Política

CAUSA POR TORTURAS Y VEJÁMENES

Malvinas: nuevo cruce entre Cristina y la justicia

El 19 de febrero se dio a conocer la decisión del máximo tribunal desestimando la investigación sobre torturas y vejámenes cometidos durante la guerra de Malvinas y de los cuales fueron víctimas soldados argentinos. El CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata) exigió la anulación del fallo y la Presidenta, en un pasaje de su discurso de apertura, reclamó que se investiguen los aberrantes crímenes y recomendó que se recurra ante la CIDH.

Celina Tidoni

Abogada del CeProDH Rosario

Martes 3 de marzo de 2015 | Edición del día

A casi 33 años de la Guerra de Malvinas, los excombatientes sufren un nuevo silencio por parte del Estado. La máxima instancia judicial consolida mediante este fallo un retroceso categórico en materia de Derechos Humanos, hace oídos sordos a delitos de lesa humanidad sin siquiera opinar sobre la cuestión de fondo, aludiendo que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”. Parece que los notables magistrados no tienen en cuenta la importancia de juzgar este tipo de delitos que atentan contra la humanidad toda y por ello imprescriptible, siendo que fueron cometidos por el Estado mediante funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, durante una guerra y bajo una dictadura militar.

Torturas, estacamientos, violaciones y otros tratos inhumanos fueron sufridos por los combatientes, crímenes que se mantienen impunes y por lo cual vienen peleando dentro y fuera de los tribunales organizaciones como el CECIM. En el año 2007 iniciaron 120 denuncias en los juzgados federales de Río Grande, en el camino se los intentó frenar con apelaciones y pedidos de prescripción pero finalmente llegaron a la Corte. En el comunicado que emitieron esgrimen "Con esta resolución, la Corte nos aplica la misma imposición de silencio que impuso la dictadura al regreso. Redactar las tres líneas de la fórmula les llevo a los ’Supremos’ el módico lapso de tres años, negando así las voces de los soldados que sufrieron vejámenes y aberraciones en la guerra de Malvinas llevada adelante por una decisión de la dictadura cívico militar”.

Durante este período, diferentes instituciones venían apoyando la causa y se habían presentado como Amicus Curiae, como la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación HIJOS y la DAIA, que asistió a los soldados de origen judío que fueron torturados en Malvinas. La investigación recaía sobre más de 80 militares y según manifestó Alonso representante del CECIM “Este expediente estuvo casi tres años dormido y ahora la Corte da una resolución escueta que no trata la cuestión de fondo. Hay que contextualizarlo: esto es después del 18F, el 19 sacan este dictamen”.

El pasado miércoles 25 de febrero, dicha organización presentó ante el órgano judicial un escrito de 8 carillas mediante el cual reclaman la “reconsideración, revocatoria y nulidad” de la resolución y esgrimieron "cerrar esta causa de una manera tan irregular, sin fundamento, ni motivación y de una manera absolutamente ininteligible y contradictoria" y advirtieron que podrían recurrir a organismos internacionales por "privación de justicia".

Terminó el discurso pero sigue la impunidad

El pasado domingo durante el discurso de Apertura de Sesiones en el Congreso, Cristina Fernández repudió la decisión de la Corte ante el caso y les recomendó a los ex combatientes apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no se puede dejar de analizar esta mención como parte de la disputa del gobierno con sectores de la casta judicial y la oposición de derecha, que se ha polarizado luego de la marcha del 18F. Por cierto no fue la única: el caso Nisman y la masacre de la AMIA fueron motivo para que la Presidenta enfrentara a los cortesanos.

Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y vocero del gobierno Martín Fresneda “lamentó” la resolución judicial. Una vez más bajo su gestión se presenta la impunidad que poco se la puede dibujar acusando a las internas judiciales. Nos preguntamos por qué la Secretaría de Derechos Humanos no se presentó como querellante, como lo hizo en numerosos juicios contra genocidas, de modo de activar en instancias federales el juicio contra los responsables de las torturas y vejaciones. Hubiese sido una forma de expresar, en los hechos, no en los discursos, su voluntad de ir contra la impunidad.

Estos aberrantes hechos sufridos por los soldados que dieron su vida en la guerra son una parte más del maltrato que sufrieron siendo ocultados, maltratados y dejados de lado por aquellos por aquellos mismos que los mandaron a la guerra y los gobiernos que los sucedieron. Hoy el gobierno de Cristina no puede ocultar que no marca la diferencia.







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