Sociedad

#NO AL SILENCIO

Ministeriales habían amenazado de muerte al periodista Daniel Castro

Edgar Daniel Esqueda Castro, fotoperiodista y brigadista voluntario del sismo del 19 de septiembre, recibía amenazas de muerte por parte de la Policía Ministerial. Denunció esto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH. El 5 de octubre Policía Ministerial irrumpió en su casa en San Luis Potosí y horas más tarde apareció asesinado.

Lunes 9 de octubre | 23:38

El jueves 5 de octubre interrumpieron la casa de Daniel Castro agentes del ministerio público. Horas más tarde fue hallado cerca del aeropuerto de la capital de San Luis Potosí, con señales de tortura.

Este fin de semana fue despedido y sepultado en el panteón Jardines del perpetuo Socorro en la colonia El Obraje por familiares, colegas e integrantes de la brigada de rescate urbano en la que participo varios días en el edificio de Álvaro Obregón 286 de la Ciudad de México.

No se mata la verdad asesinando periodistas

El gobierno quiere criminalizar a Daniel Castro: intenta crear un vínculo entre el reportero y el narco. Sin embargo, tanto sus familiares como colegas sabían que recibía amenazas de muerte y que incluso puso quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Ante los rumores que hace correr el gobierno su madre replicó:

“Mi hijo no pertenecía a nada de lo que lo quieren involucrar, muchísima gente lo conoce y saben que él no era de ninguna delincuencia”.

También mencionó que la última amenaza que recibió fue hecha el miércoles 4 de octubre, la víspera de que varios hombres que dijeron ser ministeriales allanaron su casa para entrar por él.

Desde 2015 Daniel Castro recibía amenazas de muerte y en junio del 2017 presentó una denuncia en la CEDH. En ésta nombraba dos nombres en clave de agentes de la Policía Ministerial Aries y Zeus, quienes pretendieron impedir que tomara y publicara fotografías de sucesos delictivos a los que acudió a realizar cobertura periodística.

Ante esto la CEDH emitió sólo recomendaciones dirigidas al comisario de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, para garantizar su seguridad personal. Así dio vista de la queja el comisionado de la Policía Ministerial, Castillo Celestino, quien entregó un informe en el que rechazó la acusación hecha por el fotoperiodista y notificó a la CEDH que aceptaba las medidas de recomendación de protección.

Jorge Andrés López Espinosa, presidente del organismo, declaró en entrevista que “En este caso las medidas fueron que se abstuvieran de molestarlo cuando él realizaba su trabajo, porque él lo que refiere en su queja es que cuando va a cubrir eventos de índole delictiva, tiene desencuentros con policías ministeriales” y que “El mecanismo normalmente no informa a las comisiones estatales cuáles son las acciones que ellos realizan de protección”.

Al enterarse de asesinato la CEDH volvió a presentar medidas cautelares ahora para la familia de Daniel Castro que fueron solicitadas a la Policía Estatal, a la Procuraduría de Justicia.

Alto a la violencia contra periodistas

Daniel Castro es el décimo reportero asesinado en lo que va del 2017. Cunde la indignación entre familiares y el gremio. Se evidencia la omisión de la CEDH, una institución cuya función es lavarle la cara al gobierno, pero que no hizo nada ante las amenazas de muerte que recibió el periodista. Se evidencia también la política gubernamental de silenciar a los periodistas que denuncian sus acciones.

Mientras tanto, las autoridades pretenden contener todo el descontento con gestos inútiles. Ahora, Federico Garza Herrera, titular de la PGR estatal, declaró que envió a personal especializado para darle continuidad a la investigación del asesinato.

Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se sumó a las condenas por el asesinato del fotorreportero Édgar Daniel Esqueda Castro, en San Luis Potosí, y llamó a las autoridades a realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el caso, así como definir si en él estuvieron involucrados funcionarios públicos.






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