarse a cabo podrá desencadenar procesos hacia la mayor democratización política, económica y social del país. Se está frente a la perspectiva de emprender la transformación cultural más importante de la historia reciente: la construcción de una paz estable y duradera...” (Dejamos para una próxima nota la caracterización de ese “punto de inflexión histórica” y de tal “paz”, tan positivamente evaluados por la organización).

En consecuencia, según la vieja metodología stalinista, identifican la “contradicción principal” en la resistencia del bloque conservador aferrado al statu quo a aceptar cambios, y la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos en garantizar el proceso “de paz”; argumento para justificar la estrategia de sostener al “campo (burgués) de la paz” y subordinar a ello las luchas y demandas de los trabajadores y campesinos para no debilitar al gobierno “pacifista” ante sus adversarios.

Desde este punto nodal desprenden “la necesidad de un bloque popular alternativo (BPA)”; de “avanzar hacia una gran convergencia nacional” en torno a la paz, y de contribuir a “una gran coalición democrática” para garantizar el proceso.
Junto con la definición de propuestas programáticas que diluyen todavía más el programa reformista de las FARC, que ya hace largos años abandonaron su antigua bandera de una reforma agraria radical, esa es la lógica política enunciada ya en el informe de apertura: “contribuir a la construcción de una salida que en un momento inicial tenga la capacidad de derrotar las pretensiones de la derecha y la extrema-derecha de hacer trizas la reconciliación, definir la elección presidencial a favor de las fuerzas de la paz y de propuestas programáticas de reformas básicas frente a la difícil situación económica y social que afronta el país y de necesarios procesos de reforma institucional del Estado...”.

Esta política de reformas sin romper con el capital se sintetiza en la idea de un “gobierno de transición de gran coalición democrática y al mismo tiempo por un movimiento de movimientos de gran convergencia nacional”. Tras esta ampulosa fraseología, la nueva FARC profundiza la estrategia de colaboración de clases con el ala burguesa que apoya los Acuerdos de La Habana, como es la mayor parte de la coalición de centro derecha neoliberal en que se apoyó Santos. Bajo el manido argumento del “mal menor”, se subordinan las demandas y necesidades de los trabajadores, los campesinos, el pueblo pobre, para no debilitar ni asustar a la burguesía tenida por progresista.

En torno a la marcha del proceso

Otro tema de las deliberaciones fue el balance de la implementación del Acuerdo, donde las FARC reivindican su avance y aceptan que se cumplió en general con todo el marco normativo de la reincorporación. Sin embargo, deben reclamar por el retraso e incumplimientos en una serie de aspectos, entre ellos, que si bien el Estado liberó a unos 3.000 presos, aún quedan cientos de militantes y simpatizantes encarcelados. Por ello, se reclama que “debe culminar la liberación de los presos políticos vía amnistía y la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial de Paz.
Además, deben jugar las garantías para la actuación en política y los mecanismos de protección que obligan al Estado a intervenir eficazmente para detener la oleada de crímenes de orientación contrainsurgente a integrantes de las FARC, líderes populares y defensores de derechos humanos”
. En efecto, en los últimos meses fueron asesinados más de 20 ex guerrilleros o sus familiares de a manos de sicarios o paramilitares, ligados a sectores terratenientes, empresariales y del aparato del Estado y mafias del narcotráfico, han comenzado a incursionar en las regiones anteriormente bajo control guerrillero, amenazando a la población local y con ánimo de venganza.

Se reclamó también por el retraso en la implementación de una serie de garantías, no sólo políticas, sino económico-sociales para la reintegración de su militancia a la vida civil: “La perspectiva que tienen en mente sectores del establecimiento es la de nuestra disolución o desintegración, según sus experiencias de desmovilización, desarme y reinserción individualizada. […] nuestra visión de la reincorporación, descansa sobre nuestra constitución como partido político legal, pero también basada en un esfuerzo colectivo para la producción de una nueva economía política que hemos denominado economías sociales del común y que tiene ya su manifestación formal con la creación de ECOMÚN”. Obviamente, el temor a la desmoralización y desintegración de la base que hoy aguarda pacientemente en los “espacios de reincorporación” y el propósito de montar un aparato productivo legal para contenerlo es uno de los problemas que encara la dirección, si bien los Acuerdos contemplan un importante apoyo del Estado e internacional a los fines de la reinserción civil de los ex combatientes.

