Política

OPINIÓN

Macri quiere un Ministerio Público Fiscal adicto

Avanza la iniciativa de Macri de reformar el Ministerio Público Fiscal en pos de aumentar la incidencia del Poder Ejecutivo. Los cambios claves y las críticas.

Jueves 9 de noviembre | 13:18

En el día de ayer se comenzó en tratar en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), impulsado por el gobierno Nacional, con el apoyo de un sector del peronismo, liderado por Miguel Ángel Pichetto. El plan de reforma, que será debatido en Senadores el 15 de noviembre, lleva la firma del senador de Cambiemos Federico Pinedo, del radical Ángel Rozas y de los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Según denunciaron senadores del Frente Para la Victoria (FPV) a Página 12, el oficialismo pudo habilitar el tratamiento en Comisión mediante una maniobra que consistió en un acuerdo con la mayoría del peronismo, ya que Picheto “cambio la integración de la Comisión que debatirá el tema (Urtubey, Iturrez y Riofrío) por otros tres senadores (el mismo Picheto, Leguizamon e Irrazábal, ambos salientes por finalizar mandato), garantizándose así el quórum y la firma del dictamen en contra de la voluntad mayoritaria del bloque”.

El MPF es un eje fundamental del Poder Judicial. Está comandado por el Procurador General (PG), cargo al que renunció Alejandra Gils Carbó, y concentra el accionar de jueces, fiscales, defensores oficiales, empleados y resto de los funcionarios de esas dependencias. El propósito del presidente Mauricio Macri es claro: intervenir más directamente en el Ministerio Fiscal y controlar los tribunales de Comodoro Py a su antojo y en función de sus planes de gobierno pro patronales y de ajuste a los trabajadores. Veamos cuáles son las modificaciones más propuestas importantes.

Los puntos claves

1 - Cambios en la designación y remoción del nuevo PG:

  •  Ya no serían necesario los votos de dos tercios de la Cámara de Diputados y de dos tercios de la de Senadores ni para la designación, ni para la remoción del PG.
  •  Se podría promover la remoción del PG sin la necesidad de juicio político. El Poder Ejecutivo podría acusar de oficio al Procurador y así promover su remoción. Y se reducen las mayorías exigidas en ambas Cámaras para formular una acusación y remoción.
  •  El PG sería suspendido automáticamente, a partir de la acusación por parte del Poder Ejecutivo o de la Cámara de Diputados. Y la duración de su mandato se acortaría a 5 años.

    2 - Eliminación de Procuradurías y Direcciones Nacionales que tienen a su cargo investigaciones específicas, como las de lesa humanidad y violencia de género:

  •  Serían eliminadas Procuradurías como las de las de lesa humanidad, delitos económicos, narcocriminalidad, violencia institucional, trata de personas o secuestros extorsivos, y su vez las unidades especiales, como la de violencia contra las mujeres. Y también Direcciones Nacionales como la de recupero de activos, acceso a la justicia, políticas de género, acompañamiento a las víctimas, investigación patrimonial y análisis criminal. Este cierre de unidades trae aparejado, además, la inestabilidad laboral de los trabajadores y fiscales de esas áreas.

    3 – Intromisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Poder Legislativo

  •  Dicho Ministerio podría reglamentar la forma en la que se conformará el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales.
  •  A su vez, la Comisión Bicameral podría evaluar, requerir información, hacer recomendaciones y pedir audiencias a todos los miembros MPF. Sería causal de remoción la negativa o el incumplimiento de algunas de estas cuestiones.

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    Voces críticas

    Una vez conocido el proyecto una andanada de críticas se conoció, entre ellas las de varias organizaciones de derechos humanos y especialistas en el tema. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos afirmó estar preocupada por “las consecuencias que su aprobación pudiera generar en detrimento de la autonomía e independencia del Ministerio Público argentino”. Un documento firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano, expresó, en relación a la figura del Procurador, que “al disminuir la mayoría necesaria para su designación, el proyecto ya no requiere de la construcción de acuerdos amplios que garanticen la legitimidad de quien eventualmente ocupe el cargo y que será el encargado, entre otras funciones, de diseñar la política criminal y garantizar el acceso a la justicia en el ámbito federal y nacional”. También se mostró crítica la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) que emitió un comunicado en el que indica que “el proyecto de reforma de la Ley Orgánica pretende establecer un método endeble de elección y remoción del Procurador General de la Nación”.

    Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) hizo oír su voz y alertó que dicho el proyecto afecta la estabilidad laboral de empleados y funcionarios del MPF.

    La posición de la Izquierda

    El envalentonamiento del oficialismo luego del resultado electoral favorable logrado en las elecciones legislativas del mes pasado es notorio. El reaccionario paquete de reformas lanzado la semana pasada incluye al ámbito judicial con el objetivo de aumentar su poder discrecional. Un Poder Judicial compuesto por una casta de funcionarios que tienen sueldos que superan los 300 mil pesos, son designados a dedo, y no dudan en cambiar de bando, según sus conveniencias políticas y económicas, y que mantienen una estrecha relación con los gobiernos de turnos.

    Como señaló Myriam Bregman cuando se conoció el proyecto en 2016, “Cambiemos llegó al Gobierno hablando contra la intromisión del poder político en la Justicia y cuestionando el enrolamiento político de jueces y fiscales, pero esta reforma va claramente en el sentido opuesto a lo dicho en la campaña electoral”.

    Una clara muestra es Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, quien fue designado por Néstor Kirchner en el 2004 y no dudo ni un segundo en formar parte de las burdas maniobras que ahora implementa Cambiemos. O Eduardo Freiler quien, hasta su desplazamiento, era titular de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y había beneficiado como juez tanto a Cristina Kirchner, en causas como Hotesur, como al propio Macri en la causa de escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno porteño.

    Generar mecanismos de sumisión para poder aumentar el control sobre el Poder Judicial fue un modus operandi característico también de los gobiernos anteriores, como el kirchnerismo. Ninguno de los partidos tradicionales quiere realmente un Poder Judicial independiente. Solo la Izquierda plantea la elección directa, por voto universal, de jueces y fiscales, la revocabilidad de sus mandatos y la implementación de juicios por jurados. Pasos necesarios para avanzar en una verdadera democratización de la justicia y terminar con los privilegios y los fallos por conveniencia.








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