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Migrantes detenidos denuncian explotación laboral y amenazas

Explotación laboral: la otra cara de la criminalización de migrantes. Detenidos iniciaron demanda colectiva contra Core Civic, empresa administradora de la cárcel de Otay Mesa situada en San Diego cerca de la frontera con Tijuana, México.

Martes 2 de enero | Edición del día

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Core Civic (Corrections Corporation of America) está acusada de explotación laboral y de amenazas contra los migrantes detenidos en la cárcel de Otay Mesa, en San Diego, California. Esta empresa privada administra el centro de detención de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés).

De acuerdo con la demanda colectiva presentada contra la empresa, las personas detenidas son obligadas a laborar con salarios de 1,50 dólares por día, y a veces hasta sin paga alguna.

Los migrantes que se niegan a esta forma de esclavitud moderna son castigados con confinamiento solitario y les impiden recibir visitas.

CoreCivic tiene contrato con el gobierno estadounidense para administrar el centro de detención de ICE ubicado en el 7488 de calzada De La Fuente, en la frontera con Tijuana, México.

Funcionarios de ICE niegan que esa agencia sea mencionada en la demanda, y del lado de la empresa afirman que no han sido notificados de la denuncia.

Son cinco los migrantes –dos hombres y tres mujeres– quienes interpusieron la demanda y los representa la firma de abogados Burns Charest. Señalan “violaciones a las leyes laborales y de tráfico humano al exigir a los detenidos a realizar tareas de cocina, mantenimiento y otras labores que deberían ser voluntarias”.

A su vez, la empresa ni siquiera da productos de higiene personal básica como jabón a los detenidos, quienes deben comprarlos con la paga que obtienen de su trabajo obligatorio. Así es que la prisión funciona como las tiendas de raya del siglo XIX en México, donde los trabajadores del campo también eran mano de obra forzada a trabajar y endeudada de por vida.

Korey Nelson, socio del bufete jurídico afirmó “Nuestra demanda alega que CoreCivic se enriquece ilegalmente a costa de una fuerza laboral cautiva”.

Juan José Merino Rodas, proveniente de El Salvador, es uno de los demandantes. Sufrió quemaduras en un accidente cuando trabajaba en la cocina, pero le negaron la compensación de empleo (Worker’s Comp) y lo obligaron a laboral al día siguiente. Él y el otro demandante fueron detenidos por seis meses sólo por solicitar asilo.

Entre las mujeres que demandan se cuenta la hondureña Jennye Pagoada López, quien denunció que solicitó asilo al ingresar por la garita de San Ysidro y estaba embarazada, pero tuvo un aborto mientras estaba en custodia de los agentes de inmigración al no recibir atención médica adecuada. Las otras dos son originarias de México y Guatemala.

CoreCivic –que administra 91 centros penitenciarios en EE.UU.– no es la única compañía demandada. También se iniciaron acciones legales contra empresas que operan cárceles de ICE en los estados de Colorado y Washington, y una administrada por GEO Group, la cárcel de Adelanto, en el condado de San Bernardino, California.

Donald Trump, con sus medidas de criminalización de los migrantes, profundiza la política del demócrata Barack Obama, quien en sus dos administraciones promovió una verdadera industria de las deportaciones, como explicamos acá.

De los partidos que gobiernan para las grandes corporaciones no puede esperar nada la comunidad latina. Es necesario ampliar la lucha en defensa de los migrantes, por sus plenos derechos políticos y sociales, creando la unidad con los trabajadores, las mujeres y los sectores populares que se oponen al gobierno de Trump.

Con información de Univision y Business Monkey News








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