Sociedad

LEY DE REGULACIÓN DOMINIAL

Macri vs. Scioli: la crisis de vivienda al balotaje

El 30 de septiembre la Presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Regularización Dominial de la Vivienda Familiar, haciendo eje en que a pesar del modelo de “crecimiento con inclusión” era una deuda pendiente con las más de 500 mil familias que no tienen escritura de sus hogares. Ante el balotaje del 22 de noviembre el gobierno la presentó en el Congreso como otra forma de mostrarse como lo opuesto a Macri. Aquí hacemos un repaso por las políticas de vivienda implementadas por el FpV y el PRO durante estos años, en los que el déficit no dejó de crecer en todos los distritos.

Andrés Arnone

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA)

Sábado 7 de noviembre de 2015 | Edición del día

Crecimiento, trabajo precarizado y crisis de vivienda.

El proyecto de ley presentado por el FpV responsabiliza en sus fundamentos al “éxito en la reindustrialización”, los “6 millones de nuevos puestos de trabajo” y a la inmigración interna hacia los centros urbanos en busca de trabajo por el déficit habitacional que sufre la población. Detrás de esta formulación se esconde la destrucción de puestos de trabajo en las ciudades pequeñas y la falta de profundas políticas de planificación urbana y obras de infraestructura por parte del gobierno nacional y el provincial. Esto es más notorio en el GBA, donde más aumentó la población durante los últimos años, con distritos gobernados por los barones del conurbano del PJ desde hace décadas.

Otra cosa que no menciona el texto es que una importante causa del déficit habitacional la encontramos en el alza de precios causado por el mismo mercado inmobiliario y en el trabajo precario que no permite llegar a calificar para un crédito hipotecario a 9 de cada 10 de los asalariados, y se necesitarían entre 55 y 70 sueldos enteros para adquirir una vivienda. De los nuevos 6 millones de puestos de trabajo creados desde el 2003, el 50% tienen un salario por debajo del mínimo de $6 mil, y un 34% de ellos está en negro. Esto en el marco de que durante los últimos 40 años el salario perdió su poder adquisitivo en un 50%.

Con un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, el millón de soluciones habitacionales (reparaciones/ ampliaciones/ obra nueva) realizadas en 12 años por el Plan Federal de Viviendas resulta totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico requiere más de 100 mil viviendas por año, sólo para contener el crecimiento del déficit.

Por su parte, el PROCREAR en 3 años otorgó solo 195 mil créditos de los 400 mil anunciados originalmente, orientado al sector de trabajadores con salarios de $5 mil hacia arriba, dejando fuera al sector más pobre, los que más sufren el déficit habitacional. En cuanto a nuevas urbanizaciones, solo tiene planificado 9000 unidades para todo el país.

Este programa de créditos baratos, al no contemplar un control de precios, provocó el aumento del precio de los terrenos y el de los materiales de construcción, que hacen que el crédito alcance cada vez para menos. También los créditos para terrenos y la ampliación en de la infraestructura urbana para zonas que antes estaban deshabitadas provocó que los precios aumentaran.

Como balance de esta “década ganada”, en toda Argentina aumentó la cantidad de viviendas vacías a 2,5 millones, subiendo en paralelo al déficit habitacional,; disminuyó un 3% la cantidad de propietarios, contra un aumento del volumen de inquilinos del 5%.

Títulos de propiedad y “desalojos rentados”

La propiedad dentro del capitalismo tiene un doble carácter, siendo un derecho democrático que los socialistas defendemos para que los trabajadores sean resguardados de desalojos o el clientelismo gubernamental. En casos como Jujuy, en el barrio de Alto Comedero, organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo como la Tupac Amaru entregaron miles de viviendas pero sin titularización, condicionando la permanencia a la participación en sus movilizaciones, la misma coerción que usan para manejar los planes trabajar. Allí la referente del Frente de Izquierda Natalia Morales planteó la necesidad de una ley que titularice todas las viviendas sociales construidas para terminar con la amenaza de dejar en la calle a sus habitantes.

