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Media sanción a la reforma de la ley de manejo del fuego: el negocio no se acaba

Presentada por el oficialismo, establece plazos para la modificación de usos de suelo tras incendios. La izquierda votó a favor con fuertes críticas a la orientación extractivista del Gobierno. Cuestionamientos de especialistas a una "ley tribunera".

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Miércoles 18 de noviembre | 14:22

Con 132 votos a favor (Frente de Todos, interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo y el FIT), se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica artículos de la ley nacional de manejo del fuego para impedir el cambio de uso de suelo en superficies incendiadas, un 95 % de origen intencional. Los votos negativos corrieron por cuenta de Juntos por el Cambio, el MPN y el Partido Social, que sumaron 96, y hubo cuatro abstenciones. El voto de la izquierda fue muy crítico de la orientación extractivista llevada adelante por el oficialismo a nivel nacional.

Fue en el marco de una sesión maratónica, en la que además se volvió a tratar el presupuesto 2021 que le da “fuerza de ley” al ajuste del FMI y el “aporte extraordinario” de las “grandes fortunas” que financia el fracking en Vaca Muerta. La modificación, que ahora deberá tratar el Senado, establece plazos de treinta a sesenta años para la prohibición de cambios de uso de suelo tras incendios, a fin de que "los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales" puedan recomponerse, con la posibilidad de extender esos plazos según leyes provinciales.

Con estas modificaciones a la ley 26.815 de Manejo del Fuego "no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".

Los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá (Frente de Izquierda), que se pronunciaron a favor, fueron muy críticos sobre las falencias de la iniciativa y el carácter extractivista del Gobierno de Alberto Fernández, que no reniega de la herencia de sus antecesores. “Vamos a acompañar esta ley críticamente”, expresó Del Caño, “por recomendación de distintas organizaciones socioambientales y personalidades, pero lejos está de un apoyo a la política del Gobierno, que es claramente de avance del extractivismo”. En el mismo sentido, su compañera Del Plá sostuvo que “es una modificación parcial de una ley, no una revolución ni un cambio de paradigma”. Para la izquierda la clave está en la movilización y la lucha independiente de todos los sectores que expresan y fomentan esa política.

Con crímenes ambientales en al menos catorce provincias y unas novecientas mil hectáreas incendiadas como antecedente inmediato para el debate, hubo cruces fogosos entre diputados del oficialismo y la oposición de derecha. Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, consideró que "es incompatible ser medioambientalista (sic) y neoliberal: ser de Cambiemos y medioambientalista", acusándolos de defender al negocio inmobiliario y al agronegocio, lo que le valió silbidos del exoficialismo. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que se opuso a la modificación con Juntos por el Cambio, afirmó que aunque "compartimos la agenda vinculada a los temas ambientales", el proyecto que "nos propone el oficialismo no otorga una mayor protección ambiental".

El "entusiasta" tuit del diputado Grosso

Según la diputada nacional de Consenso Federal Graciela Camaño, la iniciativa del Frente de Todos sirve para "resguardar la recomposición del suelo" y no baja los niveles de protección consagrados por las leyes de manejo del fuego y de bosques. Brenda Austin (UCR), autora del dictamen de minoría en rechazo de la modificación, afirmó exactamente lo contrario: "Esta ley no viene a proteger los bosques, sino a quitarles una protección a perpetuidad que ya tenían con las leyes vigentes. Están cometiendo una violación al principio de no regresividad en materia ambiental. Están aprobando una ley que violenta y perjudica a los bosques”. El encendido discurso de la diputada “verde” del radicalismo contrasta con toda una gestión extractivista de su fuerza política, desde la megaminería en Mendoza y la extracción de litio en Jujuy a la gestión de Cambiemos a nivel nacional, con el “ministro planta” a la cabeza.

Fuera de esta supuesta “grieta” entre oficialismo y oposición de derecha, la izquierda fue más allá y denunció la depredación ambiental avalada por el Estado. Del Caño criticó “el permanente avance de los desmontes, la contaminación con agrotóxicos, proyectos de megaminería y fracking”, a lo que agregó el preacuerdo entre Cancillería y el Gobierno chino para instalar megafactorías porcinas en Argentina. “Es una profundización de este modelo, que se viene sosteniendo por distintos Gobiernos desde los 90, de saqueo y contaminación”. Del Plá hizo un llamado de atención: “Hace un ratito nada más votaron una ley que refuerza el fracking”, recordando que en el artículo 7 de la ley de “aporte extraordinario” se destina un 25 % de lo recaudado a la exploración y producción de gas, algo muy cuestionado desde el ambientalismo.

Del Caño criticó que se haya truncado el debate en comisión ambiental sobre la ley de humedales, que llevaba semanas y contó con la participación de especialistas, organizaciones socioambientales y referentes de comunidades. “Se estaban tratando quince proyectos, entre ellos el que presentamos desde el FIT. Reclamamos que se retome ese debate, que quedó en la nada”. Y además sumó el pedido de que “se cumpla con lo dispuesto en la ley de bosques” y, “sobre todo, que haya presupuesto”. Del Plá se sumó al pedido de que “hagan cumplir las leyes y que los Gobiernos de su partido dejen de ser cómplices de la depredación del lugar donde todos, todas y todes tenemos que vivir”.

