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OPINIÓN | TUCUMÁN

Manzur y la Corte envueltos en un escándalo por las presiones a un juez en favor de Bussi

En nombre del gobernador y el vicegobernador, un vocal del máximo tribunal le pidió a un camarista que la causa contra Bussi por un abuso sexual “pique bajo”. Una denuncia que desnuda a un régimen.

Maximiliano Olivera

@maxiolivera77

Lunes 7 de septiembre | 13:00

Tras una carrera como funcionario, Leiva asumió en 2019 como vocal de la Corte Suprema producto del aval de Manzur y Jaldo.

Cuando a mediados de mayo, en plena fase 1, Juan Manzur, Osvaldo Jaldo y Daniel Leiva compartían un arroz con pollo mientras limaban asperezas, ni por asomo pensaban que en cuestión de meses serían los protagonistas de un escándalo que incluye a los tres poderes del Estado. El juez Enrique Pedicone denunció por coacción y tráfico de influencias al vocal de la Corte Suprema, quien evocando un pedido "de Osvaldo y Juan" le pidió que "manejara la intensidad" de la causa contra Ricardo Bussi por abuso sexual y fraude con cuentas bancarias.

Dice que hace años que no se dedica a la política, más precisamente desde el 2015, el año en que ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Sin embargo, Pedicone comenzó septiembre con una denuncia de calibre grueso que desembocó en un escándalo político que incluye a la fórmula gobernante. La difusión del audio de la reunión en la que Leiva pide que la causa contra Bussi "pique bajo" no hizo más que amplificar el impacto.

En el nombre de Juan y Osvaldo

El ex legislador peronista e intendente de Monteros denunció que en el encuentro en un café de Barrio Norte, Leiva le recordó la "relación de odio y amor que tenemos con ese espacio que nos es funcional", en referencia al bussismo. "El tema es que tenés que manejarlo con un equilibrio porque tenes todo aval, entonces de no llegar al punto de generar una situación que el tipo este pueda herir la imagen de la cámara, porque ahí y se nos arma el quilombo", le planteó el vocal de la Corte al camarista. Por si no era claro, se escucha decir: "el tema es que hay un interés en que no se llegue al punto de que generemos algún elemento que habilite que al tipo lo tengamos que detonar dentro de la Legislatura". A buen entendedor, pidió protección para el hijo del genocida.

Hasta ahí, transmite las inquietudes de Jaldo. Luego el ex fiscal de Estado menciona a Manzur. "Es así, me ha llamado para eso y Juan también me dijo, estuve hablando con él el otro día, y me dijo una cosa; que tenemos que ser cuidadosos, en lo posible de mantenernos juntos. Porque nosotros estamos con el Gobierno y este espacio, yo hablo todavía como en primera persona", cuenta Leiva con una risa al final, quizás recordando su último tiempo como fiscal de Estado antes de pasar a la Corte.

Con el diario del miércoles, Pedicone recalibró el peso de sus palabras. Por un lado suavizó las implicancias a "Juan y Osvaldo" y volcó todo sobre Leiva. El magistrado aseguró que seguramente Leiva hablaba por boca propia y no como mensajero de la fórmula gobernante. Tampoco se privó en definir que la causa contra Bussi “estaba armada”. Más allá de estos considerandos, la respuesta del oficialismo fue, hechas las desmentidas correspondientes, desacreditar a Pedicone. Desde la Legislatura comandada por Jaldo, el oficialismo pidió a la Corte un informe respecto a 107 ceses de prisión preventiva que firmó Pedicone. Mientras el resto de los vocales guarda silencio, el único cortesano que respondió en el acto fue el propio Leiva. ¿Fue acaso el primer acto de un juicio político contra Pedicone? Acompañando la respuesta de la Legislatura, Fernando Juri Debbo, hombre de Manzur, realizó un idéntico pedido en calidad de Defensor del Pueblo.

