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AJUSTE Y REPRESIÓN

Nicaragua: Ortega anuncia que revoca la reforma previsional, tras protestas y más de 30 muertos

Daniel Ortega no pudo frenar las protestas con la salvaje represión. Este domingo, con más de 30 muertos a manos de la policía, los grupos de choque y el ejército, anunció que revocó el decreto presidencial.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Domingo 22 de abril | 09:19

Durante los últimos siete días, la situación política en Nicaragua se puso al rojo vivo. El 17 de abril, el presidente Daniel Ortega firmó el decreto ejecutivo 03-2018, que establecía reformas en el Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS), mandatadas por el Fondo Monetario Internacional: aumento de las cotizaciones de trabajadores y empleadores, y deducción del 5% en las pensiones, con efecto retroactivo. Esto detonó protestas en la capital, Managua, y en todo el país, protagonizadas por la juventud estudiantil y sectores populares. El domingo por la tarde, el gobierno anunció que “se revocaban” las reformas, y volvió a atacar duramente a los manifestantes, llamándolos “pandilleros”.

El ataque a las jubilaciones en Nicaragua, no es un caso aislado en la región y el mundo. En Argentina el gobierno de Mauricio Macri implementó una reforma al sistema de pensiones y en Brasil el golpista Temer buscó hacer lo mismo. Las contra reformas contra el sistema de pensiones son parte de una política que impulsan los gobiernos y una exigencia de los capitalistas en todo el mundo.

Ante el aumento del promedio de la edad de vida los empresarios buscan aumentar sus ganancias, por ejemplo aumentando la edad jubilatoria mientras implementan políticas que rebajan al mínimo las pensiones.

El giro derechista del “progresismo” sandinista

En el 2016 la fórmula que Daniel Ortega compartió con su esposa Rosario Murillo obtuvo el 70% de los votos. Este resultado permitió la tercera presidencia consecutiva del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), beneficiándose de la división de la derecha conservadora y de un crecimiento económico promedio del 5% desde el año 2011, debido al auge de las materias primas y las exportaciones a los Estados Unidos. Aunque esto permitió reducir algunos de los índices sociales más escandalosos y desarrollar determinados programas de asistencia social, a fines del 2017 un tercio de la población vivía en la pobreza, con una gran precarización laboral y bajos salarios de los que se beneficia la patronal nicaraguense y las empresas extranjeras, en particular en las llamadas zonas francas.

Durante los sucesivos mandatos y particularmente en los últimos años, Daniel Ortega dejó de lado la retórica izquierdista del pasado, concentró el poder político y una creciente influencia y beneficios económicos para su familia, apelando a métodos autoritarios contra las libertades democráticas y represión sobre los movimientos de protesta. Esto a la par que se favorecían los intereses de la burguesía, actuando su gobierno como administrador de los negocios capitalistas en el país. Eso fue expresión del giro a derecha que se dio en los últimos años en los proyectos llamados progresistas en nuestra región, como el que pretendía encarnar Ortega y la administración del FSLN, que asumió así un curso fuertemente bonapartista.

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En los años previos, el gobierno utilizó la represión abierta para hacer frente a la lucha de diversos sectores. Fue el caso de los campesinos que protestaban en distintas provincias en defensa de sus tierras contra el multimillonario proyecto de canal interoceánico. O en el 2013, frente al movimiento #OcupaINSS, protagonizado por sectores de la juventud, el cual fue también duramente reprimido y que precedió a las recientes protestas.

Las movilizaciones juveniles enfrentan el ataque neoliberal

La reforma decretada por el gobierno de Ortega responde a las “recomendaciones” de los organismos financieros internacionales como el FMI. Si bien en los papeles parecería afectar también a las patronales, el hecho es que las mismas tienen garantizada la devolución del incremento de aportaciones por la vía de distintos mecanismos fiscales. No así en el caso de los aportes de los trabajadores, a lo que se suma la retención del 5% a los jubilados y pensionados.

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A partir del anuncio del decreto presidencial, se desarrollaron la protestas y la represión. Un mitín de los estudiantes en la Universidad Centroamericana (UCA) fue atacado por fuerzas de choque de la Juventud Sandinista con palos y piedras. Las movilizaciones se extendieron a la Universidad Nacional Agraria (UNA),la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y otras casas de estudio. Lejos de limitarse a Managua, se multiplicaron en otras ciudades del país: León, Masaya, Estelí, Jinotega, Granada y Matagalpa. Un indicador de la creciente impopularidad del gobierno, es que muchas de estas protestas se concentraron allí donde el Frente Sandinista obtuvo gran apoyo en el pasado.

El gobierno no se contentó con utilizar a la policía -secundadas por los grupos de la “juventud sandinista”-, sino que desplegó al ejército en varias ciudades. A pesar de la sangrienta represión -que provocó una treintena de muertos- las protestas le abrieron una importante crisis política al gobierno de Ortega. Amenazaban escalar y sumar a sectores que todavía permanecían pasivos, en particular a la clase trabajadora y el campesinado pobre.

Ante eso, el sábado Ortega manifestó que su único interlocutor eran los empresarios, a los cuales llamó al diálogo junto al cardenal Leopoldo Brenes. Mientras tanto, desde los canales de televisión afines al gobierno los saqueos eran presentados como impulsados “por la derecha”.

La patronal, congregada en el Consejo superior de la Empresa Privada (COSEP), venia de una larga relación “de consenso” con el gobierno. Desde que iniciaron las protestas contra la reforma al INSS, se distanció de aquel y propuso el “dialogo”. El viernes 20, ante la profundización de las mismas, demagógicamente “exigió” a Ortega que frene la represión como condición para sentarse a negociar. El empresariado quería erigirse en el interlocutor del gobierno y a la par ganar simpatía entre los sectores populares descontentos con la reforma. Su objetivo era contener la crisis y resguardar la ”estabilidad” bajo la cual el actual gobierno le garantizó sus ganancias y las de las transnacionales imperialistas.

Ante la gravedad de la situación, el propio Papa Francisco llamó al diálogo al gobierno, lo cual fue secundado por la jerarquía eclesiástica nicaragüense, que también se puso al frente de la satanización de los “violentos”.

En un sentido similar al Vaticano se expresó el Departamento de Estado estadounidense. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmó en un comunicado que "Estados Unidos llama a un diálogo amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual".

El domingo 22, en un discurso donde comparó a los manifestantes con “pandilleros”, Ortega anunció que “se echaba atrás” el decreto ejecutivo. La profundidad de la crisis, el peligro de que una mayor represión incendie el país, dictó este aparente retroceso coyuntural del gobierno. Sin embargo, Ortega ya adelantó que “buscaremos otras formas de darle estabilidad financiera al sistema de pensiones”. La mesa de diálogo con los empresarios y la Iglesia evidentemente pretende una salida “consensuada” para recargar sobre las espaldas de los trabajadores y los pensionados la crisis del INSS.

Ante eso, es fundamental luchar contra toda medida regresiva sobre las conquistas del pueblo trabajador y de los jubilados, y para que sean los de arriba los que paguen la crisis del sistema de pensiones que ellos mismos provocaron. Para enfrentar éste ataque y los que vengan, es fundamental impulsar la unidad y la movilización conjunta de trabajadores, jóvenes y el conjunto del pueblo pobre, contra el gobierno de Ortega y la patronal, con independencia de la derecha conservadora y proimperialista.







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