Política

HACIA EL 24 DE MARZO

Los juicios a los genocidas, civiles y militares, empiezan a declinar

Después de más de una década de iniciados los juicios contra los genocidas, las causas contra éstos se van desvaneciendo. Muy pocos fueron juzgados en relación a la cantidad de imputados y de víctimas. Sobre los empresarios y civiles sigue primando la impunidad.

Lunes 23 de marzo de 2015 | 12:59

En 2003, a poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia, se votaba en el Congreso Nacional la anulación de las leyes de impunidad. Años de lucha por “Juicio y Castigo” “Cárcel a todo los genocidas” vieron así la posibilidad de reabrir los juicios a los genocidas de la dictadura.

Sobre esto temas La Izquierda Diario dialogó con sobrevivientes y familiares de la dictadura, que son referentes de organismos de derechos humanos que marcharán este 24 de marzo con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Cantidad de juzgados

María Victoria Moyano Artigas, hija de desparecidos, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) repasó estos diez años de juicios “desde que se derogaron las leyes de impunidad hasta diciembre de 2014 hubo tan solo 131 juicios. Durante estos juicios se dictaron 663 condenas sobre 538 represores. Una cifra mínima si se toma en cuenta que hay identificados más de 500 centros clandestinos. Además, setenta fueron absueltos y sólo 21 represores tienen condenas con sentencias firmes. Por eso nuestra exigencia, algo elemental que se puede implementar, es que se unifiquen las causas por Centro Clandestino de Detención (CCD) o por circuito represivo. Esto lo venimos reclamando desde que se iniciaron los juicios con muchísimos sobrevivientes y familiares. Es una manera elemental de evitar que las víctimas tengan que declarar una y otra vez y de que los represores declaren por todos los compañeros desaparecidos. Lo que ocurre en la causa ESMA es un ejemplo de esto. Se han realizados varios juicios por distintas imputaciones donde las víctimas tienen que declarar una y otra vez, mientras que la mayoría de los represores que actuaron en ese centro siguen impunes, nunca fueron a declarar.”

Al respecto Enrique “Cachito” Fukman, ex detenido desaparecido de la ESMA e integrante de la Asociación de ex detenidos desaparecidos, sostuvo “son muy pocos los juicios que en la actualidad se están llevando adelante, pero la gran mayoría de las causas están paradas, mientras que otros directamente fueron desafectados por la justicia. Ejemplo de esto es que no ha comenzado la mega causa en Tucumán que debería juzgar la represión en el norte de nuestro país. Donde están señalados los jefes de los operativos de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero. En esta mega causa hay más de 40 represores señalados. Por otro lado nos encontramos que las causas contra Milani están paralizadas: el juez de la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán se niega a citarlo a indagatoria; en Córdoba, se cerró la causa por secuestro y tortura a los Olivera en La Rioja. En esta semana varios de los responsables empresarios que colaboraron con la dictadura en la desaparición y torturar quedaron impune.”

Mientras que Alejandrina Barry, hija de desparecidos y miembro del CeProDH fustigó contra las últimas declaraciones de la Presidenta: “no es cierto que hay 900 condenas por crímenes de lesa humanidad. Y agregó que “incluso las condenas que se lograron fueron producto de décadas de lucha de familiares y víctimas de la represión así como de los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda que peleó contra la política de los gobiernos pos dictadura, que intentaron garantizar la impunidad de los represores y reconciliar a la sociedad con las Fuerzas Armadas. Los mismos juicios que se llevan adelante, fragmentados, parciales, fueron en base a las únicas pruebas que aportaron sobrevivientes y familiares.

No hubo en ningún caso investigación de la justicia, tampoco el Estado aportó pruebas. A todos los gobiernos les exigimos que abran los archivos de la dictadura, junto con los de la SIDE, con los cuales podríamos estar en mejores condiciones para encontrar los hijos apropiados y conocer, entre otras cosas, la lista de los represores que actuaron en los centros de detención.”

Unificar las causas, abrir los archivos y no cesar en la movilización

Victoria Moyano agregó que “para comprender la magnitud de lo que aquí denunciamos, que sólo una ínfima minoría de represores fue juzgada, es necesario comparar cuanto de éstos actuaron durante la dictadura, en los más de 500 centros clandestinos, donde pasaron más de 30.000 detenidos-desaparecidos. Hasta ahora no se conoce con certeza qué cantidad de centros clandestinos hubo, cuántas fueron las victimas y genocidas que estuvieron en cada uno de estos centros de tortura y exterminio y mucho menos se conoce sus nombres. Esto tiene una sola explicación: impunidad.

