Política Chile

POLÍTICA NACIONAL

Negocio y religión, las armas del gobierno de Piñera contra las mujeres

Continúa el debate alrededor del reglamento dictado por el MINSAL. La objeción de conciencia viene a limitar aún más la ley de aborto en tres causales y a reafirmar el peso de la iglesia y los empresarios sobre los cuerpos de las mujeres, limitando nuestro derecho a decidir.

Bárbara Brito

Dirigenta nacional de Pan y Rosas, y ex vicepresidenta FECH (2017)

Jueves 29 de marzo

Las dos caras de la derecha ya no pueden ocultarse. Mientras en plena legislación de la ley de aborto en tres causales se pronunciaron contra el derecho al aborto citando a líderes religiosos y planteando el problema desde la óptica moral; hoy afirman en la página oficial del Ministerio de Salud, que “la decisión de modificar el protocolo no fue tomada en base a una aproximación valórica, sino para hacer valer la necesidad imperiosa de mujeres que tienen que ser trasladadas a la atención privada por temas de salud obstétrica.”

Francisco Chahuán plantea que no modificar el protocolo dejaría a 1500 mujeres sin atención gineco-obstetra, Emilio Santelices habla de 600 y 700 mujeres “que tienen que ser trasladadas al sistema privado a unidades de neonatología, para poder resolver problemas críticos que son de vida o muerte, tanto para ellas como para los recién nacidos. De no realizarse estos traslados, dado que nuestro sistema carece de 900 camas de neonatología, estas mujeres y sus hijos podrían fallecer”.  

El problema se abrió luego de la amenaza que hicieron instituciones privadas como la Clínica de la Universidad Católica de abandonar la prestación de servicios al Estado antes de abandonar la objeción de conciencia y realizar un aborto, dejando en evidencia que la decisión sí fue tomada por “aproximaciones valóricas” a las instituciones objetoras de conciencia, y que lo hicieron vía todo un engranaje que parte del gobierno, sus partidos y los empresarios de la salud a quienes defienden y para quienes legislan; la iglesia, el gobierno y los empresarios contra el derecho de las mujeres a decidir.

La Universidad Católica prestó el sustento ideológico y la lucha de ideas, diversos empresarios amenazaron con cerrar sus negocios dejando a cientos de mujeres en la calle y el gobierno dictó.

La objeción de conciencia y la Nueva Mayoría

Primero, la ley fue mermada por diputados de la Democracia Cristiana quienes limitaron el alcance del proyecto reduciendo el límite de semanas en las que las menores de edad pueden realizarse un aborto; el segundo y gran problema fue impuesto por la derecha y sectores de la Democracia Cristiana tras el ingreso de la objeción de conciencia al Tribunal Constitucional, siendo además aprobado. Buscaron que las instituciones pudieran ser objetoras de conciencia y, además, ampliarla como derecho de los médicos cirujanos al conjunto del equipo médi co.

Pero el que la derecha haya logrado este objetivo no fue sólo obra de su audacia, sino de la Nueva Mayoría que, a través de negociaciones en el parlamento con la derecha, dejó en manos de un reglamento dictado por el MINSAL su implementación, haciendo que el reglamento dictado en el gobierno pasado fuera fácilmente reversible, tal como dice la ley: “Art. 119 ter. : El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores”.

Hoy la derecha se afirma en el legado de Michelle Bachelet: en la objeción de conciencia, que no debería correr como principio para un tema que tiene relación con la salud pública y no con creencias religiosas; y en la apertura de la implementación de la objeción de conciencia dejada en manos del MINSAL.

El aborto es un problema de salud pública

El reglamento dictado por el Ministerio de Salud viene a atacar aún más el derecho de las mujeres a decidir. Y si bien la ley actual es acotada y responde sólo al 3% de los casos de aborto clandestino que ocurren en Chile, fue una conquista del movimiento de mujeres organizado en las calles, en nuestros lugares de trabajo y estudio.

La única salida al debate actual respecto a la objeción de conciencia es reafirmar que el derecho al aborto es un problema de salud pública. Quiéranlo o no los amantes de la moral católica, son miles las mujeres que abortan en condiciones precarias, poniendo sus vidas en riesgo. La solución no es ocultar esa realidad, sino fortalecer el sistema de salud pública ampliando su infraestructura y servicios gineco-obtétricos para que la decisión pase enteramente por las mujeres y no por la imposición de la derecha, la iglesia y los empresarios de la salud.

Hasta ahora el Frente Amplio se ha limitado a denunciar el reglamento, sin ninguna crítica a la Nueva mayoría y sin aprovechar el debate abierto para plantear con claridad el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito y, junto con ello, el fortalecimiento del sistema público de salud para no responder más a las presiones de privados.

Desde Pan y Rosas Teresa Flores hacemos un llamado a organizarnos en comisiones de mujeres en nuestros lugares de trabajo, a salir a las calles junto a las y los trabajadores y luchar por la legalización del aborto en todas sus causales, para que toda mujer que quiera abortar lo pueda hacer en buenas condiciones, sin poner en riesgo su vida y salud.

Junto con ello, peleamos por un sistema de salud público, gratuito y administrado por las y los trabajadores financiado en base a la renacionalización del cobre y los recursos naturales bajo control de los trabajadores.






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