Los capitalistas convierten el comercio de viviendas en la misma causa de la exclusión. Vemos esto claramente en los barrios potencialmente valiosos por su ubicación o infraestructura, donde la intervención de los grandes desarrolladores inmobiliarios y la construcción de viviendas más caras genera que las familias con menos ingresos sean desplazadas paulatinamente por otra de mayores ingresos, generando un efecto que se conoce como gentrificación. Esto va “filtrando” de las zonas de inversión a los trabajadores más precarizados o desocupados hacia barrios más económicos y viviendas cada vez más precarias acorde a sus ingresos, llegando hasta el punto de verse forzados incluso a tomar nuevas tierras y formar asentamientos.

A lo largo del tiempo los desarrolladores inmobiliarios van avanzando sobre los barrios levantando edificios y locales comerciales premium, como el caso de “Palermo Soho” o la refuncionalización de Puerto Madero, los cuales se encuentran deshabitados en un 30% y 70% respectivamente, siendo adquiridos centralmente por especuladores.

Imaginemos que las viviendas de la Villa 31, en pleno Retiro que es una de las zonas más caras del país, sean titularizadas sin que ninguna ley restrinja la entrada de los grandes holdings inmobiliarios. La parte de los habitantes que tenga escritura y lo venda podría, hipotéticamente, mudarse a otro lugar. Pero los que viven ahí como inquilinos de habitaciones sólo podrán “elegir” desplazare a otra villa, o generar nuevas tomas de tierra.

Podemos resumir lo anterior en que es el “derecho a la propiedad” de los capitalistas el que restringe el derecho a la vivienda de cada vez más trabajadores, al concentrase en menos manos, elevando su precio y obligando al hacinamiento o al desplazamiento hacia zonas más lejanas, hasta tener que llegar a villas y asentamientos. El “derecho a lucrar” es un principio al que están plenamente de acuerdo en defender las dos fuerzas que se presentan al balotaje.

Scioli contra la intervención del Estado

Entre 2001 y 2006, de cada 10 nuevos habitantes del conurbano bonaerense 6 se ubicaron en tierras tomadas; por el otro lado, gracias a la legislación avalada por el FpV y los barones del conurbano, la última expansión en superficie del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se realizó mayormente bajo la forma de urbanizaciones privadas, sumando aproximadamente 400 km2. Esto representa el 20% del suelo urbanizado, donde habita menos del 2% de la población total; mientras tanto, el 10% de la población habita en asentamientos informales pero ocupando sólo el 2% del la superficie del AMBA. La legislación a favor del boom de los barrios y ciudades cerrados elevó el precio de las tierras periféricas y potencialmente urbanizables, dejando fuera a los trabajadores que tradicionalmente adquirían lotes en cuotas y autoconstruían su vivienda, siendo también uno de las causas de las crecientes inundaciones, al construirse muchos de ellos sobre humedales que antes absorbían el excedente de agua durante las lluvias abundantes”.

A contramano del supuesto “Estado presente” al cual tanto hace alusión el FPV, su candidato presidencial Daniel Scioli se ocupó de modificar la reciente Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat, que planteaba originalmente la exigencia a los emprendimientos de más de 5 mil M2 (media manzana) a ceder el 10% de su superficie para construir viviendas sociales. Salvaguardando el derecho a la propiedad de los grandes capitalistas, corrigió el texto para que puedan optar entre la entrega de tierras o pagar un canon equivalente a su precio, vaciando de contenido la intención original de crear un banco de tierras en zonas urbanas para viviendas sociales.

Sin embargo el Estado está bien “presente” cuando se trata de desalojos y represión, como el reciente caso de González Catán en La Matanza, donde 350 familias reclamaban el reinicio de obras abandonadas por el gobierno desde hace 5 años.

Buenos Aires: modelo de ciudad PRO

Las últimas elecciones sorprendieron con el PRO destronando al PJ de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y de varias intendencias importantes, que hace años eran gobernadas por los barones del conurbano. ¿Qué es lo que podemos esperar de ese “cambio”? Para tener un vistazo repasemos algo de lo que hizo en laCiudad de Buenos Aires, con el recurrente apoyo de los legisladores kirchneristas que votaron gran parte de las leyes que propuso el macrismo en la Legislatura porteña.

Entre los proyectos para “revitalizar la zona sur” está el nuevo Centro Cívico, proyectado en terrenos del Hospital Borda donde en 2013, ante la resistencia de trabajadores y pacientes, se desalojó violentamente uno de sus pabellones.