Todos los gobiernos constitucionales mantuvieron cerrados los archivos secretos de la dictadura. Por eso la pelea por Verdad y Justicia la mantuvimos, también, durante la década K. Las cifras estimativas con las que contamos fueron aportadas durante estos casi 40 años por familiares, victimas y organismos de derechos humanos que hicieron la labor de reconstruir, a través de los testimonios e investigación, los datos denegados por los distintos gobiernos de la UCR, Alianza y PJ”. En el mismo sentido lo expresa Cachito Fukman “es muy difícil saber cuántos centros clandestinos hubo, porque muchas comisarías funcionaban como tal. Incluso, el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, en su momento sostuvo que si hubiera que juzgar a todos los implicados de la dictadura tendrían que ir presos más de 200.000. Y tenía razón, porque si tomás en cuanta que todas las fuerzas estuvieron implicadas, hasta la Policía Federal y las provinciales, te da esa cifra”.

Asimismo Barry se refirió a los actuales obstáculos que se enfrentan para conseguir cárcel para los represores “la corporación judicial se siente fortalecida luego de la movilización del 18F, y en la últimas dos semanas ha dictado fallos que le otorgan impunidad a empresarios emblemáticos, en donde existen pruebas contundentes de su participación directa en el genocidio: Blaquier y Lemos de por la noche del Apagón en el Ingenio Ledesma de Jujuy, Vicente Massot por la desaparición de dos trabajadores de su diario la Nueva Provincia, Ernestina Herrera de Noble, Hector Magnetto por la apropiación de Papel Prensa y el último fallo dictó falta de mérito para Agustín Botinelli miembro del staff de editorial Atlántida a quién le inicié una causa por partícipe directo en delitos de lesa humanidad”.

Fukman sostiene con indignación que “el gobierno está tratando de poner un nuevo punto final, donde cada vez son menos las causas contra los militares. Mientra mantiene en función a la alta oficialidad”.

Con respecto a qué posibilidades ven de encontrar una nueva salida a la impunidad, Fukman no vaciló en afirmar “creemos que la respuesta de nuestro pueblo tienen que ser la movilización para que las causas sean abiertas en cada lugar del país. Volver a recorrer ese camino de lucha intensa que sostuvimos contra el alfonsinismo y el menemismo para derogar las leyes de la impunidad. Tenemos que ampliar ese camino para que no haya un solo represor libre. Y pedir juicio y castigo para Milani, y todos los responsables de la represión actual. Así como los empresarios colaboradores con la dictadura.”

También Barry narró los años de lucha de los organismos que no han bajado las banderas, “incluso bajo los gobiernos k hemos seguido movilizados, denunciando el doble discurso gubernamental en materia de derechos humanos. La Presidenta es la fiel representante de la clase social que dio el golpe y en uno de sus últimos discursos, en video conferencia con Milani, hizo alusión a la reconciliación con las fuerzas armadas y llamó a romper con los “prejuicios”.

Alejandrina Barry finalizó: Es importante que los trabajadores y la juventud y los sectores populares marchen este 24 de marzo y tomen esta bandera de lucha, porque se trata de una pelea del presente y del futuro. Condenar a esta clase social que junto a los militares dispusieron el golpe para garantizar los intereses de los grandes empresarios, para esto no dudaron en aniquilar una generación de trabajadores y jóvenes que luchaban por cambiar este sistema”

Victoria Moyano concluyó diciendo que “la movilización y la lucha fue y es nuestra arma contra la impunidad. Vamos a continuar peleando, no sólo para llevar a los militares a la cárcel, sino también a todos los funcionarios judiciales y civiles, sacerdotes, empresarios, médicos y periodistas que están imputados en varios casos, y vamos a hacerlo siempre de manera independiente de este gobierno, del que venga y de la oposición reaccionaria.”

Alejandrina Barry, Cachito Fukman y Victoria Moyano convocan a marchar este 24 de marzo junto al Encuentro, Memoria Verdad y Justicia. La marcha sale 15.30hs de Plaza Congreso a Plaza de Mayo







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