Política

DAVOS

Macri y Gems education, expertos en privatización

El presidente viajó la semana pasada a la ciudad suiza de Davos para participar del Foro Económico Mundial, donde inició una agenda apretada de reuniones con jefes de Estado y empresarios. En ese marco se reunió con Sunny Varkey, fundador de Gems Education, una de las redes privadas de educación más importantes del mundo.

Hernán Cortiñas

Congresal Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

Jueves 28 de enero de 2016 | Edición del día

Gems es una de las principales consultorías corporativas y además es el mayor proveedor global privado de educación escolar. Tiene más de 130.000 estudiantes que asisten a las 100 escuelas de la red en 11 países de diferentes continentes. Ofrecen un abanico de cupos escolares a precios que van desde los 750 a los 40.000 dólares anuales por estudiante, atendiendo a los diferentes segmentos de rentabilidad. Producto de todo esto Gems Education obtiene rendimientos anuales cercanos a los 500 millones de dólares.

El gobierno nacional informó que conversaron sobre una propuesta para realizar un entrenamiento a maestros y profesores y sobre un proyecto de escuelas privadas con nuevas tecnologías. “Es el sistema McDonald aplicado a la educación”, señaló Sylvain Aubry, de la ONG Global Initiative for Economic and Cultural Rights, en un artículo publicado en l’Humanité. Se trata de un auténtico negocio, la escolarización privada de jóvenes representa un gigantesco mercado que puede mover varios miles de millones de dólares. En una entrevista a Bloomberg, el director de Gems afirmó que la educación constituye “un negocio sólido”.

Las escuelas privadas de “bajo coste” son un campo de lucro en expansión y representan un territorio de disputa en la política de las corporaciones transnacionales de educación. En los debates educativos están incidiendo para que el concepto de gratuidad sea sustituido por ‘affordable’, o pagable. Esta idea es la base para entender las escuelas privadas de bajo coste como una oportunidad de negocios con garantías estatales.

El año pasado GEMS Education llegó a los titulares de los diarios europeos por su “Índice de eficiencia”, financiado en base a sus consultorías con gobiernos que la contratan bajo el discurso de buscar “mejorar sus estándares en educación”. El estudio compara los resultados obtenidos en las pruebas PISA del 2012 con el promedio de salario anual de los maestros en base al concepto de “paridad de poder adquisitivo” (PPA). Con este índice argumentan que los países con profesores mejor pagos no son necesariamente los que obtienen los mejores resultados en las pruebas internacionales.

La polémica por el informe estalló en España, cuyo sistema educativo Gems ubicó en la posición 26 de entre 30 países. A pesar de ser el país hispanoparlante con mejores resultado en el ranking PISA, este estudio califica al sistema español como “ineficiente” por contar con “más profesores de los necesarios con salarios excesivos”. El informe señala que España tiene mejor rendimiento en términos de calidad que de eficiencia, es decir, buenos resultados pero “caros”. Frente a eso la consultoría de Gems recomendó incrementar el ratio de alumnos por profesores en un 68%, pasando de los 10 actuales a 17 alumnos por profesor. Además plantea la posibilidad de mejorar sus resultados en las evaluaciones PISA reduciendo los salarios del profesorado en un 20%. Claramente una consultora contratada para justificar un plan de ajuste educativo en toda la línea.

Adriana Puiggrós, ex diputada del Frente para la Victoria, criticó a Macri por el encuentro en una nota de Página 12. Allí señaló que “el ingreso de GEMS al país solo confirma que los acuerdos de universidades con entidades financieras, que hemos informado en varias oportunidades, eran solamente el bastión de proa de la mercantilización del conjunto del sistema de educación pública argentino”.

En el siguiente párrafo la dirigente kirchnerista describe: “El Banco Santander, a través de varios programas, tiene acuerdos con cerca de dos mil universidades latinoamericanas, entre las cuales se cuentan varias públicas a las cuales vende o gestiona sus campus informáticos, aulas digitalizadas, asesoría legal, formación de docentes, administración de las cuentas sueldo de grandes universidades como la UBA, llegando a proporcionar las credenciales de ingreso a los campus. Nadie puede creer que se trata solamente de una altruista ayuda de éste y otros gigantes financieros (HSBC, Banco Francés, Citibank) que canjean su ingreso a las instituciones públicas por puñado de becas para pobres meritorios. La educación fue descubierta como un mercado, con garantía de reproducción infinita de la clientela y un gran competidor que se llama Estado”.

Lo que parece olvidar Puiggrós es que fue Alberto Barbieri, ex candidato a Ministro de Educación por Scioli y el FpV, quien negoció el desembarco de Río Santander en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí un cartel resumía toda su política educativa: "Santander Rio, el banco que la UBA eligió para vos". En su gestión en Económicas mientras se multiplicó la venta de posgrados arancelados y servicios de toda índole, más de 3000 docentes -el 70% de la planta- trabajaban de forma gratuita ("ad honorem").

Esta serie de propuestas continúa lo que Macri ha demostrado a lo largo de 8 años en la Ciudad de Bs As.: una gestión de orientación privatista en educación. Pero no está solo. A confesión de parte podemos señalar que el legado kirchnerista sirve de “bastión de proa de la mercantilización del conjunto del sistema educativo público”. Es así como el macrismo no sólo se está valiendo de los presupuestos de ajuste votados junto al kirchnerismo, sino también de los discursos rabiosos Cristina F. de Kirchner defendiendo el presentismo contra los derechos de las y los docentes y la naturalización del concepto de calidad educativa ligada a los estándares de las evaluaciones de los organismos internacionales de crédito.

El interés del macrismo por “mejorar” la educación se traduce, por un lado, a un modelo de subsidios crecientes a las empresas educativas privadas, por el otro, a impulsar una evaluación educativa para generar una opinión pública contraria a los derechos laborales de los docentes, responsabilizándonos por los principales problemas educativos. Resulta necesario entonces desbaratar todo intento de estigmatización, organizándonos para defender nuestros derechos y la educación pública junto al resto de las y los trabajadores que salen a reclamar contra los despidos, la represión y la criminalización de la protesta.







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