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Mientras el Gobierno subsidia a las patronales, Unicef proyecta un crecimiento de la pobreza infantil

Es la estimación proyectada por un estudio de Unicef. Los crudos datos contrastan con los miles de millones entregados por el gobierno a las grandes multinacionales que solicitaron el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 22:29

En una teleconferencia de prensa Unicef alertó sobre el crecimiento de la pobreza infantil basado en el estudio "Efectos del Covid-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina". El mismo señala que de cumplirse las estimaciones sobre la caída del PBI en el país, las y los niños y adolescentes pobres pasarían de ser 7 millones a 7,7 millones. Es decir, mientras en el segundo semestre de 2019 la pobreza infantil afectaba al 53 % de los niños y adolescentes (NNYA), ese porcentaje podría escalar al 58,6 % hacia fines de 2020.

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La organización indicó que la incidencia de la pobreza en los NNYA aumenta significativamente cuando residen en hogares donde el sostén de los mismos se encuentra desocupado o posee un trabajo informal, el clima educativo en el mismo es bajo, se es migrante o la sostén del hogar es mujer. A su vez, la pobreza en este sector vulnerable es mayor cuando la vivienda se encuentra en villas o barrios populares. Allí la alcanzará a nueve de cada 10 niñas y niños a fines de 2020.

La representante de la organización en la Argentina señaló que “los datos nos muestran que el Covid-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las víctimas ocultas de la pandemia”.

Este estudio presentado deja ver que a pesar de que el Covid-19 sea un fenómeno biológico y de la naturaleza, las consecuencias en la vida de las poblaciones, y dentro de ellas las niñas, niños y adolescentes, son producto de las condiciones sociales en las que esas poblaciones viven.

Y estas condiciones sociales dependen en gran parte de los estados y los gobiernos que los conducen. Estamos hablando de que en Argentina, un país productor de alimentos para 400 millones de personas, con una población total de casi 50 millones de habitantes, 7,7 millones de niñas, niños y adolescentes serán pobres a fines de año.

Muchas veces se argumenta desde distintos lados que esas cifras "duelen" pero que en el país no hay recursos suficientes para erradicar este flagelo. Pero tales argumentos son difíciles de sostener cuando las políticas promovidas desde el gobierno consisten en ayudas multimillonarias para grandes empresarios, y recortes, ajustes y despidos para las mayorías trabajadoras y las y los jubilados.

Tres millones de personas no cobraron IFE, mientras subsidian a Clarín y Techint

La semana pasada se hizo público que el Gobierno accedió a subsidiar a grandes grupos monopólicos y multinacionales como Clarín, Techint, Ledesma, McDonald’s, Volkswagen y Mercedes-Benz, entre otros grandes pulpos nacionales y extranjeros que acumulan ganancias por cientos de millones de dólares al año. La "ayuda" consiste en pagar, a través del Anses, el 50 % de los salarios de los empleados.

Es decir un Estado que subsidia con millones a grandes empresas que no dejaron de tener abultadas ganancias, mientras éstas no paran de despedir, suspender y rebajar salarios. Todo con el visto bueno y la homologación de parte del gobierno. Mientras se llevan a cabo esas "ayudas", a las y los jubilados, que constituyen un sector de riesgo en la pandemia, se los sigue ajustando con "aumentos" que implican una pérdida del poder adquisitivo en comparación con la ley de movilidad jubilatoria macrista que fue derogada, que de por sí ya representaba también un ajuste a ese sector de la población.

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En el último tiempo se dejó de oír alguna voz proveniente del Gobierno sobre el impuesto a las grandes fortunas tan anunciado. Por el contrario en la última sesión del Congreso, el oficialismo y la oposición acordaron dejarlo afuera del tratamiento parlamentario. El único proyecto presentado para gravar las grandes fortunas para destinar los recursos a salarios de emergencia de 30 mil pesos, planes de vivienda y elementos de seguridad e higiene, fue el presentado por el Frente de Izquierda-Unidad, el cual expusieron Nicolás del Caño y Romina del Plá en el debate parlamentario.

Mientras el Congreso sigue sin votar este impuesto y a casi dos meses de que el Gobierno lanzara el Ingreso Familiar de Emergencia por la cuarentena, hay casi 3 millones de personas que todavía no cobraron ese ingreso de $10.000.

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Al parecer los discursos de afectar las grandes fortunas terminaron en su opuesto y la carga de la crisis pasó hacia las grandes mayorías y sectores vulnerables como los jubilados y los NNYA. Mientras los antaño llamados "miserables", no paran de aprovechar la crisis y seguir aumentando sus beneficios y ganancias.







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