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Miles marcharon en repudio al robo y las amenazas al GIAF

La lluvia torrencial y el mal tiempo de ayer no acorbardó a las miles de personas que marcharon por las calles de Montevideo para repudiar el robo al laboratorio del Grupo de Antropología Forense (GIAF) que trabaja en la búsqueda de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, ocurrido durante el feriado de la semana de turismo.

Karina Rojas

Pan y Rosas Uruguay

Sábado 2 de abril de 2016 | Edición del día

La lluvia torrencial y el mal tiempo de ayer no acorbardó a las miles de personas que marcharon por las calles de Montevideo para repudiar el robo al laboratorio del Grupo de Antropología Forense (GIAF) que trabaja en la búsqueda de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, ocurrido durante el feriado de la semana de turismo.

La movilización fue convocada por una importante cantidad de organismos de Derechos Humanos como Madres y Familiares de Desaparecidos, Crysol, Serpaj, Fundación Mario Benedetti, entre otros, a la que se adhirió la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y el PIT-CNT. La misma partió de la sede del GIAF en Paysandú y Magallanes, a la vuelta del edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y culminó en la Plaza Libertad.

Al grito de “se va a acabar la impunidad en el Uruguay” miles de jóvenes estudiantes de distintas facultades y liceos, trabajadores y trabajadoras y familiares marcharon bajo una copiosa lluvia, en repudio al atentado. Todos coincidían en afirmar que fue perpetrado por profesionales que sabían perfectamente dónde estaba toda la información que reúne el trabajo realizado desde 2005.

En la marcha se vivió un clima de lucha, de repudio y también se logró expresar que el miedo – algo que quieren infundir al movimiento que pelea por Verdad y Justicia – no va a doblegar esta lucha que lleva años.

En el robo se llevaron archivos de papel y un disco duro. Los autores además marcaron en un mapa colgado en la pared los domicilios de cada uno de los investigadores que integran el equipo , en una clara actitud de amenaza.
Según han informado las autoridades de la Facultad de Humanidades y de Presidencia de la Republica – que mantienen un convenio para la búsqueda de los restos de los desaparecidos en los batallones militares – la información que se robó era muy importante, y en muchos casos no tenía respaldo, pero con “mucho esfuerzo” puede recuperarse. El hecho delictivo logró violar la alarma que había en el edificio, pero las instalaciones no contaban con cámaras, lo que hace más difícil saber quiénes lo perpetraron.

Impunidades de ayer y de hoy

Resulta llamativa la poca seguridad con la que se guardaron y se mantenían preservados estos datos. No tener ni siquiera una cámara de seguridad – instrumento que hoy cuentan muchas viviendas privadas – es indicador de que el gobierno ni las autoridades académicas no se esperaban que esto sucediera. Pero no debe asombrar a nadie, ya que quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad – secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones – siguen operando y están libres. Comparten las calles con cualquier ciudadano. Esto sucede por la impunidad que le vienen otorgando los distintos gobiernos constitucionales que pasaron desde la restauración de la democracia. Todos los partidos del régimen político uruguayo mantuvieron los pactos de impunidad con los militares y sus cómplices civiles, como el Pacto del Club Naval de 1984 en una negociación secreta.

Luego vino la Ley de Caducidad en 1986, que prohíbe juzgar a funcionarios militares y policiales que cometieron crímenes entre los años que duró la dictadura. Esto les garantizó total impunidad. Y más allá de algunos intentos de sortear esta ley, todos los partidos, incluido el Frente Amplio, la mantuvieron vigente al día de hoy.
Las fuerzas de seguridad, que hoy reprimen las protestan – como la dura represión en el Codicen durante la lucha educativa -, espían, persiguen y procesan a los luchadores sociales y criminalizan a la juventud pobre, fue formada por los “viejitos” que operaron en los años 60 y 70.

¿Quién dará con los culpables?

A los pocos días de ocurrido el hecho, el Decano de la Facultad de Humanidades, el Profesor Álvaro Rico, anunció que daría vía libre para que la Dirección de Inteligencia Policial investigara. Pero nos preguntamos, ¿cómo la inteligencia de la policía va a investigar a la inteligencia de los militares? Es un contrasentido y una falta de respecto a los familiares y a tantos luchadores por los derechos humanos hacerles creer que se va a saber la verdad de manos de la policía, que también estuvo involucrada en los crímenes de lesa humanidad.

Por esto, son varios los que ya plantean que debe haber una comisión investigadora independiente, conformada por los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales comprometidas con saber la verdad y hacer justicia por estos crímenes. Una comisión que tenga plenos poderes, que pueda ingresar en los archivos de las fuerzas armadas – algo que el Ministro de Defensa Fernández Huidobro se encarga de impedir siempre que puede – que tenga a disposición todas las pruebas, podrá encarar una investigación que no se detenga en identificar las responsabilidades.







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