Política Venezuela

CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA

Maduro extiende por cuarta vez el estado de excepción y el decreto de emergencia económica

Se extienden por 60 días decretos que más bien han servido para aplicar medidas económicas que lejos de beneficiar al pueblo garantizan las ganancias a empresarios y transnacionales

Viernes 16 de septiembre de 2016 | Edición del día

Fotografía: Reuters

Maduro había firmado dichos decretos con el argumento de que “necesita poderes especiales” para luchar contra una supuesta "guerra económica" de empresarios y de la derecha. Si la prórroga anterior tenía el argumento que era para "que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos contra la guerra económica", esta vez se aplica “para reforzar la Gran Misión Abastecimiento Soberano y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)”, una misión en manos de los militares.

Hasta la fecha estos decretos y poderes especiales que se ha atribuido Maduro en nada han servido para solventar la profunda crisis económica que se vive, y menos aún para evitar que sea el pueblo el que siga sufriendo lo peor de esta situación agobiante.

En verdad, estos decretos lo que buscan es fortalecer los aspectos más bonapartistas, es decir autoritarios, del gobierno, algo opuesto a los intereses de los trabajadores y el pueblo. Maduro argumenta que se atribuye más poderes para que “el gobierno se defienda y defienda al país”, pero lo que los trabajadores necesitan para derrotar todo avance reaccionario, venga de donde venga, y defender sus intereses, son las más amplias libertades democráticas, de organización y movilización, algo que el gobierno ya viene retaceando.

En su momento, cuando se anuncian estos decretos por la primera vez escribimos una declaración en la que sosteníamos que la incorporación de la figura de “estado de excepción”, aunque se haga con el pretexto de un supuesto “golpe de Estado” o “contra la derecha”, condiciona las libertades públicas y amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, apunta a reforzar el control social ante el enorme malestar popular que puede estallar en saqueos y bloqueos, así como contra los paros y luchas de los trabajadores, justificando una mayor “militarización” de las zonas populares, la “criminalización de la protesta obrera y popular" y, eventualmente la represión.

Si se trata de enfrentar realmente a la derecha empresarial y proimperialista como dice el gobierno, entonces el pueblo trabajador necesita las más amplias libertades democráticas, para discutir, organizarse y movilizarse, sin restricciones desde el poder. Pero lo cierto es que con estos decretos lo que busca también el gobierno es maniatar a los trabajadores restringiendo todo tipo de libertades, con restricciones al derecho a huelga e incluso para sufrir amedrentamientos.

La derecha ha venido votando contra estos decretos y sus prórrogas en la Asamblea Nacional, que más bien lo hace con todo un aspecto demagógico. Demás está decir que la oposición de los socialistas revolucionarios cuando nos oponemos a dichos decretos no tiene nada que ver con el punto de vista de la derecha, que muy bien siempre aplicará Estados de “excepción” para reprimir estallidos sociales o las huelgas y tomas de fábrica por los trabajadores, como ya lo ha hecho en otras épocas.

El decreto de emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de “bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento”, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. Así como la suspensión de sanciones contra funcionarios de alto rango del Gobierno que puedan venir por parte de la Asamblea Nacional.

Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas- cualquier acción en el marco de lo que llama “la emergencia económica”. De hecho, Maduro lanzó un programa de “abastecimiento” bajo el mando militar hace varios meses y más recientemente ha ordenado militarizar la distribución de alimentos.

Decretos de este tipo no sirven para combatir la escasez ni para dar solución a la agobiante crisis económica, porque más bien están al servicio de justificar la desastrosa orientación actual y buscar un pacto con los sectores empresariales en nombre de un supuesto “nuevo modelo productivo”. Incluso servirá para cualquier acuerdo en el marco de las conversaciones que se vienen desarrollando entre el gobierno con la oposición aglutinada en la MUD, acuerdos que incluirán con seguridad un conjunto de medidas económicas y políticas frente a la crisis funcional a los sectores de las clases dominantes.

Hasta el momento, bajo la cobertura de estos decretos, lo que hemos visto es la aplicación de toda una política de apertura a las transnacionales en áreas importantes como el petróleo y la minería como es el caso del Arco Minero del Orinoco, así como para aplicar un programa económico que ha venido estando a la altura del capital.

En síntesis, han servido para sostener una política económica que descarga el fardo más pesado sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, combinando inflación y medidas de ajuste así como la autorización para los aumentos de precios para los bienes de la canasta familiar, mientras a los empresarios y a las transnacionales se les viene garantizado sus ganancias.

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