Economía

NÚMEROS EN ROJO

“Mendoza Activa” con la precarización laboral

La semana pasada el gobierno provincial de Rodolfo Suárez anunció un plan económico llamado “Mendoza Activa”. Qué significa este plan para las y los trabajadores

Juan Ignacio Román

Sociólogo-Becario Conicet Candidato al Consejo Directivo FCPYS por Egresados

Viernes 24 de julio | 13:33

La situación de la provincia es calamitosa. Es la segunda provincia con más pérdida de trabajo según la Encuesta de Indicadores Laborales, con una caída del 4,9 % en comparación con el año pasado. Además, la tasa de desocupación alcanzó un 9,8%, esto representa más de 50.600 personas sólo en el Gran Mendoza y un 12,3% de la población ocupada se encuentra buscando otra fuente de ingreso.

Qué significa el plan “Mendoza Activa”

En este marco, el gobierno provincial de Rodolfo Suárez anunció un plan económico llamado Mendoza Activa, el cual está compuesto por tres ejes. El primero es el fomento de la inversión privada que puede reintegrar hasta el 40% del gasto. También el otorgamiento de tres líneas de financiamiento por parte del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Y finalmente, va acompañado de un Programa de empleabilidad, el cual plantea, por un lado, una Red Provincial de Empleo y, por otro, el programa Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace). Este busca que los mendocinos y mendocinas de entre 18 a 55 años con secundario completo tengan facilidades para acceder a entrenamientos en diversos sectores productivos con un sueldo pagado entre el gobierno y el empleador. Para esta ley está estipulado la suma de doscientos diez millones de pesos ($ 210.000.000,00).

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En este sentido, el ministro Vaquié aclaró sobre el programa de Enlace, que “se entrenan durante cuatro meses, con la posibilidad de prorrogarlo por cuatro meses más, con un sueldo de 7 mil pesos”.

El funcionario detalló además que, en el caso de las pymes de hasta cinco empleados, el Estado pagará hasta 5 mil pesos, mientras que los 2 mil restantes deberán ser cubiertos por el empleador. En tanto, en las empresas con más de 25 empleados, los 7 mil pesos mensuales se pagarán por mitades iguales. En todos los casos, la estimulación económica responderá a una práctica laboral de cuatro horas o bien 20 horas semanales.

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Incluso a partir de Mendoza Activa quieren avanzar sobre una la ley provincial de empleabilidad, la cual todavía se desconoce el texto. Sin embardo, a partir de conocer el proyecto Enlace cuyo objetivo es facilitar y alentar la toma de trabajadores bajo argumentos de "promover la adquisición de experiencia" o "mejorar las condiciones de empleabilidad", parece que la orientación es clara, y se basa en avanzar más sobre precarización laboral.

En los hechos con este proyecto las empresas, bajo el aval estatal, podrán disponer de trabajadores de manera barata si consideramos que 7.000 pesos por mes durante 20 hs semanales significa pagarle $87,5 pesos la hora. Muy lejos aún de la canasta básica alimentaria que hoy se encuentra en $15.133,68 pesos y la canasta básica total en $38.742 pesos para una familia en la provincia.

Recorrido de la precarización en la Argentina

Planes como los que presenta como novedad el gobierno provincial no tiene ninguna originalidad. En 1991 se sancionó la Ley de Empleo 24.013, esta fue el germen de la posterior flexibilización en 1995. En ella se introdujo algunas innovaciones, como la institución del contrato de aprendizaje, también la introducción de la contratación a tiempo parcial, y la introducción del período de prueba, es decir, la posibilidad de poder despedir a los tres meses sin indemnización ni aportes durante ese período. Bajo estas leyes se creó el Proyecto Joven 2 (1993) el cual buscó la formación de mano de obra semicalificada y, por el otro, incrementar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes. Sin embargo, esto no tuvo efecto, ya que la desocupación en 1989 era de 7,7% y a fines del 1999 fue del 17.4%.

Posteriormente, durante el kirchnerismo el Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo lanzado en el año 2003, comprendió a su vez la creación de las Oficinas Municipales de Empleo (OME) y además creó el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en 2008 cuyo fin fue abordar los problemas de empleo juvenil. Si bien durante el 2003-2007 se recupera significativamente el empleo, ya para el año 2008 comienza a evidenciarse el estancamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo y la persistencia de informalidad laboral (alrededor del 30%). Nuevamente los sectores juveniles resultan los primeros afectados y el desempleo juvenil vuelve a crecer.

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El Gobierno de Mauricio Macri también intentó implementar un acuerdo de trabajo jóven, con una remuneración de $ 4.500, tuvo corta duración ya que ni siquiera pudo pasar el filtro de la Justicia, la cual anuló el acuerdo por poner en riesgo “derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad".

Qué aprendimos…

Entonces ¿cuáles son los balances de estos programas? Las críticas refieren a dos aspectos: por un lado, se cuestiona quiénes fueron sus mayores beneficiarios y, por el otro, cuáles fueron sus impactos reales en los niveles de desempleo.

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En cuanto al primer aspecto se comprueba que constituyó un beneficio directo para las empresas participantes que dispusieron de mano de obra a bajo costo salarial. En cuanto al impacto en el desempleo, en nuestro país la inserción laboral fue prácticamente nula. Incluso produjo el efecto contrario a lo que buscó evitar, bajo la excusa de cuidar el empleo muchos sectores empresarios empezaron a usarlo como forma privilegiada de contratar en vez de mantener trabajadores con mejores condiciones. Es decir, desalienta el trabajo genuino y lo reemplaza por esta forma de contratación precaria.

Respecto de la “novedad” del gobierno de Mendoza, se le pueden sumar que no tiene en cuenta las trayectorias generacionales ni laborales de la población a la que está destinada. Por ejemplo, la capacitación no tiene en cuenta la cuestión etaria donde incluye a personas de hasta 55 años desconociendo que muchos y muchas ya tienen trayectoria laboral previa.

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Por otro lado, el certificado se vuelve un mecanismo coercitivo para las y los trabajadores, que, bajo el riesgo de no obtenerlo, tolera mayores presiones y controles del sector empresario.

Tiendo en cuenta otras experiencias similares en el país, se ha comprobado que estos proyectos no impiden la pérdida de empleo. Lo único que profundiza es la precarización laboral que para miles de jóvenes ya es una realidad cotidiana.







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