Sociedad

CÁRCELES DE LA MISERIA

Magdalena: detectan hantavirus en la Unidad Penitenciaria 28

El caso hasta ahora detectado es de un joven de 24 años, detenido hace dos en esa dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Denuncian un megafoco infeccioso en las cárceles de María Eugenia Vidal.

Miércoles 30 de enero | 21:04

“Hace menos de dos semanas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había reclamado medidas de prevención para el contagio del hantavirus en los lugares de encierro. Las malas condiciones de detención y la presencia de roedores hacen de las personas allí alojadas una población en grave riesgo. Ahora se confirmó el primer caso de contagio en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de Magdalena”.

El texto citado encabeza un comunicado de prensa difundido por la misma CPM este miércoles, dando cuenta del caso de Rubén Oscar Gómez Domínguez, de 24 años, quien el miércoles pasado fue trasladado desde la UP 28 (donde lleva dos años detenido) hasta el hospital San Juan de Dios de La Plata con síntomas compatibles a los del hantavirus.

Según la CPM, Gómez “estaba alojado en el pabellón 10, presentaba fiebre, dolor abdominal y afecciones respiratorias. Desde el nosocomio mandaron una muestra al Instituto Malbrán que confirmaron el diagnóstico de esta infección”.

Para el organismo (presidido por el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel e integrado, entre otras personalidades, por Nora Cortiñas) “este hecho se inscribe en la grave crisis sanitaria en cárceles, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos que, año a año, produce enfermedades y muertes por desatención de la salud”.

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La Comisión por la Memoria informó a su vez que presentó un “habeas corpus colectivo”. Ante el peligro de nuevos contagios y la propagación del virus en las personas alojadas en las diversas unidades del complejo penitenciario de Magdalena (28, 35, 36 y 51), “la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este lunes ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata un habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención y hoy amplió esa presentación”, afirma el comunicado.

“La falta de recursos, planificación sanitaria y coordinación con las políticas sanitarias generales agravan la situación en el encierro y son un riesgo para la salud de toda la población”, sintetizó el organismo.

Entre las medidas de urgencia que solicitó la CPM se encuentran la prevención a través de la “higiene y control en el establecimiento”, que “se ordene una evaluación epidemiológica integral en la zona de aparición del caso, que incluya la definición de la magnitud del brote”, que se identifique el “probable mecanismo de transmisión o fuente de infección”, que se investiguen “otras potenciales personas expuestas al virus” y se recolecten “muestras de sangre para diagnóstico serológico” según indican los protocolos de la Secretaría de Salud de Nación, del Ministerio de Salud provincial y de la Sociedad Argentina de Infectología.

Hace dos semanas la Comisión por la Memoria envió notas a distintos ministerios y organismos provinciales en las que denunciaba “las gravosas condiciones materiales de detención, el hacinamiento, la falta de higiene y la presencia de roedores en los espacios de alojamientos -a tal punto que las personas detenidas llegan a armar barricadas con sus frazadas para que las ratas no entren en las celdas-”.

Pese a las advertencias, dice la CPM en su comunicado, “a la fecha no se tomó ninguna medida relevante. La UP 28 aloja actualmente a 1.300 personas, con una sobrepoblación de 262 %, la más alta de todo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Entre 2008 y 2018, la población detenida en la unidad tuvo una variación del 204 % mientras que la sobrepoblación aumentó un 338 %”.

La Comisión agrega que “este primer caso de hantavirus también es la comprobación de esta denuncia: Rubén venía pidiendo, sin éxito, atención médica una semana antes de su internación extramuros. Esto ocurrió porque en las cárceles bonaerenses los pedidos de asistencia médica se realizan a través de los agentes penitenciarios, que dilatan o niegan el acceso de manera arbitraria y sin criterio clínico”.

El organismo de derechos humanos finaliza su comunicado afirmando que “este caso es la punta del iceberg, la confirmación, otra vez, de la crisis gravísima que atraviesa la salud penitenciaria y que provoca constantemente muertes por enfermedades no atendidas. El Estado es el responsable de estas muertes y debe encarar reformas urgentes tendientes a garantizar el real y efectivo acceso a la salud en las cárceles”.







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