Política

ROSARIO

Luego de una huelga de hambre otorgan derechos a detenidos

Fue en 11 pabellones de la Alcaidía de Jefatura en respuesta a las condiciones inhumanas en la que se encuentran , consiguieron visitas familiares los días de las fiestas.

Laura Bogado

CeProDH | Rosario

Julia López

Estudiante de Derecho | CeProDH

Viernes 16 de diciembre de 2016 | 18:47

El día martes en la ciudad de Rosario los casi 500 presos de los 11 pabellones de la Unidad N° 6 (alcaidía ubicada en Francia al 5200) anunciaban mediante un comunicado el inicio de una huelga de hambre y cese de participación en los talleres como medida de fuerza ante las condiciones inhumanas de encierro. Lo que disparó el conflicto fue la negativa de que los internos puedan recibir visitas durante los días 24 y 25 durante las fiestas. “Nos cansamos de vivir condiciones inhumanas, con cortes de agua durante días y desde hace años” denunciaban a la vez que destacaban las dificultades que atraviesa el Equipo de Acompañamiento para la Reinserción Social o Grupo Criminológico: los detenidos reclamaban “una solución para seguir con nuestras vidas y la esperanza de salir y reinsertarnos en la sociedad”. “Pero si la gente que nos tiene que ayudar hace lo contrario se ven las consecuencias”, culminaban.

Por su parte, las autoridades de la unidad respondieron con más amedrentamientos a los internos: “la única respuesta fue amenazas del alcaide Farina de bajar conducta y sacarnos los trabajos que tenemos dentro del penal”. Luego de dos días de protesta, los internos lograron tener las visitas los días 24 y 25 de diciembre, que volviera el servicio de agua dentro del penal y fueron removidos de su puesto los alcaides del establecimiento.

Los presos recibieron el apoyo de diversas organizaciones como la Coordinadora de Trabajo Carcelario y la Multisectorial Contra la Violencia Institucional de Rosario. Este espacio, que acompaña los casos de gatillo fácil y está compuesta por familiares víctimas de la represión estatal, organizaciones sociales y de Derechos Humanos como Causa y el CeProDH, denunciaron en un comunicado que: “el Estado es el responsable directo ante el hacinamiento carcelario, la falta de agua y de luz, los castigos individuales y colectivos, la cohesión que se ejerce para incomunicar y desvincular con el afuera –familiares, amigos, organizaciones sociales-, para archivar y dejar en suspenso las condenas y los permisos, la ausencia de los trabajadores que, desde el estado, debe garantizarse para la reinserción.”

La barbarie de los lugares de encierro

La denuncia realizada por los internos del penal N°6 son una realidad que recorre todas las cárceles del país: hostigamiento cotidiano por parte de los miembros del Servicio penitenciario y policías. La tortura es un cotidiano: vejaciones físicas y psíquicas, condiciones habitacionales paupérrimas, falta de agua potable. En junio de éste año la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) hizo público un informe dónde denunciaba no sólo las condiciones de encierro, las muertes y las torturas, sino también que la mayoría de los reclusos son jóvenes de sectores populares menores de 35 años y que no tienen sentencia firme: una muestra de cómo en realidad las cárceles y calabozos son verdaderos ghettos para los jóvenes pobres que son tratados y configurados como los grandes enemigos de la sociedad.

Pero a las ya inhumanas condiciones en las que viven los internos, se le suman los rancios intentos de seguir empeorando sus condiciones. Un día antes de que comience la huelga de los presos locales, en elPenal de Devoto también comenzaban la medidas de fuerza que luego se hizo extensiva en distintas cárceles ante la reaccionaria reforma de la ley 24660 impulsada por el massismo y el radicalismo que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con los votos del macrismo y el Frente Para la Victoria. Entre las modificaciones se restringe la posibilidad de los internos de acceder a beneficios como salidas transitorias y libertad condicional.

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Menos derechos, más represión

Las condiciones de detención y los intentos de recrudecerlas con leyes penales más duras son parte de la política de fortalecimiento represivo que une al conjunto del arco político en un contexto de ajuste para prepararse ante escenarios de mayor conflictividad social.

Jujuy es uno de los epicentros de ésta política derechista: en la norteña provincia existe un régimen policíaco dónde la situación de violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Morales es completamente escandalosa. Allí se encuentra presa por motivos políticos Milagros Sala y hace unas semanas Nelson Cardozo, sobrino de un dirigente de la Tupac Amarú, fue asesinado a golpes en el penal N°1 de la capital jujeña.

Santa Fe no es la excepción. Los más jóvenes en nuestra ciudad siguen siendo encerrados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario(IRAR), donde las condiciones inhumanas y las violaciones a los derechos humanos son permanentes y son denunciadas desde hace años. La exigencia de parte de numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos por el cierre del IRAR es completamente ignorada: a días de su asunción el Gobernador Miguel Lifschitz hizo demagogia anunciando “ambiciosos” planes de obra para modernizar el Instituto pero la realidad es que las condiciones siguen empeorando mientras la justicia hace oídos sordos ante las denuncias de torturas de los internos.

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A su vez la violencia policial es moneda corriente: en la última semana efectivos de la comisaría 2da de Rosario fueron denunciados por apremios ilegales, deteniendo ilegalmente a 3 jóvenes donde uno de ellos fue brutalmente golpeado y llevado al río donde simularon su fusilamiento en un año dónde la provincia quedó primera en el ranking de gatillo fácil del país. Fue un caso testigo de como las comisarías son lugares de encierro donde permanecen en pésimas condiciones de alojamiento que violan los parámetros básicos de Derechos Humanos.




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