El proceso del “posconflicto” en su conjunto, como el aspecto específico de reinserción de los ex-combatientes, estará cruzado por constantes regateos y contradicciones. Obviamente, la burguesía en su conjunto tendrá el mayor interés en explotar a fondo la “rendición negociada” de la ex guerrilla lograda en los términos del Acuerdo de La Habana, buscando incluso recortar las garantías y compromisos asumidos para obtener su desarme y la recuperación del control estatal sobre los territorios en que ésta actuaba.

Nueva FARC en tiempos de crisis progresista

Ese trasfondo político fundamental del Congreso, como expresión de la “reconversión” de la FARC en partido político legal, marca todo el proceso que, como se ha dicho más arriba, la organización realiza degradando aún más el reformismo de su programa y su estrategia de conciliación de clases con la burguesía.
Esto, en una fase de crisis y retroceso del arco nacionalista y progresista, desde el chavismo al PT brasileño, al kirchnerismo argentino o la “revolución ciudadana” en Ecuador. De hecho, puede considerarse a las FARC, en el último período, como una expresión “anómala” del reformismo mientras duró la guerra interna que los enfrentaba armas en mano al régimen político colombiano. Ahora se replantean los términos de su proyecto político y de su reinserción en la izquierda, y aparecen tensiones y posiblemente, diferentes respuestas internas que pueden minar el tradicional verticalismo del “partido-ejército” de matriz estaliniana, ante la encrucijada de distintas variantes políticas: ¿más cercanos al partido comunista? ¿más socialdemócratas? ¿o más próximos a los “neoreformismos” inspirados en PODEMOS, Siryza y otros “frentes amplios? Algo de esto sugieren el debate en torno al nombre (votado sólo por mayoría simple, ante otras alternativas como “Nueva Colombia”) y las diferencias en intervenciones de los sectores urbanos y rurales de la organización.

La próxima fase, enmarcada por la primera fase del “posconflicto” y la coyuntura preelectoral hacia las elecciones de marzo y mayo de 2018, irá definiendo la dinámica de la nueva FARC, que será un actor político importante en el nuevo escenario “posconflicto”, con el haber de varios miles de militantes y simpatizantes, inserción social en algunas regiones rurales, dueños de importantes recursos, del historial político y militar de medio siglo y del posicionamiento logrado como interlocutores del Estado y firmantes del Acuerdo de La Habana, pese a lo incómodo que todavía resultan como eventuales “socios” para los distintos proyectos políticos en discusión.

En la reconfiguración del mapa político colombiano en el posconflicto y de cara a las elecciones de 2018, en el camino del que se delinean tres grandes campos: el del centro derecha, que apoya los Acuerdos y es heredero de Juan Manuel Santos, el de la derecha dura, que los critica e incluso apunta a revisar algunos aspectos por considerarlos demasiado “generosos” hacia las FARC, y un campo progresista, en el que confluirían centroizquierdistas y reformistas. A éste último aportaría también la nueva FARC. Es lo que enunció su congreso y es a lo que aspira, por ejemplo, el viejo Partido Comunista Colombiano, que celebra la coincidencia en la política de “una convergencia muy amplia, más allá de la izquierda”, es decir con sectores burgueses, y se propone estrechar lazos en la perspectiva de “unidad de los comunistas” al servicio de la colaboración de clases, para ayudar a instalar en la Casa de Nariño y sostener al que consideren digno sucesor del neoliberal Santos (pero “amigo de la paz”, eso sí) en el timón del Estado burgués.

No es ésta la izquierda que necesitan los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia. Hace falta una izquierda obrera y socialista, que se plante desde la independencia de clase ante toda variante burguesa, única manera de aportar una estrategia de desarrollo y unificación de la movilización obrera, campesina y popular para enfrentar al plan económico capitalista, acabar con la impunidad y el paramilitarismo y derrotar de conjunto al reaccionario, proimperialista y corrupto régimen político burgués.






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