Política

DICTADURA CÍVICO-MILITAR

Malvinas: piden a la CIDH que se impulse causa por delitos de lesa humanidad contra soldados

El Centro de Excombatientes de La Plata reclamará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado argentino impulse la causa por las torturas padecidas durante la guerra.

Martes 1ro de mayo | Edición del día

El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata se presentará el próximo 7 de mayo, en Santo Domingo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que el Estado argentino impulse la causa de lesa humanidad por las torturas y abusos que padecieron los soldados que participaron en 1982 en la guerra contra el imperialismo inglés.

En el 2007 se abrió la causa que debía investigar las torturas cometidas por los militares contra los soldados que combatían en Malvinas. El Cecim se presentó como querellante y pidieron que se convoque a diez militares para ser indagados, pero hasta ahora la Justicia continúa desoyendo el pedido.

Sobre la presentación ante la CIDH el abogado querellante sostuvo "llegamos a esta instancia para buscar una solución amistosa con el Estado. Hace 36 años que los soldados de Malvinas están buscando justicia y debe haber un compromiso del país para que se llegue a la verdad", dijo a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado y representante legal del Cecim en esta causa.

La causa que se sigue en el juzgado Federal Número 2 de Río Grande, Tierra del Fuego, investiga aproximadamente 120 denuncias de conscriptos al retornar de la guerra, recogidos por oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas que confeccionaban las actas que se hallaron, en el 2015, al desclasificar los archivos.

Estos documentos no sólo dan cuenta de las torturas sufridas por los soldados, sino que a través de las actas se conoce las medidas que tomó la Junta Militar para impedir que estas denuncias se conocieran.

Los documentos desclasificados, durante el gobierno anterior, relatan los abusos que padecieron los jóvenes soldados en las islas por parte de los oficiales argentinos. Entre los informes constan golpizas a quienes se atrevían a salir de las trincheras para buscar comida, patadas en los testículos, enterramientos en fosas, entre otras vejaciones. Por eso el Cecim viene reclamando que un grupo de oficiales y suboficiales sean juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Lleva más de diez años la causa que debiera investigar las violaciones que sufrieron los conscriptos argentinos por parte de los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.

Dilaciones para la impunidad

Para el abogado querellante del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, esta megacausa es un ejemplo de impunidad ya que “basado simplemente en la prueba presentada, que incluye documentos oficiales irrefutables elaborados por las propias Fuerzas Armadas, el llamado a indagatorias surge como un paso lógico dentro de la causa. Algo que debió haberse ordenado hace mucho tiempo”.

En 2009, uno de los acusados en esta causa, el exmilitar Jorge Eduardo Taranto, presentó ante el juzgado un recurso para pedir la prescripción de los delitos que se le imputaban en una denuncia realizada por un exsoldado.

Ese pedido se rechazó en el juzgado y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convalidó esa decisión al establecer que los hechos denunciados debían ser procesados como delitos de lesa humanidad.

Pero dos años más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación validó el pedido de Taranto y en febrero de 2015 la Corte ratificó ese criterio, ante lo cual los veteranos de guerra de La Plata decidieron presentar un recurso ante la CIDH para evitar que se siente un precedente que haga caer la causa.

"El fallo de la Corte que aceptó el pedido de Taranto se remitía a un solo caso. Pero antes de esa resolución se presentaron otras denuncias contra el ex militar. La causa sigue, pero necesitamos que haya una activación del expediente", explicó Guerrero Iraola.

En la actualidad, hay radicados en el juzgado de Río Grande 105 casos de violaciones a los derechos humamos, 95 imputados y 120 denunciantes.

En mayo del año pasado, el centro de veteranos de guerra, que preside Mario Volpe, se reunió en Buenos Aires con una delegación del organismo interamericano encabezada por su presidente, el peruano Francisco Eguiguren, y expresaron su inquietud por "las dilaciones del Poder Judicial" que dificultan el avance de esta causa.

La CIDH propuso iniciar un procedimiento de "solución amistosa", y en una reunión de trabajo que se realizará en la capital de la República Dominicana, junto a representantes del Gobierno nacional, el Cecim presentará a título de los veteranos de Malvinas once puntos a través de los cuales se podría alcanzar un principio de solución.

Los excombatientes quieren que el Estado argentino reconozca su responsabilidad por los hechos denunciados, que pida disculpas públicas, la creación de un archivo sobre violaciones a los derechos humanos en Malvinas, difundir la temática de Malvinas en las áreas de capacitación docente, apoyo a la querella en esta causa, desarrollo de actividades de concientización, reparación pecuniaria, generar un espacio de encuentro y un programa de acompañamiento para los familiares de las víctimas.

Además, los veteranos de guerra solicitarán la desclasificación de los archivos referidos al conflicto del Atlántico sur; la creación de una Unidad de Investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Malvinas y la derogación definitiva de la ley de servicio militar.

"Por la cantidad de casos y acusados, creemos que estamos ante una megacausa. Nos apoyamos en las conclusiones del informe elaborado en 1983 por el teniente general Benjamín Rattenbach, que estableció que la guerra de Malvinas constituyó una ’aventura militar’ llevada a cabo por unas fuerzas armadas que estaban preparadas para combatir contra un enemigo interno, pero no contra una potencia militar como Gran Bretaña", remarcó el letrado.

A 36 años de terminada la guerra y a casi diez de comenzado el juicio, los reclamos de los excombatientes por Justicia siguen silenciados. Como lo ordenó el genocida Nicolaides.








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