Críticas de especialistas a una “ley tribunera”

Aunque el oficialismo intentó presentarlo como el fin para el negocio del fuego, la iniciativa que logró media sanción fue mirada de reojo por especialistas. Las fuentes consultadas por La Izquierda Diario coinciden en que ya existen leyes nacionales para proteger, conservar y hasta restaurar superficies incendiadas, pero el problema reside en la falta de controles y financiamiento. Según una publicación de la Fundación Vida Silvestre, el presupuesto 2021 asigna apenas un 4,8 % de lo que corresponde por ley 26.331 (muy lejos del 36,6 % de hace una década, ya que la ley de bosques nunca recibió la totalidad del presupuesto desde su entrada en vigor en 2009).

Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina, dice que se trata de una buena iniciativa, pero que “obviamente no alcanza”. Y plantea interrogantes: “Esta operación [fuego] se usa principalmente para quemar los pastizales que ya tienen un uso de suelo destinado a la ganadería para fomentar el rebrote. Estos fuegos fueron donde pasaba esto. Por el año seco, se fueron de las manos. Este proyecto no impediría incendios en lugares que ya están destinados a la ganadería”. Según sus datos, la causa principal de depredación en bosques (en especial en la región del Gran Chaco) y humedales no se hace por el fuego, sino a través de topadoras y retroexcavadoras (desmontes y relleno de humedales). Para Mingo los principales enemigos de los humedales son los emprendimientos inmobiliarios (countries, barrios privados, sitios turísticos). En el norte, el mayor ataque a los humedales altoandinos del NOA, es decir, salares y vegas, etc., no proviene del fuego, sino de la minería de litio que consume ingentes cantidades de agua.

Mingo explica que son más de ocho millones las hectáreas de bosques arrasadas en el Gran Chaco a causa de la deforestación con topadoras para fines agropecuarios. “Si este proyecto de ley hubiese estado vigente, se hubiesen perdido igual, porque ahí no se incendió, se desmontó con topadoras”. Según sus consideraciones, lo más “dañino” de la iniciativa aprobada este miércoles es que genera una "falsa esperanza" en la población que, alarmada por la crisis ambiental, reclama soluciones urgentes.

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Otro tanto ocurre con la ley de humedales, que ni siquiera existe. Emilio Spataro (Amigos de la Tierra) considera que la reforma de la ley "está bien”, pero que la no regresión vía fuego ya estaba contenida en la ley de bosques, mientras que lo expresado en esta modificación “para humedales es insuficiente dado que la mayoría de los incendios son para ganadería que ya era preexistente” y que “no va a controlar el aumento de la carga ganadera. Es decir, si había cincuenta vacas de un poblador local y lo incendian para poner dos mil vacas [por parte de] una empresa es legal porque la actividad es ganadería”. En ese sentido, le parece una iniciativa “poco trascendente” en el marco de la grave situación a nivel ambiental. Y va más allá cuando agrega que "el Gobierno debería dejar de organizar y financiar la destrucción de humedales en función del interés de corporaciones y sectores concentrados y apoyar la sanción de una ley de humedales que ponga en el centro de la gestión de estos ambientes al bien común y su función social".

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales señalan reparos sobre los plazos de treinta y sesenta años y que estos no deberían ser fijos, sino “el tiempo que transcurra hasta lograr la efectiva restauración y/o recomposición” para atender a la realidad de cada territorio. Endepa, en la misma sintonía, considera que se debe atender a la realidad ecológica de cada bosque según “clima, vegetación, fauna, impactos ambientales de alrededor y pueblos y comunidades afectadas” y cuestionan la ausencia de la consulta previa, libre e informada indígena (convenio 169 de la OIT) sobre esos territorios.

“El proyecto está “muy agarrado de los pelos”, dice el naturalista César Massi desde Santa Fe, uno de los epicentros de la catástrofe ambiental. Es una “venta de humo” por parte del Gobierno para intentar plantear esto como una “salvación” en medio de una crisis de incendios, dado que llegó en momentos en que los Gobiernos, los que debían controlar, estaban haciendo “poco y nada”. También cuestiona que a “la ley de bosques no la financian, pretenden modificarla aunque no pueden aplicar la que está, y la ley de humedales está dando vueltas hace cinco meses, pero tiene un recorrido de ocho años”. Desde su óptica, “lo que serviría es avanzar con un régimen penal para los delitos contra el ambiente”.

Uno de los puntos más nebulosos del proyecto es que incorpore a las áreas naturales protegidas en estos plazos de treinta a sesenta años, ya que en ellas está expresamente prohibido todo cambio de uso de manera indefinida, como sostuvo el doctor en Biología e investigador del Conicet Santiago Benítez-Vieyra en una nota de La Izquierda Diario.

En suma, se trata de una ley “tribunera”, sin mayor trascendencia, por parte de un Gobierno que apuesta a la profundización del extractivismo en todas sus formas (con las prácticas del fuego y con las otras) y a convertir a Argentina en una “zona de sacrificio”, entregando recursos y bienes naturales al “régimen del FMI”. Las “críticas” de la oposición de derecha, en tanto, no podrían ser más hipócritas: para el extractivismo no hay grieta. Como señaló la izquierda en el encendido debate, la clave seguirá estando en la resistencia del pueblo trabajador, la juventud, las organizaciones socioambientales, los científicos comprometidos y las comunidades originarias contra este modelo de saqueo y destrucción.







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