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Ministra de salud se asigna millonario bono de "incentivo al retiro"

La Ministra de salud, quien recibe el sueldo de 7,9 millones de pesos, el más alto del sistema de salud publica, se asignó un millonario bono que encendió las alarmas de los medios de comunicación y de los diversos actores políticos, por estar contemplado el bono en una ley que ella misma tramitó.

Joaquín Romero

Militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios

Jueves 8 de febrero

Un escándalo político que se suma al complicado cierre de la administración de Bachelet en medio de las polémicas de la denominada "Operación Huracán", ha sacudido la aparente apacibilidad del verano al destaparse la autoasignación por parte de la Ministra de Salud Carmen Castillo, de más de 80 millones de pesos con el denominado "bono de incentivo al retiro" amparado en una ley que ella misma tramitó en el Congreso.

Castillo se ampara en la ley 20.921, que en su Artículo 1° señala el beneficio de un bono por retiro voluntario a los funcionarios de planta y a contrata que ejerzan funciones en el Ministerio de Salud. Esta bonificación "será equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados en alguno de los organismos señalados en el inciso primero, con un máximo de once meses"

Se suma a la polémica el hecho de que como su sueldo bruto -incluyendo asignaciones especiales- se alza sobre los $7,9 millones y nadie gana más que ella en el Minsal, se estima que recibirá un bono de $80 millones que tal como consigna la ley, “no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a descuento alguno”.

Así es como la ministra aprovecha los beneficios de una ley que ella misma impulsó y firmó. A pesar de que en octubre pasado retiró su postulación, debido a las fuertes críticas que en ese momento suscitó dicha postulación al beneficio, sin embargo en enero su nombre volvió a aparecer en la lista de personas que postularon a la segunda convocatoria de 2017.

El caso se enmarca a un cuestinamiento de los altos salarios que reciben los funcionarios políticos del Estado, donde sus privilegios y ganancias millonarias se han probado como una clara fractura entre representantes y representados, como senadores y diputados, que no se condice con la realidad de los miles de trabajadores del servicio público de salud ni las precarias condiciones laborales en las que se desempeñan.






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