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EDITORIAL IDEAS DESDE LA UNIVERSIDAD #10

Los muertos los pone el pueblo: violencia policial en la pandemia

En la audiencia realizada el 17 de julio por iniciativa de las bancas de Alejandrina Barry, Nicolás del Caño, Claudio Dellecarbonara y Myriam Bregman con las familias víctimas de gatillo fácil, y junto a organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas del Frente de Izquierda-Unidad, se puso al descubierto lo que ningún medio quiere mostrar: el aumento de los casos de abuso policial; muchos de los cuales terminan en desapariciones forzosas y asesinatos por gatillo fácil. Los testimonios, desgarradores, muestran que en casi todos los casos el encubrimiento policial se busca reforzar a través del discurso de que las víctimas estaban robando.

Miércoles 22 de julio | 01:31

@mataciccolella

Con la excusa de que iban a “patrullar” contra el “enemigo invisible” del virus y por el bien de Argentina, Alberto Fernández y la oposición encabezada por Rodríguez Larreta quisieron otorgarle un nuevo rol a las policías provinciales y nacionales, buscando construir un discurso de reconciliación nacional. Esto se vio desarrollado en un lamentable artículo que sacaron Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso en Página 12, planteando que la policía podría jugar un rol social de cuidado de la población, en vez de estar implicado en casos de violencia institucional. No tardaron mucho en desvanecerse esas esperanzas: solo dos días después estallaron las redes con videos del abuso policial. Torturas, humillaciones, detenciones arbitrarias, y los primeros casos de gatillo fácil fueron apareciendo en los relatos. A esto se le sumó una dura política de control social con la militarización de los barrios populares, como Villa Azul, por el ejército comandado por Sergio Berni.

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Si tiene gorrita es culpable

A Luis Espinoza le pegaron un tiro y lo desaparecieron en Tucumán. El cuerpo apareció unos días después. Era recolector de la fruta en la provincia y tenía 6 hijos.Ariel Valerian era mecánico en Jujuy. Yendo a Alto Comedero, una patrulla apareció de la nada, lo bajaron y “lo molieron a golpes”, como dice la hermana “sufrió en el hospital 29 días”. Se hizo viral un video de las fuerzas provinciales en Chaco, entrando a la fuerza, violentando y golpeando a jóvenes, finalmente arrestados. ¿Su delito? Ser de la comunidad QOM. “casualmente”, los casos son siempre de los sectores populares.

El policía que mató con una bala en el pecho a Alan Maidana en Mar del Plata, declaró que la razón del disparo fue porque “usaban gorra y ropa deportiva”. Al amigo de Lucas Verón, asesinado en La Matanza por la Bonaerense, lo amenazaron. Le dijeron que tenía que decir que en vez de haber ido a comprar una coca, iba a robar. Estos casos muestran cómo se intenta disminuir la carga del homicidio aduciendo otro crimen, pero a la vez reforzar un fuerte argumento contra los pobres: “salen a robar”. Siempre es un delito el que se comete y hay un sector social que lo realiza. La pobreza se refuerza con el contenido de un discurso racial, dirigido hacia los pobres: “negros de mierda”. Reforzar este argumento entre ser pobre y salir a robar es fundamental para el discurso policial estatal. Primero porque se busca dividir socialmente al conjunto de los explotados: “los pobres roban el fruto del trabajo” de los que no lo son. Y segundo, porque el cuidado de la sociedad ante este sector “que delinque” es el argumento ideológico que le da sustento al rol policial en el sistema capitalista.

De hecho, lejos estuvo cualquier fuerza policial de arrestar al dueño de Vicentín, Gustavo Nardelli que se paseaba en su yate rompiendo la cuarentena. ¿Será que tiene demasiada plata para ser arrestado? O Macri, yéndose a Paraguay, como lo hicieron varios famosos, sin siquiera dar explicación.

Silencio cómplice

Este abuso policial continúa perpetuándose con la complicidad de aliados poderosos: la justicia y los medios de comunicación. La hermana de Luis Espinoza cuenta que la justicia no dejó, por dos semanas, que se viera el expediente del asesinato. El fiscal encargado en la causa por el asesinato de un joven marplatense, Brandon Romero, solo atendió a un familiar luego de una importante marcha a Tribunales. Y dice que, para tomar la declaración del testigo del asesinato, deberá imputarlo por robo.
Hay otro cómplice silencioso en esta trama macabra: los medios de comunicación. La gran mayoría, hace silencio. Los casos que trascienden en general son por la organización de amigos y familiares de las víctimas. La Izquierda Diario Multimedia jugó un rol importante en difundir el caso de Facundo Castro.
O a veces, cuando se difunde, es para uso político, como ahora hace cínicamente Patricia Bullrich con el caso de Facundo Castro. Hace ya unos días fue TT el graph de C5N que comentaba “Murió asfixiado mientras era detenido por la policía”, otro asesinado por gatillo fácil donde Ceferino Nadal era asfixiado por la rodilla de un policía, caso sorprendentemente parecido al de George Floyd en Estados Unidos.

Pero todos los familiares coinciden en lo mismo: la política de aval estatal y de complicidad con las fuerzas represivas. Puede estar defendida abiertamente por el discurso estatal, como durante el macrismo, con la doctrina Chocobar o con el caso de Santiago Maldonado, donde se felicitaba a la Gendarmería por haber protegido las tierras del famoso empresario Benetton contra los mapuches. O mediante una “complicidad” un poco más silenciosa, poniendo trabas como están haciendo con el caso de Facundo Castro, donde Sergio Berni, el responsable político directo de encontrarlo, defiende a la Bonaerense en los medios y pone trabas en la causa, o defiende la justicia por mano propia. En muchos casos, el mensaje estatal es el más doloroso: se deja libres a los policías, se los reintegra a su cargo o se los transfiere a otra comisaría, como en el caso de los jóvenes QOM. Pero de una forma u otra, el Estado nunca actúa contra las fuerzas represivas en su totalidad: desde el regreso a la democracia en 1983, no ha habido un solo gobierno que haya, por ejemplo, eliminado a todo el personal partícipe de la última dictadura cívico militar.

