SANTA FE

Maniobras proscriptivas, arbitrariedades e irregularidades en las elecciones santafesinas

El escrutinio de las PASO en Santa Fe vuelve a generar polémica. Con semejanzas al fraude denunciado en 2015, la izquierda reprendió duramente el cambio de criterios de la justicia electoral para dejarlos fuera de las generales.

Jueves 24 de agosto de 2017 | 15:47

En el marco de una debacle electoral de lo que queda del Frente Progresista, que hace de la disputa por la gobernación del 2019 el horizonte de todas las batallas, nuevamente las elecciones en Santa Fe terminaron cuestionadas. Ya en el 2015 el gobierno provincial y la Justicia Electoral habían dado la nota: miles de votos sin contar, un escrutinio que se detuvo sin razón alguna, robo de votos en decenas de mesas y, nuevamente, las listas de la izquierda en el centro de los ataques.

En un espectáculo plagado de arbitrariedades e inconsistencias el Tribunal Electoral Provincial (TEP) pretende dejar afuera a expresiones políticas, que sin la billetera y los medios de los grandes aparatos, no se subordinan a un régimen político hecho a la medida de los intereses de los partidos tradicionales.

Esa misma justicia es la que en el 2015 intentó impugnarnos la lista del Frente de Izquierda en las elecciones a gobernador. El escrutinio nos dio la razón, nuestra denuncia de fraude era correcta, validando que la fórmula que encabezamos había superado el piso proscriptivo.

Aquel año la lista que llevaba a la actual concejala del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, también había sido objeto de manipulación. El conteo definitivo ratificó, del mismo modo, que el piso había sido superado. De no haber sido por las denuncias de la izquierda, el régimen político y judicial hubiese permanecido inmutable, y no habría ningún precedente a las maniobras proscriptivas, como las que denunciamos en estas PASO.

Este año el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), como lo hicimos en el fraude del 2015, nos apuntalamos rápidamente denunciando los manejos discrecionales de la justicia, que cambió de criterios para pasar las PASO una vez finalizado el escrutinio definitivo, como denunció este diario ayer. Esto fue refrendado por el audio de una entrevista radial al Pro Secretario del TEP Roberto Pascual, quien ratifica sucesivamente que el piso es del 1,5% de los votos emitidos.

Un régimen electoral restrictivo

¿Qué es puntualmente lo que denunció el Frente de Izquierda? Que al comenzar el escrutinio se fijó el piso del 1,5% de votos válidos emitidos. Pero una vez que se contaron los votos y los fiscales retornaron a sus localidades, la Junta Electoral, con los resultados en la mano, cambió las reglas. Elevó discrecionalmente el piso (a pedido del PS y de Cambiemos) para que pasen menos listas en Santa Fe y Rosario, y así digitar arbitrariamente las elecciones de octubre. Es realmente escandaloso, más aun teniendo en cuenta que la lista que encabezamos con Virginia Grisolía en 2015 estuvo sólo a 300 votos de entrar al Concejo Deliberante.

El Frente Progresista asumió en el 2007 luego de décadas de gobiernos justicialistas que habían garantizado su entronización a través de la conocida Ley de Lemas del reutemismo, una ley injusta que permitía que el candidato que no era el más votado pudiera ganar la elección igual gracias a las sumatorios de listas internas.

Pero el paso del tiempo demostró que el progresismo santafesino mantuvo en lo esencial los aspectos más antidemocráticos del régimen electoral provincial. Lo que viene sucediendo estos días en el TEP es muestra, por un lado, de la sumatoria de trabas y maniobras que permanecen hasta el día de hoy, y por otro, una suma de procedimientos sin ningún tipo de control que permiten, por ejemplo, la presentación, elección tras elección de listas fantasmas que presentan a su vez decenas de sublistas para juntar votos y pasar las PASO, pero cuyos candidatos reúnen una proporción mucho menor a candidatos y candidatas más votados, como es nuestro caso en la listas de concejales del FIT de Rosario, o la lista de Barrio 88 en la ciudad de Santa Fe. Es decir, una re edición velada de la Ley de Lemas.

Para acceder a un cargo legislativo hay que sacar más del 3% del padrón para poder acceder al reparto. Esta decreto de la dictadura militar fue utilizado primero contra Carlos Del Frade, y en el 2015 contra María Elena Molina del Frente de Izquierda. Este año la justicia impugnó la lista encabezada por Caren Tepp, con el ridículo argumento del “cupo masculino”. La interpretación de la ley no podía apoyarse en otro lugar que en los aspectos más machistas de la ley.

La pauta y la publicidad oficial son casi nulas. A estas condiciones de competencia absolutamente desiguales se le suma la existencia de un piso del padrón para competir en las generales, y la manipulación del escrutinio provisorio para dejar a priori listas afuera. Se trata lisa y llanamente de un régimen hecho con el único fin de garantizar la permanencia de los mismos partidos de siempre.

Peronistas, radicales, socialistas y el PRO, se reparten la torta de una de las provincias más ricas del país, beneficiados por un régimen electoral y político que cuenta con decenas de mecanismos para evitar que emerjan las fuerzas que denuncian el ajuste en Santa Fe.

¿Por qué proscriben a la izquierda?

Cada uno de estos mecanismo es utilizado contra las fuerzas que apoyamos los reclamos de los trabajadores, la pelea de los familiares víctimas de gatillo fácil como el de Jonatan Herrera, Franco Casco o Gerardo Escobar, que se enfrentan a los elementos más podridos de este régimen político como la policía, el reclamo de las mujeres por #NiUnaMenos y por aborto seguro, legal y gratuito. Son utilizados contra las fuerzas que ante cada cierre de fábrica, despido o suspensiones le ponen el cuerpo y la militancia a la prepotencia patronal amparada por los gobiernos y la justicia.

Es esta misma justicia, con jueces que ganan más de 200 mil pesos al mes y no pagan el llamado impuesto a las ganancias mientras la mitad de los trabajadores de este país cobra por debajo de la canasta familiar. Estos jueces no se someten al voto popular ni se autoimponen pisos proscriptivos ya que son elegidos por los partidos a los que benefician con este tipo de fallos. Es la misma justicia que amparó con su juicio abreviado a la banda de Los Monos, que libera a los asesinos de Jonatan Herrera y mantiene la impunidad sobre el caso de Paula Perassi. Es la misma institución que revictimiza una y otra vez a las mujeres que sufren la violencia de género. Es una justicia que aplica la ley contra los trabajadores pero no contra empresarios, como los de Liliana que hace 3 años incumplen un fallo judicial que ordena la reinstalación de Lucas Castillo, que nos acompaña en las listas del Frente de Izquierda.

No es casual, entonces, que ataquen a la izquierda. No es casual que ataquen a quienes nos plantamos por estas peleas en todo el país, en las calles y en el Congreso como lo mostramos con Nicolás Del Caño y Myriam Bregman. En octubre redoblamos la apuesta.







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