Política México

SISMO EN MÉXICO

México no es el mismo después del 19-S: primeras lecciones

El sismo abrió una nueva crisis social y política con epicentro en la CDMX e impacto nacional.

Sulem Estrada, maestra de secundaria

Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Lunes 25 de septiembre | 07:25

Las muertes consecuencia del sismo del pasado 19/9 son más de 300. En la Ciudad de México, a los más de 40 edificios colapsados ese día se sumaron otros que se derrumbaron posteriormente. Cientos quedaron dañados, entre ellos muchas escuelas. Muchas familias se quedaron sin hogar. En algunas delegaciones se ha vuelto crítica la falta de agua por la fractura de la red hidráulica.

La naturaleza no tiene la culpa

“Más que necesitar una buena alerta sísmica, debemos tener buenas construcciones”, afirmó un integrante del Servicio Sismológico Nacional, reconociendo que éstas eran deficientes y, por lo tanto, que las causas de la catástrofe van más allá del fenómeno natural. Es sabida la complicidad de funcionarios corruptos con las compañías constructoras, que realizan obras al vapor y de mala calidad.

Muchas escuelas públicas y privadas se encuentran en condiciones deplorables, que ponen en riesgo la vida de los estudiantes y trabajadores de la educación, como evidenció trágicamente el caso del Colegio Enrique Rébsamen.

En los lugares más pobres, como los pueblos de Xochimilco, Morelos y Puebla, que también quedaron devastados y a donde aún no ha llegado la ayuda suficiente, la precariedad de las viviendas favoreció que se derrumbaran. Como de costumbre, quienes resultarán más afectados son los que menos tienen.

Estado vs participación social

Decenas de miles de jóvenes y pueblo en general nos sumamos desde el primer momento a las brigadas para asistir a los lugares siniestrados, a las comunidades afectadas y a los albergues a colaborar; o acopiamos víveres, medicamentos y ropa para los damnificados; donamos equipo o herramientas para las labores de rescate, etc. Era impresionante ver a miles de brigadistas a pie, en transporte público o sus propios vehículos, recorriendo las calles de la ciudad, como parte de un multitudinario movimiento popular que no se veía desde 1985.

En contraposición, la principal labor del ejército, la marina y las corporaciones policiacas en estos días fue la de contener y tratar de desarticular esta masiva participación social. Para "los de arriba" es peligroso que "los de abajo" nos organicemos de forma independiente del Estado y nos demos cuenta de nuestra fuerza.

¿Cuál es la prisa?

Los gobiernos federal y de la CDMX no esperaron ni las 72 horas reglamentarias para comenzar a utilizar maquinaria pesada con el fin de remover los escombros de edificios colapsados en distintos puntos de la ciudad. Aprovechándose de la gran disposición de miles de personas a ayudar, las autoridades supieron utilizarlas para acelerar la limpieza gratuita de los predios con edificios colapsados, como escandalosamente hicieron con la textil de la colonia Obrera.

Varias empresas han obligado a sus trabajadores a volver a laborar en condiciones inseguras. Lo mismo quería hacer Aurelio Nuño con los maestros, aunque luego tuvo que retroceder diciendo que el regreso a clases será escalonado.

La intención del gobierno federal y sus aliados locales es dar por concluidas las labores de rescate e imponer cuanto antes la vuelta a la "normalidad". Para que las constructoras -corresponsables de esta y otras tragedias- se beneficien de la reconstrucción, los empresarios sigan con sus negocios y los partidos patronales con su carrera electoral hacia el 2018.

Los sindicatos, en especial aquellos que se reivindican “democráticos” -como la CNTE, la Nueva Central de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores-, deben enfrentar activamente la política oficial y poner todos sus recursos al servicio de los damnificados. Porque, ¿qué "normalidad" puede haber con personas aún desaparecidas, pueblos enteros devastados, delegaciones sin una gota de agua, edificios y escuelas a punto de caer?

No bajemos los brazos

Las labores de búsqueda y rescate deben continuar hasta dar con todos los desaparecidos.

En cada pueblo, colonia, barrio, escuela y centro de trabajo hay que realizar asambleas de maestros, estudiantes, padres y madres de familia, trabajadores y pueblo en general, como ya se está haciendo en algunos lugares, para discutir cómo garantizar la seguridad de la población, que no puede quedar en manos del Estado y sus fuerzas armadas, quienes ya demostraron que sólo se preocupan por la propiedad y la ganancia de los empresarios.

Las asambleas podrían tomar medidas para garantizar que la ayuda solidaria llegue a quien la necesita y que no se desvíe para que lucren con ella los gobiernos o partidos del régimen, como descaradamente quiso hacer Graco Ramírez en Morelos.

Estas asambleas locales se podrían coordinar, mediante delegados de base y con mandato, en una gran Asamblea de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en cada uno de los estados afectados, en las que participen también representantes de las organizaciones obreras, populares, políticas y de derechos humanos, para desarrollar la unidad que se expresó en las calles y que el Estado trató de dividir.

El gobierno federal está ofreciendo créditos a los damnificados para que reconstruyan sus hogares, lo que podría tardar meses. Demagógicamente y en respuesta al extendido reclamo de la población, los partidos patronales aceptaron donar parte de los millonarios recursos públicos que reciben, lo que aún no se concreta. En tanto que el MORENA propuso adicionalmente reducir en un 50% los sueldos de los altos funcionarios.

Ante ello, hay que pelear por una salida que realmente responda a las necesidades de “los de abajo”. Los sindicatos y demás organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que se reivindican democráticas, deberían exigir con su movilización en las calles que se decrete la expropiación sin indemnización de los recursos y bienes de todas las compañías involucradas en fraudes inmobiliarios; un impuesto especial a las grandes empresas; el no pago de la deuda externa y la reducción del sueldo de los altos funcionarios, hasta igualarlo con el que percibimos las maestras.

Esto con el fin de financiar y poner en marcha urgentemente un plan de obras públicas -bajo supervisión y control de las organizaciones obreras, populares y de los damnificados-, para reconstruir de inmediato todas las viviendas, la infraestructura y edificios públicos colapsados o que se tendrán que demoler.






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