Géneros y Sexualidades

PUNITIVISMO

[Video] No en nombre de Micaela (ni de ninguna)

La conmoción por el femicidio de Micaela García y la cuestionable conducta del juez interviniente condujeron el debate sobre la violencia contra las mujeres, al estrecho callejón del Derecho Penal. El discurso reaccionario de la derecha política siempre se cuela, aprovechando el dolor por las víctimas para fortalecer su opción punitivista al combate de la opresión patriarcal.

Andrea D'Atri

@andreadatri

Martes 11 de abril | Edición del día


Femicidio Micaela García: no en su nombre (ni de ninguna) - YouTube

Foto: Movilización del 8 de marzo en Buenos Aires (Enfoque Rojo)

Un nuevo femicidio y ya perdimos la cuenta. La violencia contra las mujeres, seguida de muerte, se ha convertido en algo cotidiano, pero no por eso se nos hace rutina intrascendente. Más bien nos duele con rabia. Y la rabia fortalece nuestras convicciones para enfrentar este orden social que apesta. Mientras exigimos justicia para Micaela, seguimos organizándonos porque sabemos que sólo con nuestra lucha podremos dar pasos en ese sentido.

Sin embargo, el debate sobre cómo enfrentar la violencia contra las mujeres, vuelve a amplificarse en los medios que, apenas dando vuelta la página o en la tanda horaria que sigue al noticiero, sin contradicciones ni remordimientos, revelan detalles innecesarios de las vidas de las víctimas o exponen a otras mujeres como objetos. Se discute si hay que aumentar las condenas a los violadores, si hay que crear un registro genético, si hay que establecer la pena de muerte para determinados delitos o la castración química para impedir nuevas víctimas: argumentos vehementes reducidos al estrecho callejón del Derecho Penal. La violencia patriarcal es utilizada, políticamente, para legitimar el discurso reaccionario punitivista.

De lo social a lo penal

Primero se redujo el significado de "opresión patriarcal" al de "violencia machista" y luego se resignificó aquella definición de las condiciones históricas y sociales de la discriminación y subordinación colectiva de las mujeres en las sociedades atravesadas por la división de clases, exclusivamente como "violencia". El grupo social sobre el que se ejerce esa violencia no puede ser más que uno constituido por víctimas. Víctimas de otro grupo social constituido por agresores. La opresión de las mujeres deja de ser un asunto social, para transformarse en un asunto penal.

El patriarcado, el Estado, el sistema capitalista, la heteronormatividad fueron reemplazados por un sujeto individual, hombre: el agresor. Las mujeres que se rebelen contra ese orden social y cultural de la dominación patriarcal, carecerán de voz o adquirirán un estatus de sujeto, individualmente, sólo si admiten presentarse como víctimas.

La sociedad quedará dividida entre potenciales víctimas y potenciales agresores. Y eso permite que el Estado (capitalista-patriarcal), que legitima, justifica y reproduce la opresión de las mujeres mediante la discriminación laboral y salarial, la negación de derechos democráticos elementales como el de la interrupción voluntaria del embarazo, la coparticipación directa o indirecta en las redes de trata, etc., pueda ofrecer a las víctimas, la posibilidad de una retribución privada avalada socialmente, en los Tribunales. Y, por supuesto, eximirse de responsabilidades.

La lucha contra el patriarcado es una lucha política

Cuando se aisla el fenómeno de la violencia contra las mujeres de la opresión sobre nuestro género, del sistema de explotación en el que se desarrolla esa opresión y de las instituciones del régimen social y político que la legitiman y reproducen, lo único que se garantiza es la despolitización. Lo que le sucede a las mujeres deja de ser un asunto político, se trata de un delito, un accionar ilegal de un individuo agresor contra una víctima también individual. Entonces el Estado nos sugiere el camino de la "venganza personal", pero tercerizada por las instituciones de la Justicia que imparte la clase capitalista y su régimen de dominio, en el cual -paradójicamente- encuentra su fundamento la violencia de la que somos víctimas.

Exigimos justicia para Micaela y para todas y cada una de las víctimas de femicidio. Pero al mismo tiempo, no permitimos que en su nombre e hipócritamente, los mismos gobiernos, funcionarios políticos, legisladores y jueces que niegan libertades y derechos elementales a las mujeres, avancen en el fortalecimiento del aparato punitivo del Estado que -como sabemos-, por más que nos presente algunos "casos ejemplificadores", siempre termina descargándose contra los sectores más vulnerables o contra quienes luchamos por derrocar este orden social que apesta.






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