Lo mismo sucedió en el caso del barrio Papa Francisco, donde con la excusa de perseguir narcos se arrolló con topadoras el barrio, con el apoyo de fuerzas represivas de Nación y Ciudad. Este trabajo en conjunto ya tenía antecedentes: en el Parque Indoamericado en 2010 se vio el trabajo en conjunto de la flamante Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional, que tuvo un saldo de 3 muertos y la amenaza de quitar los planes sociales a quienes ocupaban el predio.

Ambas fuerzas políticas impulsaron en su momento de conjunto un importante paquete de leyes a ser aprobadas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, además del Presupuesto 2015. Entre ellas un buen número tiene que ver con los planes de desarrollo para la Ciudad, en especial de la zona sur, en torno a los cuales se vienen pergeñando acuerdos con otras fuerzas políticas. Entre esas leyes se votó la extensión en tiempo y cantidad de empresas receptoras de los beneficios impositivos a las que se instalen en el Distrito Tecnológico, en el barrio de Parque Patricios. Desde que se creó este polo, el precio de la viviendas de la zona aumento un 60%, un 15% más que lo que subieron en el resto de la ciudad, con el consiguiente aumento de alquileres y “filtrado” hacia zonas más lejanas o degradadas.

La ley más importante votada por ambos partidos fue la de Planeamiento Urbano en el 2008, que amplió las áreas habilitadas para la construcción en altura e instalación de shoppings, el más importante requerimiento del lobby empresario impulsado por IRSA, Caputo y otros actores de la patria contratista, los “desarrolladores urbanos que apuestan al país”, como suele referirse a ellos el PRO o los K. El resultado del libre mercado avalado por estas leyes es que haya cerca de 340 mil viviendas vacías a precios inalcanzables y 200 mil personas en villas, cuando en el 2001 ya había la cantidad excesiva de 120 mil unidades desocupadas y 100 mil habitantes en las villas.

El Frente de Izquierda y el #VotoEnBlanco

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores planteamos durante toda la campaña que como medida elemental para enfrentar el déficit de 3 millones de vivienda hay que recuperar el poder adquisitivo del salario. Como vimos fue durante las últimas décadas, la caída de los salarios es una de las razones que dificulta el acceso al techo digno, y por eso planteamos que hay que terminar con el trabajo en negro, los contratos precarios y establecer un salario mínimo acorde a la canasta familiar de $15 mil.

Debe realizarse un censo sobre las 2,5 millones de viviendas desocupadas, para ver en qué condiciones se encuentran, quiénes son sus propietarios y por qué se las mantiene ociosas. Debe conminarse a que sean alquiladas, y expropiar sin pago los terrenos y viviendas ociosas en las zonas urbanas y suburbanas utilizados para especular por los grandes capitalistas inmobiliarios. Lo mismo hay que hacer con las propiedades de la Iglesia, que es uno de los principales propietarios urbanos. Como complemento se debe realizar un plan de obras públicas diseñado con organizaciones de trabajadores y vecinos que contemple la urbanización de villas con equipamiento educativo, salud, servicios y transporte, tanto como nuevas urbanizaciones, basado en impuestos a las grandes fortunas.

Como declaró del diputado nacional por el FIT Nicolás del Caño: “hay que encarar un plan que ataque los intereses capitalistas que transformaron la cuestión de la vivienda en un coto de negocios dedicados a countries, hoteles de lujo o megatorres para los ricos como hace la constructora Caputo, del amigo de Macri. Apostamos a un plan integral de urbanización de las villas y asentamientos precarios, la regularización de la tenencia de tierras y a atacar la especulación inmobiliaria” .

Luego de los resultados de las elecciones del 25 de octubre queda un solo modelo de ciudad y país para “elegir” en el balotaje: el que beneficia el mercado inmobiliario, amparado por ambos partidos. Aunque planteen matices como distinto grado de inversión en vivienda social, siguen fomentando un negocio privado que provoca el crecimiento del déficit habitacional, la acaparación de viviendas en pocas manos y el aumento del su precio. Es por eso que este 22 noviembre llamamos desde a darle la espalda a esos candidatos y a prepararnos para derrotar los ajustes que tanto Scioli como Macri planean a descargar sobre los trabajadores.







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