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Muertes obreras: los números negros de la desidia patronal

Este viernes fallecieron por lo menos cuatro trabajadores en el país. Un genocidio silencioso que en 2015 se cobró casi 800 vidas. Gobierno y empresarios hablan de “bajar costos laborales”.

Sábado 10 de septiembre de 2016 | Edición del día

Foto: DYN

Durante el día de ayer, cuatro trabajadores fallecieron a raíz de la desidia empresarial. En General Alvear, Mendoza, un hombre de 50 años perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer de una tarima. Estaba realizando reparaciones en el predio de la Universidad Cooperativa, era trabajador municipal. En el barrio porteño de Villa Crespo, falleció un obrero de la construcción luego del derrumbe de una medianera, que tenía una denuncia por irregularidades hace meses. Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) murió a causa de quemaduras, que eran resultado de una explosión en la sede de Castelar; la misma que el presidente Macri visitó en julio pasado. Finalmente, engrosando este trágica lista, un electricista de la línea 60 fue aplastado por una unidad como resultado de la ausencia de las medidas de seguridad correspondientes. No sobrevivió.

Los cuatro casos que salieron a la luz son la expresión más brutal de las condiciones laborales paupérrimas que, día a día, soporta la clase obrera. Constituyen además, la contracara de las ganancias millonarias que las patronales embolsan.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sólo en 2015 fallecieron 792 trabajadores. La cifra es escalofriante. Además, según el informe oficial de 2014, se constataron 670.000 accidentes y enfermedades laborales al año. En el sector de la construcción, hubo 67 muertes. No está demás señalar que se trata de uno de las ramas donde los niveles de informalidad y trabajo en negro están entre los más altos.

Si se hace un breve repaso de las causas, se constata que la mayor parte de las veces, los llamados “accidentes” surgen de problemas evitables, producto de la falta de indumentaria apropiada y medidas de higiene o seguridad así como a los ritmos intensivos que dictan las necesidades de productividad de las patronales.

Un repaso lo evidencia: 178.574 accidentes fueron a causa de pisadas; 130 mil por caídas; 84.342 por “esfuerzo excesivos”; 22.579 por caídas de objetos; 7.875 por “exposición a temperaturas extremas” y 1.301 por “exposición a la corriente eléctrica”. También se produjeron otros incidentes por choques y golpes de objetos.

El promedio de edad de los afectados es de 36,5 años (con una preponderancia de los trabajadores entre 20 y 24 años) principalmente en los centros urbanos. Por otro lado, 60.446 de los mismos sufrieron una incapacidad permanente a posteriori. En su mayoría, debido a “posiciones forzadas y gestos repetitivos”, en obreros de 10 o más años de fábricas. Un 71,5% de ellos trabaja en “empresas manufactureras” de magnitud, construcción y transporte.

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El mismo organismo -dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- mostró a su vez que, entre el año 1996 y 2014, 16.891 trabajadores registrados perdieron su vida a causa de “accidentes” laborales. Teniendo en cuenta que las cifras dejan por fuera a los trabajadores “en negro” (que soportan las peores condiciones laborales), el número se supone mucho más alto.

En 2015, los salarios pagados por días no trabajados a causa de accidente o enfermedad, representaron $7,6 mil millones de pesos. Esta cifra es menor a lo que deberían poner las empresas si invirtieran en mejoras en maquinaria, herramientas o capacitación, que salvarían miles de vidas. Para ellos, la salud de los trabajadores es la variable de ajuste.

Pidiendo “bajar costos”

En 1996, el menemismo sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) que aún rige, la cual dispone que, a cambio del pago de una indemnización y de la contratación de una ATR, los empresarios directamente se lavan las manos de la responsabilidad por los “accidentes”, independientemente de su culpabilidad.

Por otro lado, la “ley De Mendiguren”, sancionada por el kirchnerismo en el 2012, limitó abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones.

Cabe destacar que una parte significativa de estos juicios se refiere a enfermedades laborales no reconocidas por la ART ni por las Comisiones Médicas (para quienes la mayoría de las enfermedades son preexistentes, inculpables y casi nunca “laborales”).

En los últimos meses se ha acentuado una tendencia que ya existía en el ciclo kirchnerista. Los medios de comunicación ligados al macrismo y las cámaras empresariales, se han dedicado a escribir editoriales exigiendo una mayor regulación que permita bajar lo que definen, cínicamente como “la industria del juicio”.

Se trata, nada más y nada menos, de los juicios laborales que emprenden los trabajadores ante accidentes de trabajo o enfermedades directamente no reconocidos por las patronales y aún por la misma legislación vigente.

“Tiempo de reflexión para las ART” y “La ‘industria del juicio’ golpea a las pymes”, fueron algunos de los titulares recientes de La Nación. El Cronista Comercial, vocero de la UIA, hasta ha impulsado un “Foro de Recursos Humanos” donde los CEO de firmas como Pan American Energy, Newsan, el Grupo Superveille y Unilever, junto con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y abogados de empresas, debatían en torno a la “mejora de la productividad”, la “reducción de la conflictividad” y los litigios en las fábricas.

Efectivamente, la llamada “reducción de la litigiosidad” viene siendo una de las principales preocupaciones del Gobierno y el gran capital. Según La Nación (07/09/2016), Cambiemos se debate entre introducir modificaciones en el régimen de ART mediante un decreto de necesidad y urgencia (que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ya tendría bajo su manga) o a través de un proyecto de ley.

Aunque nadie se sorprendería si Cambiemos se valiera de otro DNU en contra de los trabajadores y en favor de los empresarios, el Gobierno parece estar buscando vías de negociación.

El viernes de la semana anterior tuvo lugar una reunión entre el Gobierno y la CGT reunificada. Allí, el ministro de Trabajo planteó proyectos para fomentar la precarización laboral (a través del Plan Primer Empleo) y modificar el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Ante los medios, Triaca calificó la reunión como “productiva”, “madura” y “profunda”.

Avanzada patronal sin respuesta

Pese que el triunvirato cegetista se llena la boca con las palabras “paro nacional” y hasta dejó entrever la posibilidad de una acción que sería definida el 23 de este mes (durante su congreso confederal), no hay nada confirmado aún. Algunos, como Armando Cavalieri, ya llamaron a "dosificar los esfuerzos". "Tenemos tres años más para hacerle muchos paros a Macri", dijo el jefe de Comercio.

Hasta ahora, las cúpulas sindicales han dejado pasar todos los ataques. No sólo permanecieron inmóviles frente a los despidos, las suspensiones y los recortes salariales, sino que apañan la desidia patronal y estatal que resulta diariamente en accidentes y muertes obreras.

En 2015, mientras los trabajadores de la Línea 60 se encontraba en conflicto, el jefe de la UTA, Roberto Fernández (quien supo ser menemista y luego kirchnerista), planteó cínicamente: "es un juego político de la izquierda, que quiere un muerto y le interesa instalar el quilombo". Como parte de una burocracia ajena a los padecimientos de la clase obrera, nunca se preocupó por la instalación de medidas de seguridad y nada dijo sobre la muerte del electricista ocurrida en el día de ayer. Demuestra, de esta forma, ser parte de una casta con intereses propios, cómplice de un genocidio silencioso al que sólo la organización independiente y democrática de los trabajadores puede poner fin.








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David Ramallo   /    Obreros   /    Empresarios   /    Trabajadores   /    Movimiento obrero   /    Sindicatos   /    Mundo Obrero

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