Géneros y Sexualidades

Mendoza: El colegio de Abogados contra Carolina Jacky abogada en violencia de género

El Colegio de Abogados de Mendoza dio lugar a una denuncia presentada contra la abogada Carolina Jacky, querellante en el juicio por el femicidio de Julieta Gonzales, por parte de Andrés Di Cesare quien fue condenado por la muerte de Julieta, sin embargo para la justicia mendocina no fue un femicidio.

Lunes 21 de septiembre | 19:32

La denuncia presentada por Di Cesare se basa en el argumento de que la doctora, a través de declaraciones en redes sociales, atenta contra el principio de inocencia al llamarlo femicida y que busca generar condena social. El Colegio de Abogados decidió darle lugar a la denuncia y elevarla al Comité de Ética para evaluar la posibilidad de iniciar un sumario administrativo.

Contextualicemos el caso de Julieta.

Juelieta fue hallada muerta en Cacheuta a 6 días de su desaparición el 27 de septiembre del 2016. Tanto la fiscal Claudia Ríos, como la querella a cargo de la doctora Jacky, concluyeron que había pruebas suficientes que demostraban la relación entre Julieta y el hijo del empresario Di Cesare, por lo que pedían que se lo condene bajo la figura de femicidio.

Sin embargo, el Segundo Tribunal, presidido por el juez Coussirat y acompañado por los jueces Mauricio Juan y María Alejandra Ratto, consideró que no se había probado la relación de pareja, quitando la figura de homicidio agravado por el vínculo, es decir por femicidio y lo condenan por homicidio simple.

Fue un fallo repudiado no sólo por la fiscalía y la querella sino también por organizaciones de mujeres, organismos sociales, de derechos humanos, por la falta de perspectiva de género en todo el proceso e incluso en la sentencia, que fue apelada.

El caso está en la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el Tribunal Oral Penal a cargo de los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio. Éste último paladín de la justicia cuenta con sentencias misóginas, como se vio en el primer juicio por Soledad Olivera.

Desde La Izquierda Diario nos comunicamos con Carlos Lombardi que está al frente de la defensa de Carolina Jacky y nos comentó que están pidiendo la recusación con causa. Según explicó hay dos motivos por los cuales cabe está recusación, por un lado, por una falta de imparcialidad por parte del Colegio de Abogados ya que esta institución está denunciada, por la doctora Jacky, civilmente por daños derivados por violencia de género. Y por otro lado, explica Lombardi, por la violencia moral que implica la decisión de iniciar el sumario administrativo pero también la violencia simbólica a todas las mujeres porque se trata del femicidio de Julieta Gonzalez.

Estas razones expresadas por Lombardi implican que ésta institución carece de la imparcialidad suficiente y necesaria para juzgar éticamente a la doctora, por lo que piden que se aparten y que se eleve la causa a la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quienes tienen la competencia en materia de matriculación profesional. Sin embargo, todavía no hay respuesta, expresó Carlos Lombardi.

También comenta el doctor que el Colegio de Abogados tuvo la posibilidad de archivar la denuncia siempre y cuando partiera de entender el contexto social de violencia de género en el que se desarrolló, el rol querellante y acusatorio de la doctora, la vigencia de normas internacionales que protegen y tutelan a los profesionales que defienden los derechos humanos de las mujeres, sin embargo decidió darle lugar.

Esta no es la primera vez que esta institución llama a dar explicaciones a la abogada, al respecto Carlos Lombardi nos comenta que hay ensañamiento, persecución ideológica y discriminación. Nos cuenta que esta animosidad para con la doctora se ha dado en repetidas ocasiones. Por ejemplo, el año pasado el Tribunal de Ética inició un sumario de oficio a partir de un flayer que la doctora Jacky compartió en sus redes sociales que hablaba contra el aborto clandestino. Denuncia que quedó archivada ya que en Argentina la interrupción legal del embarazo rige desde 1921, sin embargo, dice el doctor, le aconsejaron tener cuidado con sus dichos y sus publicaciones.

Según Carlos Lombardi se puede ver una impronta persecutoria, una inquina personal para con la doctora por parte del Colegio de Abogados que no tolera que ella ejerza su profesión libremente, dentro de los parámetros de la ley y defendiendo a las mujeres.

Y para finalizar, Lombardi expresa la preocupación por los antecedentes que podría dejar esta sanción. Al respecto comenta que si finalmente se la sanciona, los antecedentes serían nefastos porque implicaría la cercenación de la libertad de expresión de los y las abogadas que trabajan este tipo de temas.







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