Política

REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL

Macri, el FpV y las patronales: 25 represiones en siete meses

El número surge de un informe elaborado por la CTA (A). Justicia, empresarios y burocracia sindical, unidos contra los reclamos obreros.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Lorena Billone

Delegada FOETRA Agrupación Violeta | @LorenaBillone

Martes 5 de julio de 2016 | Edición del día

Fotografía: DyN

El ataque que sufrieron los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América en la madrugada de este lunes volvió a poner en escena la ofensiva patronal contra sectores de trabajadores en lucha. Ofensiva que se produce en el marco del ajuste del gobierno nacional y los gobernadores de todos los signos políticos.

El uso de patotas –como la que encabezó hace algunas horas el empresario Martínez Rojas- es uno más de los métodos con que patronales y gobiernos atacan a los sectores que resisten despidos, suspensiones y la baja del salario ante la continua inflación.

En estos días se conoció un informe emitido por la CTA Autónoma que pone en números esos ataques contra los trabajadores.

Publicado por el Observatorio del Derecho Social de esa central da cuenta de las múltiples formas con que se intenta reprimir la protesta de los trabajadores.
Futuro con anticipo

Este tipo de ataques no son una novedad del macrismo. Por el contrario, el kirchnerismo, a pesar de su discurso de no reprimir la protesta social, lo llevó a cabo.

El uso de patotas y grupos de choque tuvo su expresión más ampliamente conocida en el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por parte de la patota organizada por la burocracia de la Unión Ferroviaria.

Las represiones también fueron parte del panorama político en el anterior gobierno. La lucha de los trabajadores de Lear, reprimidos 19 veces en la Panamericana por la Gendarmería y la Bonaerense comandadas por Sergio Berni, da cuenta de ese accionar.

La criminalización de la protesta social también alcanzó un grado no menor en el kirchnerismo. La cifra de más de 4000 procesados por luchar es un dato inobjetable, que se mantuvo casi permanente en el período.

Cárcel, patotas y causas judiciales

El informe de la CTA da cuenta de 35 detenciones en el marco de acciones gremiales. De ellas 9 fueron a dirigentes y 26 a activistas sindicales. Se señalan además 24 represiones y ataques a diversas protestas sindicales ocurridas en 9 provincias. De esa totalidad, tres fueron llevadas adelante por grupos anónimos, es decir por patotas organizadas por los empresarios o avalados por los gobiernos.
El ataque a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América constituiría el cuarto de estos ataques y eleva a 25 el número de ataques represivos.

En el uso de patotas, un claro ejemplo es la pelea de los trabajadores de Menoyo, conocida fábrica de aderezos, vinagres y especias, que entre febrero y marzo despidió a 21 trabajadores. Allí los despidos eran una clara acción persecutoria contra quienes reclamaban mejora en sus condiciones laborales.

En este conflicto la patronal incumplió sistemáticamente las conciliaciones obligatorias y, en uno de los ataques contra los trabajadores, apeló al uso de una patota que llegó incluso a agredir con una picana eléctrica y amenazar de muerte a los trabajadores que resistían.

Leyendo la situación política

Los poderes del Estado no son ajenos a los cambios que necesita el ajuste para poder seguir adelante. Ahí juega un rol central el llamado Partido Judicial. En este caso, desde el kirchnerismo se denuncia la persecución a sus dirigentes pero poco se dice de este tipo de ataques contra sectores de trabajadores en lucha.

El informe del Observatorio del Derecho Social registra, como parte del mismo, dos ataques al derecho de huelga realizados por los gobiernos provinciales. Aquí no hay diferencia en cuanto al signo político.

El primero ocurrió en la provincia de Buenos Aires, impulsado por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, de Cambiemos. El segundo fue en Tierra del Fuego, distrito gobernado por el FpV, donde también se vio una fuerte represión en las últimas semanas.

Este fue un caso paradigmático en relación a la protesta social. Allí se dio en el marco de una protesta de trabajadoras y trabajadores estatales, docentes, municipales y de otros sectores, con paros, movilizaciones, acampe y cortes de ruta, en rechazo a un paquete de leyes de ajuste que impulsó la gobernadora Rosana Bertone del FpV.

Allí, a fines de abril, el Ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, dictó la resolución 823/16, que aprobó el “Programa de Recupero del Derecho del Alumno a Aprender” mediante el cual se permitió realizar una convocatoria a docentes sustitutos, para cubrir los cargos de los docentes que se encontraban en huelga.

Un intento verdaderamente reaccionario de quebrar la huelga. Lo destacable fue que muchos docentes, según informó el Sutef (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina), se negaron a tomar esos cargos.

A fines del mes de mayo, la policía desalojó violentamente el acampe que realizaban los trabajadores, incendiando las carpas y golpeando a los manifestantes. Todo ocurrió durante la madrugada, mientras la Policía Científica filmaba para recabar material para futuras causas penales contra los trabajadores.
Justicia patronal (más patronal que nunca).

Otro signo en la actuación de los aparatos del poder político estatal es el reciente fallo por la causa Orellano, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se limita fuertemente el derecho de los trabajadores de base a la huelga, dejando esa potestad solo en manos de las conducciones sindicales.

Esa tendencia amenaza con desarrollarse aún más con la nueva composición de la Corte. Hace dos semanas el Frente para la Victoria permitía aprobar en el Senado de la Nación los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Carlos Rosenkrantz, los candidatos de Macri para ampliar el máximo tribunal. Eso ocurrió a pesar de las múltiples objeciones que habían partido, precisamente, de sectores progresistas ligados al kirchnerismo como el CELS.

Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA-A le dijo a La Izquierda Diario que “las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no van a cambiar nada. Ambos son asesores de empresarios, hombres del establishment. No creo que en materia de derecho social haya grandes progresos. La etapa de los fallos sociales (“ATE”, “Madorrán”, “Aquino”, “Viazzoti” y tantos otros) ha terminado; estamos en el comienzo de una etapa restrictiva de derechos y por ende la Corte se adecuará a los tiempos del ciclo que comienza a desarrollarse”.

El abogado laboralista agrega que “el fallo “Orellano” es un fallo a medida de ese cambio. Restringir la titularidad del derecho de huelga no es una adecuación doctrinaria, sino que es la puerta de entrada para avanzar sobre otros derechos”.

Ajuste y represión de la mano

Resulta evidente que el ajuste que impulsa el gobierno nacional, los gobernadores y las patronales no puede avanzar sin una cuota creciente de represión hacia los sectores obreros y populares que lo resisten.

Es precisamente eso lo que se está viendo. El uso de patotas y la criminalización de la protesta social no resultan casuales.

Informe Prócticas Antisindicales Semestre 1 2016 by La Izquierda Diario







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