Cabe preguntarse entonces, ¿Por qué el Estado lleva adelante una práctica que es sistemática de violencia policial contra los sectores populares? ¿Por qué más allá de cualquier cambio que se realice en las fuerzas policiales se siguen perpetuando los casos de gatillo fácil, gobierne quien gobierne?

En momentos de mayor crisis social como la actual, la policía cobra mucho más peso en las políticas de represión y control social a la población, lo que implica un envalentonamiento de su accionar cotidiano. De los casos en la pandemia, podemos nombrar el ciberpatrullaje de la ministra Frederic y la militarización de las villas y otros barrios populares a cargo de Sergio Berni y Kicillof, que implicó el encierro represivo a los vecinos, que venían exigiendo testeos, agua potable y kits de higiene. Algo difícil de imaginar en los countries privados.

Por más que todo el tiempo las fuerzas políticas burguesas busquen sostener que la existencia del Estado es proteger a todxs los ciudadanos, y que para ello es necesario poseer el monopolio de la violencia física, las fuerzas de seguridad terminan estando a disposición de los intereses de los empresarios y de las políticas que promueven los funcionarios políticos en su beneficio. Hemos visto incontables veces cómo se utiliza a la policía para defender a los empresarios frente a conflictos obreros, para imponer reformas regresivas al pueblo trabajador como la reforma previsional en 2017 o para mitigar “a los tiros” el malestar social por el aumento de la pobreza y el desempleo. En momentos de crisis aguda, como en 2001, miles de empresas cerraban sus puertas. Cuando los trabajadores se organizaban para tomar la fábrica y ponerla a producir, el Estado mostraba su verdadera faceta como principal garante de proteger la propiedad privada de los dueños de esas fábricas. Y por ello es tan importante el rol conferido a la policía como monopolio de la violencia física, para desalojar a los obreros.

Postales que preocupan

Los discursos que intentan separar a los policías asesinos de la institución proliferan en boca de funcionarios, comoJosé Manzur. Cuando las pruebas son más que evidentes y se encuentran acorralados, esta estrategia es la primera carta para no ensuciar al conjunto de las fuerzas represivas.

Y es que hay postales que preocupan, que son una muestra de lo que se avecina cuando acabe la cuarentena: el malestar social ya se expresa en conflictividad obrera y popular. Hasta el momento, la respuesta más contundente ha sido la represión policial: a los trabajadores de las apps y a trabajadores de la UTA en Córdoba, a los municipales en Mendoza y a los trabajadores del frigorífico Penta. ¿Será un augurio en pequeño de lo que pasará por el aumento del desempleo y la pobreza mientras se paga la -odiosa- deuda externa?

Porque más temprano que tarde, el pueblo trabajador cuestionará quién paga los costos de esta pandemia. El poder otorgado a las fuerzas policiales en la cuarentena no es un error o un exceso: es un intento de reforzar un discurso de reconciliación que encubra el rol terrible que tuvieron, tienen y tendrán las fuerzas represivas contra los sectores populares. Cuando estalle la bronca popular y quieran hacer pagar al pueblo trabajador con hambre y desocupación, la policía (y el Estado) defenderán -como lo hacen en todo el mundo- a los empresarios.

Pero los explotados vienen enfrentando la violencia policial. En Estados Unidos se vienen llevando adelante grandes movilizaciones cuestionando a las fuerzas de seguridad. Y esto se expande en Francia, Inglaterra y Brasil. Tenemos que tomar en nuestras manos las enseñanzas del proceso que vienen llevando a cabo los jóvenes y trabajadores.

En Argentina, los familiares de Facundo Castro están llevando a cabo una enorme campaña por su aparición con vida que fue replicada por la Izquierda Diario Multimedio y levantada por organizaciones políticas y de derechos humanos. A propuesta de la Juventud del PTS, los centros de estudiantes de muchas facultades del país se han pronunciado por su aparición, como también en otros colegios secundarios. El día lunes 21/07 se llevó a cabo el segundo tuitazo que busca imponer en la agenda nacional que Facundo debe aparecer con vida. Se convierte en un caso testigo contra esa maldita policía que quiere imponernos miedo a fuerza de represión. Necesitamos amplificar nuestra voz, reuniendo a todos los sectores que quieren pelear de manera independiente del gobierno nacional, para acabar con el gatillo fácil y que se haga justicia contra los asesinos. Es por ello que en las próximas semanas se estarán realizando convocatorias comunes de asambleasen distintas partes del país para organizar a todo aquel que quiera pelear por esta causa.

Argentina tiene una gran tradición de lucha en materia de Derechos Humanos desde la última dictadura militar, que se expresó en la enorme pelea contra las desapariciones en democracia en manos de la policía, como fueron el caso de Luciano Arruga, Jorge Julio López y Santiago Maldonado, como también contra las amenazas a personalidades que fueron parte de esta tradición, como las recientes amenazas a Hebe de Bonafini.

Para colaborar en la reflexión, reponemos en este dossier algunos hitos de la historia del racismo y su ligazón con la violencia policial, siguiendo los acontecimientos de Estados Unidos y Brasil, reflexionando sobre la conformación del discurso racial y la violencia policial en Argentina.







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