Mientras tanto, la causa contra Bussi no avanza. Por el Código Procesal Penal tucumano, para investigar a un legislador en funciones, este no tiene que estar protegido por los fueros. Para que la Legislatura trate el desafuero, la Justicia lo tiene que pedir, algo que no sucede y existe un riesgo en que la causa finalmente se archive. Además, la Legislatura confirmó que fueron borradas las grabaciones de las cámaras del día donde habría ocurrido el abuso. Quien lo informó fue Gilda Pedicone de Valls, ex funcionaria y abogada de Bussi padre, nombrada al frente de la dirección de Asesoría Letrada este año por el oficialismo.

Radiografía de un régimen

El futuro de este escándalo político, producto de una interna judicial, es aún terreno de especulaciones. La propuesta de Manzur de “dejar en manos de la Justicia” suena a burla cuando el denunciado es integrante del tribunal supremo de la provincia pero también es algo acotado para no reconocer la mano no tan invisible de la política.

La denuncia del profesor de Derecho Romano no sorprendió a nadie, aunque tenga múltiples lecturas y especulaciones. La funcionalidad del hijo de Bussi evocada por Leiva —ya sea como divisor de los votos opositores, su seguidismo en la Legislatura o incluso como cantera de cuadros que pasaron de Fuerza Republicana al Partido Justicialista— no es novedosa para la vox populi, que ya contemplaba la sospecha de un financiamiento por debajo de la mesa desde que José Alperovich era amo y señor. Si hoy Jaldo es el cultor de la relación con el bussismo, en el pasado lo fue Manzur cuando le tocó ser presidente del poder legislativo. Por estos días se reflotó la foto entre el actual gobernador y Bussi hijo, abrazados, en un brindis de aquellos tiempos. Un recordatorio de quién, efectivamente, le hace el juego a la derecha.

Tampoco espanta a nadie la rosca y las componendas entre los tres poderes del Estado, en este caso para digitar los ritmos de una causa. La tan evocada independencia entre los poderes es letra muerta de algún manual escolar frente a la realpolitik de los pasillos y despachos. Que no haya sorpresa, no significa que no haya impacto.

El gobernador "amigo de Alberto" y animador del Frente de Todos vuelve a protagonizar un escándalo de proyección internacional, en medio de los cruces por la reforma judicial. Así, Manzur le da argumentos a la oposición macrista, máxime cuando Claudia Sbdar, presidenta de la Corte tucumana, es parte del consejo de notables que eligió Fernández como asesores de la reforma. La respuesta del Gobierno nacional también influirá en hasta dónde se respalde localmente a Leiva o si será un fusible cambiable.

El tenor de la denuncia puede servir como radiografía de un régimen político-judicial, con el foco en una Corte Suprema diseñada por Alperovich y Manzur, con todos ex funcionarios del Ejecutivo cuyos pliegos se aprobaron en la Legislatura. Además de la trampa hecha ley, también resurge la alianza peronismo-bussismo, donde las posiciones derechistas recalcitrantes del segundo dicen mucho también del primero.

Desde el vamos, la Corte Suprema es una entidad aristocrática que orgullosamente concentra el poder frente a las mayorías populares. Este carácter que comparte con el conjunto de la casta de jueces, se exacerba aún más en la Corte, con otros: electos antidemocráticamente, vitalicios, sueldos abultadísimos y otros privilegios. Más allá de los cruces mediáticos, no hay plan de reforma judicial que busque tocar a la casta judicial, como sí lo plantea la izquierda con el establecimiento de los juicios por jurado, la elección de jueces por el voto directo y con revocabilidad, y un salario equiparable con el de un trabajador promedio.

Es una ley no escrita que cada Gobierno busca inclinar la cancha a su favor en el plano judicial, con una Cortes y jueces afines. Este modus operandi hoy altera su normalidad y pone al régimen tucumano en un nuevo escándalo político.







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